¿Quiénes son los diez representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales?

La Asamblea Nacional (AN), con mayoría del chavismo, designó a los diez representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales. La instancia, que tendrá la tarea de seleccionar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), está conformada además por 11 diputados, para un total de 21 integrantes.
El acto pasó casi desapercibido durante la sesión ordinaria de este 19 de mayo, luego de que el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de 300 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos tres expolicías metropolitanos, detenidos por los hechos de abril de 2002. Este martes también fue el funeral y sepelio de Carmen Teresa Navas, madre del preso político muerto bajo custodia del Estado Victor Quero.
Del grupo de la sociedad civil, escogidos de una lista de 65 elegibles, el presidente del Comité, el diputado Giuseppe Alessandrello (Psuv), resaltó que la mayoría son mujeres (6 de 10) y que se procuró pluralidad. Igualmente aseguró que entre los 11 diputados de la comisión preliminar que los escogió, hubo consenso.
Los dos postulados por el Foro Cívico, Carlos Alberto Molina Graterol y José Rafael Peña, que habían quedado en la lista de elegibles, no pasaron el filtro final de la mayoría del chavismo en la comisión preliminar, por lo que quedaron fuera del proceso para renovar el TSJ. Sí quedaron dos postulados por Consejos Comunales en Caracas y el Zulia, funcionarios activos, exfuncionarios, un abogado ligado a Fuerza Vecinal y una militar retirada.
¿Quiénes son los diez representantes de la sociedad civil?
Seis mujeres
Ana Maria Alves Silva. De acuerdo con la síntesis curricular leída por Alessandrello, es economista, graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con 30 años de ejercicio profesional y profesora universitaria. Ha prestado servicios tanto en la administración pública como en el sector privado. Fue postulada por el Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y el Desarrollo.
En reciente entrevista con Venezolana de Televisión (VTV, 17 de mayo), la economista aseguró que el país cuenta actualmente con la capacidad técnica para avanzar en la reestructuración de la deuda externa, a propósito del anuncio del gobierno encargado.
“Nosotros no somos malos pagadores (de la deuda), es que nosotros teníamos una limitación que eran las sanciones”, sostuvo la analista en coincidencia con el discurso oficial.

Sonia Boueiri Bassil. Abogada y profesora de la Universidad de Los Andes, con 28 años de servicio. Posee maestría en Sociología, doctorado en España y en Derecho por la Universidad del País Vasco, además de un postdoctorado en Fortalecimiento Institucional en Materia de Derechos Humanos de la Universidad Simón Rodríguez. Fue postulada por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin).
En 2024, compartió la coordinación académica del diplomado superior en Pensamiento Jurídico Crítico en Nuestra América, con 12 expertos de distintos países, auspiciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Maribel Esperanza Bustamante Pérez Teniente coronel de la Fuerza Armada (Fanb) en situación de retiro, con 21 años de servicio, enfermera, abogada especialista en Derecho Administrativo, especialista en Gerencia Empresarial. Tiene un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Santa María y actualmente es profesora de idiomas (inglés y francés). Se postuló por iniciativa propia.
Gabriela María Merchán Sánchez. Fue cónsul de segunda en Ecuador entre 2019 y 2023, abogada, egresada de la UCV, con especialidad en Derecho Mercantil e Inversión Extranjera y en Educación Superior, experta en relaciones consulares y profesora universitaria. Ha prestado servicios en instituciones públicas como la Cancillería y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura e instituciones privadas.
Fue postulada por el grupo de asesoría jurídica y financiera Lexo Soluciones. Es familiar de la magistrada emérita del TSJ Carmen Zuleta de Merchán.

Isabela Andrea Pacheco Gutiérrez. Politóloga egresada de la UCV. Especialista en Gobierno y Política Pública, con maestría en Gestión para la Creación Intelectual. Actualmente, es directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), vinculada con el exministro Ricardo Sánchez. Fue postulada por la Cámara Venezolana de Emprendimiento.

