Estamos a la vuelta de la esquina con el año 2020, envuelto en un cierto aire de expectativa por su resonancia, ya que desde hace bastante se habla del 20-20. En todo caso será el punto de inflexión para dar inicio a lo que será la tercera década del siglo XXI.
En diversos campos, al visualizar que pronto estaremos estrenando una década simbólica, se apuntan a señalar los desafíos, los retos, del tiempo que vendrá.
En esa dirección se inscribe la declaración adoptada el 10 de Julio de 2019 por un variopinto grupo de expertos en información. El documento lo suscribieron el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHPa).
Además, el documento tuvo la colaboración de Artículo 19 (Campaña Global por la Libertad de Expresión) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy, CLD).
Ya en 2010 los relatores habían manifestado un conjunto de desafíos para los años 2010-2020. En aquella oportunidad de se trataba de un conjunto de 10 tópicos. En esta oportunidad optaron por sintetizar en tres aspectos los asuntos centrales que desafían a la libertad de expresión a nivel global.
En primer término, creen que debe crearse un ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión: La protección y la promoción de la libertad de expresión requieren normas legales y sistemas regulatorios que lo protejan de manera adecuada, especialmente en el caso del entorno digital, pero no únicamente en este.
El documento registra varios ítems para este punto. Yo subrayo tres que me parecen cruciales, desde la visión latinoamericana. No es un asunto menor que se trata de tres asignaturas pendientes para los Estados: a) proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques; b) poner fin a las restricciones penales a la libertad de expresión; c) promover la diversidad de los medios, eso implicar evitar la discriminación, ofrecer transparencia en concesiones y propiedad, y dar amplio acceso a la información pública.
En segundo lugar, es necesaria la creación y mantenimiento de un servicio de internet libre, abierto e inclusivo. El ejercicio de la libertad de expresión requiere de una infraestructura digital que sea robusta, universal y cuya regulación garantice que permanezca siendo un espacio libre, accesible y abierto para todas las partes interesadas. Teniendo los pies en Venezuela resulta éste un asunto crucial.
Los Estados, para poder cumplir con este desafío, deben entre otras cosas: a) reconocer el derecho al acceso y el uso de internet libre como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; b) abstenerse de imponer interrupciones o bloqueos en la red de internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones; y c) expandir significativamente las iniciativas para proporcionar un acceso universal y asequible a internet.
El tercer punto de la declaración, y a mi juicio el de mayor relevancia, tiene que ver con el poder dominante que tienen hoy las grandes corporaciones relacionadas con la comunicación e información. Hablamos de Facebook o Google, entre otras. Un cambio paradigmático. Ya no son los grandes medios nacionales aquellos que cooptan el campo de la libre expresión o información, como en el pasado. La gran amenaza hoy está hoy compartida por todos los países.
“El control privado como amenaza a la libertad de expresión: Una característica transformativa del entorno de las comunicaciones digitales es el poder de las empresas privadas y, particularmente, de las redes sociales, las plataformas de búsqueda y otros intermediarios, sobre las comunicaciones, con un enorme poder concentrado en unas pocas empresas”, sostiene el documento de los relatores.
Internet libre es un trabajo de todos
En este último punto, y es un asunto a tener sumo cuidado, no se plantea que el Estado deba intervenir, controlar o cesar a estas corporaciones. Pero dada la naturaleza que éstas tienen, con acceso a los datos personales y preferencias de millones de personas en todo el mundo, se requieren acciones regulatorias desde los poderes públicos.
El documento presenta un conjunto de recomendaciones. De nuevo extraigo las tres que me parecen más relevantes: a) desarrollar mecanismos de supervisión, transparentes y que cuenten con garantías de independencia e involucren múltiples partes interesadas; b) adoptar medidas regulatorias que aborden los modelos de negocios de ciertas empresas de tecnología digital; c) encontrar soluciones legales y tecnológicas que permitan transparentar la curación y moderación algorítmica del contenido.
Como se dice coloquialmente en Colombia, tenemos harto trabajo por delante.
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Siete retos para medios locales