OPINIÓN · 19 ENERO, 2017 20:22

La nueva compra de armas es una pésima noticia para la población

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Verónica Zubillaga

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El reciente anuncio del Presidente Maduro sobre la compra de armas a Rusia y China para equipar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), es una pésima noticia en un país con la segunda tasa de muertes violentas más elevada del continente (después de El Salvador) y con la segunda proporción más elevada de uso de armas de fuego en las muertes violentas (después de Puerto Rico).

Bajo la definición de una amenaza, proveniente tanto de la oposición interna como de la externa, la compra de armas se incrementó de manera importante en Venezuela en la primera década del siglo XXI. Para el año 2009, un titular en la prensa sostenía que Venezuela se había constituido en el país latinoamericano que dedica más recursos a la compra de armamento y el octavo a nivel mundial (El Nacional, 3 de Agosto de 2009).

Se une este anuncio al efectuado el día 7 de septiembre de 2016, cuando se informó la compra por 25 millones de dólares (a cambio preferencial), de pistolas, chalecos y patrullas para la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

En este contexto de conflictividad política y de nuevos anuncios sobre la adquisición de más armas, nos interesa concentrarnos en las armas pequeñas que son las que se hallan presentes en los homicidios intencionales y cotidianos entre la población (Small Armas Survey, 2012).

En una revisión del valor en dólares declarados por los países exportadores de pistolas y revólveres sobre sus exportaciones a Venezuela —revisión realizada en el marco de nuestras investigaciones en la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), la fuente es UNComtrade y cálculos José Luis Fernández-Shaw—, se revela que al final de la década de los noventa hubo un alza importante de los montos destinados a ese fin por nuestro país.

En 1997, los exportadores declararon recibir 9.416.852 dólares, tres veces más que lo declarado en 1992 (2.675.187 dólares). Así, para el inicio del Siglo XXI, en Venezuela ya se habría introducido un importante volumen de armas.

Sin embargo, en el año 2009 se registró el mayor monto desembolsado por Venezuela en los últimos treinta y cinco años (desde 1980). Ese año, el monto declarado por los exportadores de pistolas y revólveres recibido de Venezuela se ubicó en 18.172.257 de dólares; monto que duplica y más el segundo monto más alto registrado que fue en la década de los noventa. Y las recientes compras superan con creces estos montos.

El punto que queremos destacar, es que en medio de la trama de intensa pugnacidad política que hemos vivido en la última década y media, se verificó una inyección fundamental de armas ligeras. Y precisamente, se sabe bien que los circuitos de armas legales e ilegales están íntimamente conectados (Cano, 2001): las armas legales son una de las vías primordiales de suministro de armas para la comisión de crímenes, puesto que las armas están en constante movimiento: las armas legales se revenden; se prestan; se extravían; se hurtan y roban y pasan a ser utilizadas por otros usuarios muy distintos a los iniciales. Y, de hecho, en nuestras investigaciones con jóvenes armados, se revela que los agentes policiales son las principales fuentes proveedoras de municiones.

En un contexto de acentuada polarización política que a lo largo de los años ha producido una importante desinstitucionalización y fragmentación del Estado; en un proceso de deterioro de instancias fundamentales de la vida social como el sistema de administración de justicia y la policía; y en el marco de la expansión de discursos y prácticas de militarización masiva que se plantea “el combate a la criminalidad como una guerra”, esta inyección de armas constituye una pieza importante en el rompecabezas para comprender el importante incremento de las muertes violentas en nuestro país.

Este hecho apela urgentemente a una política pública de control y restricción del uso de armas y municiones por parte de la población y de las propias fuerzas del orden. La reciente compra de armas es una pésima noticia para nuestra ya atribulada población.

 

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Bajo la definición de una amenaza, proveniente tanto de la oposición interna como de la externa, la compra de armas se incrementó de manera importante en Venezuela en la primera década del siglo XXI. Para el año 2009, un titular en la prensa sostenía que Venezuela se había constituido en el país latinoamericano que dedica más recursos a la compra de armamento y el octavo a nivel mundial (El Nacional, 3 de Agosto de 2009).

Se une este anuncio al efectuado el día 7 de septiembre de 2016, cuando se informó la compra por 25 millones de dólares (a cambio preferencial), de pistolas, chalecos y patrullas para la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

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En un contexto de acentuada polarización política que a lo largo de los años ha producido una importante desinstitucionalización y fragmentación del Estado; en un proceso de deterioro de instancias fundamentales de la vida social como el sistema de administración de justicia y la policía; y en el marco de la expansión de discursos y prácticas de militarización masiva que se plantea “el combate a la criminalidad como una guerra”, esta inyección de armas constituye una pieza importante en el rompecabezas para comprender el importante incremento de las muertes violentas en nuestro país.

Este hecho apela urgentemente a una política pública de control y restricción del uso de armas y municiones por parte de la población y de las propias fuerzas del orden. La reciente compra de armas es una pésima noticia para nuestra ya atribulada población.

 

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