Rhona del Carmen Pérez Delgado. Abogada, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, magíster en Derecho Procesal, Penal y Criminalística, magíster en Ciencias Jurídicas, con experiencia de más de 20 años. Se ha desempeñado como consultora jurídica en diferentes instituciones; fue síndica municipal y registradora principal y apoderada judicial de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, adscrita al Ministerio de Alimentación. Fue postulada por el Consejo Comunal Casco Colonial de La Vega.
Abogados, médicos y un psicólogo
Omar Halim Alsahabbi Ortiz. Comunicador social y abogado, especialista en Derecho Penal. Moderador del programa de investigación Rostros del Crimen de Televen. Se ha desempeñado como asesor jurídico de instituciones privadas. Fue postulado por el Colegio de Abogados Ser y la Fe.
“Alzahabi incursionó en el ámbito del Derecho desde muy joven, hecho que influyó en su madurez y que lo marcó profundamente. A sus cortos 16 años de edad, empezó con la carrera y, al poco tiempo, hizo pasantías en tribunales penales. Al tiempo, trabajó en un bufete de abogados, hasta que se graduó”, describe una reseña del canal televisivo al iniciar el programa en marzo de 2024.
Participó como candidato a la AN en las cuestionadas parlamentarias de 2025 por el Movimiento Ecológico, Fuerza Vecinal y Min-Unidad.

Mauro Manuel Herrera Gutiérrez. Médico cardiólogo, egresado de la ULA y científico, especialista en medicina intensiva y en patología cardiovascular. Fue postulado por la Sociedad Médica de Urología San Román Es el actual jefe de Cardiología del Hospital Vargas.

Reinaldo Rangel Toloza. Psicólogo egresado de la UCV y docente universitario. Es magíster en Seguridad de la Nación, doctor en Seguridad Ciudadana y además posee un postdoctorado en Ciencia de la Seguridad Ciudadana.
Ha prestado servicios en el sistema penitenciario venezolano, específicamente en la Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente. Asimismo, fue director general de la Oficina Estratégica de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas. Fue representante del Ministerio ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Fue representante de Venezuela en Bogotá por la Cruz Roja Internacional. Se postuló por iniciativa propia.
Gerardo José Virla Villalobos. Abogado zuliano de libre ejercicio con 24 años de experiencia para firmas farmacéuticas, de seguros y bancarias. Posee maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Fue secretario de la Asamblea de Miembros de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Fue postulado por el Consejo Comunal Rafael Urdaneta El Brillante.
Los 11 diputados que conforman el Comité de Postulaciones Judiciales son Giuseppe Alessandrello, Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desire Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas y José Villarroel, todos del Psuv. Fuera del chavismo lo integran Antonio Ecarri (Lápiz), Pablo Pérez (Grupo Libertad/UNT), Luis Augusto Romero (Alianza Democrática) y Félix Freites (Vamos Venezuela).
Críticas
“Vemos como una oportunidad la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, ya que creemos que es un paso fundamental hacia la reconstrucción de un Poder Judicial imparcial, equilibrado y plenamente autónomo. Estaremos vigilantes de que cada etapa se cumpla conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes, garantizando la transparencia y el respeto al Estado de derecho”, expresó en su cuenta de la red X el jefe del Grupo Libertad, Stalin González.
Para el abogado y defensor de DDHH, Mario D’Andrea, el nuevo Comité de Postulaciones Judiciales para el TSJ carece de la independencia y neutralidad que exigen los estándares internacionales. Crítico por ejemplo la inclusión de funcionarios activos del Ejecutivo como la directora de la Opsu Isabela Pacheco, lo que a su juicio representa un conflicto de intereses directo y quiebra el principio básico de separación de poderes.
“Varios miembros de la supuesta sociedad civil son postulados por estructuras vinculadas directamente al proyecto del Estado, como los Consejos Comunales o la ONG alineada Fundalatin, perdiendo la necesaria neutralidad”, advirtió D’ Andrea.
A diferencia de la oposición en la AN, el defensor de DDHH no tiene muchas esperanzas en el actual proceso para escoger al TSJ. Recordó que la lista final de magistrados del TSJ a designar dependerá de la mayoría calificada del Psuv, por lo que, afirmó, la lealtad política sigue pesando más que el mérito independiente.
“Sin un árbitro estrictamente neutro, la preselección de magistrados perpetúa la subordinación del sistema de justicia al poder político”, expresó en su cuenta de la red X.
No se ha precisado cuántos serán los magistrados del TSJ a escoger, pero el Parlamento aprobó una reforma parcial de la ley del máximo tribunal, el pasado 12 de mayo, con la que el número de integrantes subió de nuevo de 20 a 32 magistrados.