Tomar decisiones que influyen en la colectividad es complicado. Conciliar todas las preferencias en una sola medida es imposible. Ejemplos que van desde cómo redistribuir la riqueza nacional sin reducirla o decidir gastar más en educación que en el sector salud, implican acciones controversiales. Pero en nuestro caso tenemos estos dilemas resueltos, porque basta que dos o tres se pongan de acuerdo para que se ejecute un dictamen en cualquier ámbito. Además, se le agrega otra particularidad que le imprime más simpleza: la opción que mezcle más concentración de poder será la elegida.
En Venezuela, vivimos una fatal asignación de incentivos. El poder Ejecutivo actúa colocando incentivos diferentes a los del interés público. El gobierno transita muy lejos del bien común. En concreto, se desvirtuó la gestión pública sujeta al ciudadano porque el enfoque principal -de dos o tres personas- es la preservación del poder a toda costa, dado que ahí es donde reconocen sus garantías de supervivencia.
¿De qué hablo cuándo me refiero a incentivos pésimamente determinados?
Recientemente, anunciaron la reaparición del sistema de subastas de divisas llamado Dicom. A lo largo de estos años, hemos tenido una larga lista de sistemas de asignación de divisas controlados, entre los que destacan el Sicad I, Sicad II, Sitme, Dipro, Simadi y hoy el Dicom. Y, por otro lado, tenemos una cotización no controlada a la que recurre la mayoría de los oferentes y compradores. ¿Habrá aquí un buen ejemplo de incentivos erráticos? Sin duda, pues, hasta el más puro y casto que tenga privilegios de obtener divisas al menor precio y pueda revenderlas a decenas de veces su valor lo hará.
Haga usted el mismo ejercicio analítico para el caso de todas las mercancías que se van por nuestras fronteras, bien sea en un camión apadrinado por las fuerzas de seguridad del Estado, o por la decisión de un pescador falconiano que prefiere vender sus sardinas en Curazao. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente, el ser humano responde a incentivos.
Por otro lado, intentar por decreto una rebaja obligada de precios no traerá buenos frutos. Está demostrado que los precios no se equilibran de un plumazo, porque si no, desde hace rato la Organización de las Naciones Unidas ya hubiese promovido un tratado internacional donde decida que a partir de entonces se prohíba la inflación en el mundo por ser irreal, ficticia, ilusoria o cualquier argumento. Simplemente, son fundamentos de la economía real que deben respetarse, y si no lo hacen ocurren distorsiones económicas como las que padece diariamente el país.
Otro ejemplo es el proceder de los funcionarios públicos. Díganme ustedes, ¿qué incentivos tiene un funcionario estatal para hacer una regulación efectiva? Lo más probable es que intente favorecer sus intereses particulares bajo las condiciones reinantes.
Tenemos que promover incentivos que nos hagan capaces de convivir, que desestimulen todas las prácticas anticompetitivas o las conductas anárquicas. Porque en nuestro contexto, el único lenguaje que entendemos con precisión es el de la corrupción. Tenemos que sintonizar las políticas fiscales, monetarias y cambiarias con orden, pues, repetiremos los mismos errores con peores resultados, a menos que su objetivo sea perverso, ese que duele creer: el empobrecimiento masivo para el control de los ciudadanos.
Foto: elinformador.com
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