Julio de este año está definido como la fecha término para que el Estado venezolano rinda cuentas sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Ese mandato está establecido por el Comité de los Derechos del Niño, con sede en Ginebra, cuando en octubre de 2014 emitió sus recomendaciones luego de evaluar los informes consignados por la Cancillería.

Se insta al Estado para que informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas desde el año 2000 (donde se celebró la primera evaluación) hasta las formuladas en la última 2014.

Se deberá dar cuenta sobre: capacitación de funcionarios en derechos del niño y su protección, acceso de la población a una línea telefónica de orientación y denuncia, ausencia de un plan nacional de protección con el diseño de las políticas públicas, la infraestructura y recursos para su puesta en práctica; ausencia de coordinación y rectoría en el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y carencia de un presupuesto suficiente; carencia de un sistema de información social y estadística confiable y actualizado; el aumento de muertes violentas y ejecuciones extrajudiciales, niveles de impunidad y si se ha apoyado e indemnizado a las víctimas; información sobre los niños no inscritos en el registro civil; derechos de los adolescentes detenidos por manifestar; violencia sexual sin consecuencias para los ofensores ni atención a las víctimas; carencia de una estrategias nacional para prevenir las distintas formas de violencia como castigo físico y humillante, maltrato, abuso sexual, ciberacoso…; ausencia o insuficiencia de programas de apoyo familiar para niños privados del medio familiar o institucionalizados; atención e inclusión de niños con discapacidad en la educación, salud, recreación, preparación para el empleo; red de salud prestando una atención efectiva y gratuita; atención a la malnutrición; servicios de salud mental atendiendo a la población infanto-adolescente; implementación del plan nacional de prevención y atención en el uso indebido de drogas; medicinas y antiretrovirales para el VIH-SIDA,  prevención de la transmisión vertical (de madre embarazada a neonato), fórmulas para lactantes; medidas para la educación y atención de niños refugiados o solicitantes de asilo; reforzar educación en zonas indígenas, rurales y formación de calidad a docentes; escasez de espacios de recreación, esparcimiento y deporte; protección de niños trabajadores de explotación laboral y las peores formas de trabajo; atención oportuna e integral para los niños de la calle; adolescentes en conflicto con la ley y programas socioeducativos para adolescentes privados de la libertad; protección y atención de niños víctimas de violencia y testigos de delitos; reconsiderar el retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos para garantizar la protección de los derechos humanos de la niñez en la Región.

La situación ha empeorado ostensiblemente

Hasta finales de 2019 la situación de cada uno de los ítems mencionados ha mantenido su declive. Si se compara con 2014, la educación, salud, alimentación, violencia, presupuesto, desinstitucionalización, niños trabajadores, en la calle, sin registro civil… se han deteriorado aceleradamente como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Y se deberán considerar nuevas situaciones inéditas para los informes anteriores: migración de niños a países vecinos, niños migrando sin acompañantes, sin documentos de identidad o papeles vencidos, niños dejados atrás porque sus padres migraron forzosamente a otro país o a otras ciudades dentro del país; incidencia de la falta de servicios públicos (agua, luz, gas, transporte) en el nivel de vida de los niños; derecho a la educación amenazado por falta de docentes suficientes o calificados para el cargo, transporte público para que se movilicen estudiantes y docentes, programa alimentario irregular o insuficiente; derecho a salud comprometido por la ausencia de personal médico, insumos, medicinas suficientes, de forma dramática en los casos de enfermedades crónicas; incremento de casos de atropellos o ejecuciones extrajudiciales.

El 2020 debería ser la base para la construcción de una agenda para dar respuesta a la emergencia humanitaria compleja que viven nuestros niños. El espacio de Naciones Unidas propicia la posibilidad de gestionar la cooperación internacional que se necesita en la emergencia. La presentación del informe por parte del Estado es el primer paso para el reconocimiento de la problemática existente. Desde la sociedad civil estaremos vigilantes.

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