OPINIÓN · 17 DICIEMBRE, 2019 05:45

No olvidemos a Jesús Medina

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Andrés Cañizalez | @infocracia

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“El acceso a la información y el acceso a la justicia sencillamente no funcionan en Venezuela”

De forma reciente, este mes de diciembre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha divulgado su lista de 250 periodistas encarcelados alrededor del mundo, en la actualidad. Algo nos debería decir que en la lista figure un venezolano. Se trata del fotógrafo independiente Jesús Medina.

El CPJ ha relanzado en este 2019 su base de datos que comenzó a alimentar en 1992 y que le dio sentido al trabajo de esta ONG, la cual fue fundada en Estados Unidos, con apoyo de los medios de comunicación independientes, como una manera de denunciar precisamente el encarcelamiento de profesionales de la información en diversos contextos del mundo.

China, Turquía, Arabia Saudita y Egipto son los países con las mayores cifras de periodistas encarcelados. En América Latina son tres los casos: Roberto Quiñones en Cuba, Jesús Medina en Venezuela y David Romero en Honduras.

El 38 por ciento de los casos se concentran en dos países, precisamente grandes aliados del régimen de Nicolás Maduro: China y Turquía.

El presidente Xi Jinping afianzó más el férreo control estatal sobre la prensa en China, donde 48 periodistas se encuentran tras las rejas. Turquía, que prácticamente había eliminado todo vestigio de crítica y periodismo independiente mediante el cierre de más de 100 medios noticiosos y la imputación de delitos relacionados con el terrorismo a muchos de sus periodistas, tenía 47 periodistas encarcelados al cierre de 2019, indica el reporte global del CPJ.

En relación con el caso del fotógrafo venezolano, el CPJ recordó que el 29 de agosto de 2018, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política de Venezuela, detuvo a Medina en una estación de metro en Caracas.

En un video publicado en Twitter por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp), la periodista peruana Juana Avellaneda, que estaba con Medina en el momento de su arresto, dijo que la había estado ayudando a ella y a otro colega peruano en un proyecto periodístico en Caracas.

 

En una audiencia el 31 de agosto de 2018, un tribunal de Caracas acusó a Medina de lavado de dinero, asociación criminal, enriquecimiento ilegal contra actos de la administración pública e incitación al odio. El tribunal lo envió a la prisión militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas. Desde entonces Medina espera juicio. Ha estado en diversos momentos incomunicado y en general ha estado en condiciones de detención indignas.

No hay claridad de cuáles publicaciones de Jesús Medina serían la base de las acusaciones. Es un caso donde la falta de derecho a la defensa, junto a la ausencia del debido proceso, lo colocan ya como una clara violación a los derechos humanos.

El 10 de septiembre de 2018, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc),  dijo a periodistas que el arresto de Medina estaba relacionado con un incidente del año anterior en el que el periodista denunció que fue secuestrado. Según el Cicpc, Medina falsificó su secuestro por lo que se le señala de “simulación de un acto punible”.

Medina estuvo desaparecido durante dos días en noviembre de 2017. Denunció haber sido secuestrado por las propias autoridades.

En su tarea de documentación, el CPJ no pudo determinar cuándo se emitió la orden de arresto o por qué los cargos de la corte no incluyeron una referencia a la acusación de falso secuestro que señaló el Cicpc. Los investigadores del CPJ le pidieron información a la policía venezolana pero éstos dijeron no tener información del caso.

Según la ley venezolana, la audiencia preliminar de Medina, en la que los fiscales ofrecen justificación para los cargos formales, debería haber tenido lugar dentro de los 45 días posteriores a su arresto. La audiencia preliminar de Medina finalmente tuvo lugar el 23 de mayo de 2019. Casi 9 meses después de su detención.

De forma expedita, el juez confirmó los cargos de incitación al odio y la asociación criminal y retiró los otros cargos, y determinó que Medina debe estar en prisión hasta la conclusión de su juicio.

No hay presunción de inocencia en este caso y de forma llamativa se ratifica para un civil como lugar de reclusión una cárcel militar. Estos son otros de los elementos que ratifican claramente la violación de derechos humanos en este caso.

Pese a diversas solicitudes de su defensa, para ser evaluado por médicos debido a varios problemas de salud que presenta el fotógrafo en prisión, se han ignorado todas estas peticiones. A Medina no lo ha evaluado ningún médico.

El acceso a la información y el acceso a la justicia sencillamente no funcionan en Venezuela. Me permito transcribir textualmente un párrafo que lo dice todo, que releva la maraña en la que se ha convertido lo que seguimos llamando, tal vez por inercia, justicia en Venezuela.

“El CPJ llamó a la Vicepresidencia de Venezuela, que es la agencia supervisora ​​de Sebin, para hacer comentarios, pero nadie respondió el teléfono al número provisto en su sitio web. El CPJ no pudo encontrar otra forma de contactar a Sebin, o la prisión militar de Ramo Verde. El CPJ llamó a Cicpc al número de teléfono que figura en su cuenta de Twitter, pero el número parece estar desconectado. El sitio web oficial del Cicpc emitió un mensaje de error cuando se intentó acceder, al igual que el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia, que encabeza el poder judicial en Venezuela”.

Todo está dicho en este párrafo. Sólo me permito agregar, para ustedes que leen estas líneas y para mí mismo, no olvidemos a Jesús Medina.

 

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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores

 

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