3.738 muertes violentas de niños y adolescentes ocurridas entre 2017 y 2019 reporta el más reciente informe Somos Noticia de Cecodap, presentado en alianza con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna). De esta cifra de fallecidos, 917 (24,5%) eran niños y niñas y 2.821 (75,4%) eran adolescentes. Se detalla que 88% de esas muertes corresponden al sexo masculino. 

“Pero  todas estas estadísticas, pese a ser impresionantes, no describen la realidad de la situación. La mayor parte de la violencia contra niños, niñas y adolescentes es totalmente invisible, simplemente no existe en estadísticas nacionales o internacionales. La historia de la violencia contra los niños es una historia del silencio” señalaba Paulo Sergio Pinheiro, cuando presentó el Estudio Mundial de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes en la ONU (2006).

La violencia es un fenómeno multidimensional. Desde la década de los 90 Cecodap se ha esforzado en registrar las diferentes manifestaciones de este fenómeno y cómo afectan a la niñez y adolescencia. Constatando con impotencia cómo fueron progresando indeteniblemente. En 1990, 288 homicidios contra niños y adolescentes lucía (como en efecto lo era) una cifra preocupante, según datos de la División de Estadísticas de la entonces PTJ. Ya para el 2004, 11,4% de las víctimas de homicidios – según registros del CICPC- eran personas con edades iguales o inferiores a los 17 años.

Las muertes violentas se normalizaron y se asumieron como parte de nuestra realidad. Existen algunos patrones que se repiten en estas muertes, como, por ejemplo: la mayoría de ellas se producen en las zonas populares; son protagonizadas -tanto en el papel de víctima como de victimario- por jóvenes de sexo masculino entre 12 y 18 años; son causadas por armas de fuego y se producen en el marco de robos, atracos, riñas, balaceras entre bandas o con la policía.

En el caso venezolano específicamente, uno de los obstáculos más relevantes que se observa para el tratamiento de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es su invisibilización y en ciertos casos normalización, contribuyendo -en algunas oportunidades de manera más advertida que otras- a la consolidación de dinámicas sociales cotidianas y formas de relacionamiento hacia los niños, niñas y jóvenes, signadas por la violencia.

Y debemos coincidir con Gloria Perdomo, investigadora y coordinadora del informe, «Son muertes que pudieron haberse evitado. Además nos llama la atención que tenemos un número alarmante de muertes a manos de cuerpos policiales».

«Entre los años 2017 a 2020 por Resistencia a la Autoridad fueron asesinados 545 NNA, de los cuales 26 tenían menos de 12 años. Este tipo de casos han sido usualmente  informados como muertes que ocurrieron porque hubo “resistencia” o “enfrentamiento” y los funcionarios debieron defenderse. Si ese es el caso, se hace evidente una notoria incapacidad o falta de formación profesional y especializada de los funcionarios perpetradores, que se manifiesta en una actuación policial desproporcionada, lesiva y claramente violatoria de DDHH» expone el documento.

¿Cuáles son las consecuencias?

“La violencia alimenta la violencia. En épocas posteriores de sus vidas, los niños y niñas que han sido víctimas de la violencia tienen más posibilidades de ser ellos mismos víctimas o autores de actos violentos. La violencia perpetúa la pobreza, el analfabetismo y la mortalidad temprana. Las cicatrices físicas, emocionales y psicológicas de la violencia roban al niño o la niña de la posibilidad de alcanzar su pleno potencial” añade el estudio de Pinheiro.

Recomendaciones

Desde 2006, la ONU dio pautas sobre lo que se debe hacer, entre lo que destaca:

• Se ameritan programas de carácter preventivo que disminuyan las posibilidades de que los niños y adolescentes estén sometidos a situaciones de riesgo que los vincule al consumo de drogas y alcohol, posesión de armas y participación en hechos delictivos.
• Asistir a las familias para evitar el abandono del hogar y la situación en calle en la cual viven muchos niños y niñas. Igualmente se debe garantizar la formación de las autoridades policiales para evitar el maltrato y la violencia en contra la niñez en situación de calle, para evitar la penalización de su condición y de las prácticas que la misma implica (pedir limosna, comer de la basura, dormir en la calle).
• Los Estados parte deben garantizar programas con estas características y, además, espacios públicos seguros que permitan la sana y segura recreación de los niños y adolescentes.

• En las zonas excluidas ocurre un significativo porcentaje de estos hechos tales como los enfrentamientos entre bandas por el control delictivo de la zona, en los cuales se ven involucrados de manera involuntaria, niños y adolescentes.
• La criminalización de la pobreza también constituye un factor que contribuye a incrementar los hechos de violencia sobre población excluida, pues estos sectores son objeto en mayor grado de operativos de las fuerzas de seguridad.

Está claro hacia dónde se deberían orientar las acciones. Sin embargo, la historia del silencio sigue prevaleciendo.

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