Línea de corte, punto de quiebre - Efecto Cocuyo

OPINIÓN · 19 ENERO, 2019 04:15

Línea de corte, punto de quiebre

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Antonio José Monagas

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No siempre, la teoría jurídica tiene la capacidad metodológica para depurar problemas. Lo que sí pudiera hacerlo la teoría política. Sobre todo al momento de analizar situaciones dominadas por condiciones que parecieran tender más a confundir, que a precisar variables y detalles que han servido para convulsionar y enredar el resto de elementos o partes que configuran realidades en conflicto.

Existen problemas que no tienen reparo en el plano jurídico pues su lectura, no permite una interpretación que pueda justificarse desde una perspectiva suficientemente sólida. Y posiblemente, unitaria. El caso que representa el caos que vive Venezuela, en términos del desarreglo gubernamental y de la crisis que agobia sus estamentos de administración de gobierno, es expresión de lo que arriba se argumenta y discute.

El problema que expone Venezuela, dado el conflicto entre un Poder Ejecutivo ilegítimo y autoritario, y un Poder Legislativo legítimo y democrático, no admite una respuesta enteramente jurídica pues no es competencia exacta del fuero jurídico. A pesar que la Constitución Nacional expone lo que ha significado la decadente gobernabilidad que pesa sobre la vida político-institucional venezolana.

Si bien el problema es harto conocido, su análisis no está fuera de lugar del desarrollo de esta disertación. Por todo lo que el mismo ha acarreado. Aunque su análisis, será acompasado con la brevedad que permiten estas líneas. El problema adquiere fuerza en el fraudulento proceso electoral del 20 Mayo 2018 el cual sumado a la descomposición social, a la crisis económica y al caos político-administrativo permitido por un gobierno que entendió que la respuesta a tanta convulsión, era no hacer nada, o lo mínimo, hizo que el país extraviara su proyecto histórico. Inclusive, su conciencia histórica.

Esto hizo que la funcionalidad nacional se supeditara a lo que las coyunturas fueran determinando. Es decir, dejar de hacer, dejar pasar oportunidades para que entonces se arraiguen los males. Esto, para la planificación pública, equivale a dejar que el gobierno sea la única instancia que escoja e imponga sus reglas por vía de la restricción y el inmediatismo.

Por consiguiente, se anima así el desorden, el desconcierto y el desbarajuste. Tal cual ocurrió en el país. Y con mayor efecto, desde enero 2008 cuando luego de haber perdido, el alto gobierno la ocasión de imponer su reforma constitucional en Diciembre 2007, se dio a la terca tarea de radicalizar sus propuestas y errados escenarios políticos.

En medio de tan grave convulsión nacional, con la llegada del año 2016, el Poder Legislativo buscó validar lo que dejó de hacerse según lo establecido constitucionalmente. Para ello, en 2018, renovó el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nuevo desempeño determinó el vacío de poder que estaba afectando el orden nacional.

Fue el paroxismo que había provocado la dualidad de organismos legislativos cuando el Poder Electoral, actuando a merced de los dictámenes del Ejecutivo Nacional, determinó en Julio 2017 una elección inconstitucional configurándose otro cuerpo legislativo. Éste, se calificó de “plenipotenciario” dado el carácter “Constituyente” arrogado sin estricta fundamentación legal, ni pertinencia alguna.

Al corresponder al Poder Legislativo actuar en función del nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (legítima), tal como lo refiere la Constitución cada 5 de Enero, la oportunidad de 2019 fue trascendental para igualmente convocar el apoyo internacional, ya organizado en la dirección de reforzar formulaciones democráticas de rigor.

Asimismo, para reafirmar preceptos constitucionales como el 233, el 333 y el 350, todos ello en un todo de acuerdo con los principios sobre los cuales se sustenta la viabilidad política que exhorta el texto constitucional en aras de motivar el ordenamiento del país en todas sus manifestaciones.

En consecuencia, el país político demócrata volvió a encontrar el camino que parecía haberse extraviado. Las esperanzas de escapar de la tiranía impuesta por el actual régimen socialista, tomaron los bríos de otros tiempos.

El reto del Poder Legislativo

Se aguzaron expectativas, luego de reabrirse el telón que significó el nombramiento del nuevo presidente del Parlamento venezolano. Investido del coraje, valentía y gallardía que exigió tan importante momento, dio con la fórmula institucional que en lo sucesivo habrá de insuflarle al país la fuerza política necesaria para definir las decisiones y el estado de hechos que demanda el desarrollo y crecimiento nacional. O sea, lo que con urgencia se requiere para reactivar el país a encaminarse por el rumbo constitucional y democrático.

No hay duda que Enero 2019, deberá ser un tiempo de necesarias definiciones. Definiciones éstas que buscarán resolver el dilema: ¿o son los derechos y libertades que apuntalan el desarrollo de una Venezuela democrática, o es la arbitrariedad consumada mediante el autoritarismo del opresivo y tiránico régimen actual?

Este tiempo, será demostrativo de capacidades y potencialidades en la dirección de hacer que Venezuela supere el estado de resignación que llevó a que las realidades se oscurecieran ante la confusión y desaliento que, intencionalmente, ha venido provocando el régimen con la vileza de cual “hambriento carroñero”. De manera que, ante lo que está desarrollándose y por desarrollarse, puede decirse que el país está en medio de tiempos inexorables. Y que se conoce, como línea de corte, punto de quiebre.

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