La corrupción es una amenaza para la democracia. ¡Qué duda cabe! Los efectos que provoca lo sienten los ciudadanos cuando ven que los programas sociales que necesitan nunca llegan, o cuando ven que los funcionarios públicos utilizan sus puestos para beneficios personales. La corrupción es el mayor delito que se comete en contra de los ciudadanos, especialmente de aquellos más vulnerables.
Esta semana, un estudio liderado por Transparencia Internacional da cuenta de que existe un aumento en la percepción de los hechos de corrupción, donde nuestro país escaló hasta el lugar 177 de 180, lo cual nos ubica entre los cinco países más corruptos del mundo y el primero del continente americano. Por decir lo menos: ¡esto es una desgracia!
Por supuesto, combatir la corrupción no es un asunto fácil, porque es un fenómeno que tiene muchas caras, cambia constantemente e involucra varias dimensiones. Por lo tanto, luchar contra ella requiere una mirada integral que va desde medidas preventivas hasta la penalización y aplicación de la ley, pasando por la cooperación internacional y la creación de diversos mecanismos de control y transparencia.
Además, es sabido que buena parte de la corrupción crece bajo el silencio cómplice o por el temor a represalias, dado que las personas que quieren denunciar no gozan de la protección adecuada ni de buenos incentivos para hacerlo. Y hoy más que nunca existe miedo para denunciar o expresar algún descontento por los abusos que surgen de los actos de corrupción.
Cuando estemos reconstruyendo la democracia, una de las iniciativas que deberían evaluarse es el establecimiento de estatutos de protección para ofrecer un buen resguardo a quienes denuncien hechos de corrupción. Por ejemplo, una de esas iniciativas podría ser que el denunciante tenga derecho a solicitar la reserva de su identidad y, obviamente, permitir que todos los funcionarios públicos puedan solicitar medidas de protección para prevenir actos de represalias u hostigamientos que afecten a su indemnidad o estabilidad laboral por todo el tiempo que sea necesario (y extender esta protección a sus familiares).
En el mismo sentido, deberían elevarse las sanciones para aquellos que lleven a cabo acciones de hostigamientos en contra de los denunciantes o en contra de quien declare como testigo.
Adicionalmente, es clave mencionar que debería facilitarse la presentación de denuncias, y esto podría concretarse a través de un canal de reclamo electrónico, el cual sea administrado por una nueva Contraloría General de la República y, por cierto, establecer otros canales de denuncia descentralizados y efectivos. De esta manera, las denuncias podrían ser más ágiles y sencillas para que cualquier persona denuncie y aporte antecedentes relevantes de actos de corrupción.
Para todo lo anterior, la literatura especializada nos sugiere que siempre debemos contemplar acciones en prevención, detección, investigación y sanción, de tal forma que se fortalezca la integridad pública en su conjunto.
El combate de la corrupción es otra causa que debe convocarnos a trabajar juntos sin distinción, porque estamos en presencia de un grave problema moral, ético y social que le roba oportunidades de bienestar a la población más necesitada.
En fin, la corrupción es ese mal que crece descontroladamente y termina destruyendo las estructuras más profundas del Estado, por tanto, esta debe ser una de las principales tareas que debemos encarar —en paralelo— a la recuperación de nuestra democracia. De lo contrario, seguiremos en la corrupción nuestra de cada día con otros disfraces.
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