OPINIÓN · 27 FEBRERO, 2020 05:53

Enfrentamientos entre uniformados

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Keymer Ávila

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“El porte del arma fuera de servicio fue un elemento fundamental para su victimización”

El año pasado se publicó nuestro trabajo “¿Cómo muere la policía en Venezuela?”, que pertenece a una línea de investigación que tiene como antecedente el análisis de estos casos en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), cuyos resultados publicamos en 2016. Consideramos oportuno presentar de nuevo estos resultados, dada la visibilidad que han tenido casos recientes y cada vez más cotidianos de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado, como los ocurridos a finales de enero de este año entre sujetos que iban en un vehículo rotulado con las siglas del CICPC y funcionarios de la GNB, o los de hace unos días también entre funcionarios del CICPC y las FAES (PNB), o la FANB y el CICPC. Eventos que pueden ser considerados como indicadores de la fragmentación entre los distintos cuerpos armados del país y la existencia de feudos particulares.

Al analizar los casos en los que los funcionarios policiales resultan víctimas de homicidio, en ambas investigaciones, tanto en la que se realizó en el AMC con casos del año 2013, como la que se hizo a nivel nacional con casos del año 2016, se encontraron consistencias. Entre estas coincidencias está la cantidad de victimarios que son funcionarios de los cuerpos de seguridad, es decir, funcionarios que matan a sus propios compañeros de armas. En el caso del AMC, para el año 2016, alcanzaron el 27% de los victimarios identificados. Esto no pareciera ser solo una sobrerrepresentación debida a lo noticioso que resultan estos eventos, en los expedientes policiales de los casos de 2013 este porcentaje fue aún mayor: 31%. Esto ratifica los hallazgos de Del Olmo (1990) que a mediados de los 80 describió cómo al menos el 20% de los funcionarios fallecidos en Caracas fueron victimizados por otros funcionarios.

En la última investigación, se trató de 11 funcionarios: siete (67%) del CICPC que dieron muerte a otro funcionario del CICPC; uno (9%) de la PNB que también atacó a otro compañero de su propio cuerpo, al que luego trató de incriminar, para posteriormente simular un enfrentamiento; y tres (27%) policías municipales (Polichacao) que arremetieron contra dos miembros de las FANB y un escolta de un organismo público.

Esta conflictividad letal entre funcionarios de los organismos de seguridad pareciera ser un poco menor fuera del AMC. Cuando se analizan los casos registrados en todo el país el porcentaje de estos casos baja a un 19% (25 casos). La distribución de estos casos por organismo policial y por estados es la siguiente:

 

Fuente: Ávila, 2018: 140

Si esto sucede entre colegas de hasta el mismo cuerpo policial ¿Qué puede esperar el ciudadano común?

A diferencia de lo que suele afirmar el discurso oficial, en ocasiones de carácter xenófobo, entre los victimarios de los policías no se encontraron extranjeros ni paramilitares colombianos.

Otro de los resultados observados en ambas investigaciones es que la mayoría de los funcionarios víctimas de homicidio no se encontraban en ejercicio de sus funciones (65%), ni uniformados (60%), ni identificados como tales (55%). Es de advertir que estos porcentajes son más altos en el AMC. Con esto se confirma que en Venezuela los funcionarios mueren en situaciones distintas a la prestación del servicio policial. En este marco es comprensible que los casos de legítima defensa policial sean excepcionales (entre el 7% y el 12% de los casos totales).

Más de la mitad de las víctimas (51%) que no se encontraban en ejercicio de sus funciones se encontraban armados, un porcentaje irrelevante logró matar a su victimario (2,5%). En varios casos el porte del arma fuera de servicio fue un elemento fundamental para su victimización.

Finalmente, también se exploró si algunos de estos funcionarios asesinados se encontraban o no involucrados en actividades delictivas. El porcentaje a nivel nacional fue de un 3,4%, unos nueve funcionarios. Es de advertir que de éstos casi la mitad (cuatro) eran del AMC. La distribución institucional fue la siguiente: tres eran de la PNB, dos de la GNB, dos de policías municipales (Sotillo –Anzoátegui- y Heres –Bolívar-), un policía estadal (Aragua) y un escolta de un organismo público (SAREN). Ninguno de ellos estaba prestando el servicio de policía, ni se encontraba uniformado ni identificado como funcionario en el momento del hecho.

Sirvan estas evidencias para la toma de decisiones político-institucionales que incrementen tanto la seguridad de los funcionarios como de la ciudadanía en general. Uno de los aspectos fundamentales es la existencia de adecuados procesos de selección, supervisión permanente, así como controles internos y externos reales sobre los cuerpos armados del país, rendición de cuentas y hacer efectivas las responsabilidades legales e institucionales correspondientes.

* * *

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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Al analizar los casos en los que los funcionarios policiales resultan víctimas de homicidio, en ambas investigaciones, tanto en la que se realizó en el AMC con casos del año 2013, como la que se hizo a nivel nacional con casos del año 2016, se encontraron consistencias. Entre estas coincidencias está la cantidad de victimarios que son funcionarios de los cuerpos de seguridad, es decir, funcionarios que matan a sus propios compañeros de armas. En el caso del AMC, para el año 2016, alcanzaron el 27% de los victimarios identificados. Esto no pareciera ser solo una sobrerrepresentación debida a lo noticioso que resultan estos eventos, en los expedientes policiales de los casos de 2013 este porcentaje fue aún mayor: 31%. Esto ratifica los hallazgos de Del Olmo (1990) que a mediados de los 80 describió cómo al menos el 20% de los funcionarios fallecidos en Caracas fueron victimizados por otros funcionarios.

En la última investigación, se trató de 11 funcionarios: siete (67%) del CICPC que dieron muerte a otro funcionario del CICPC; uno (9%) de la PNB que también atacó a otro compañero de su propio cuerpo, al que luego trató de incriminar, para posteriormente simular un enfrentamiento; y tres (27%) policías municipales (Polichacao) que arremetieron contra dos miembros de las FANB y un escolta de un organismo público.

Esta conflictividad letal entre funcionarios de los organismos de seguridad pareciera ser un poco menor fuera del AMC. Cuando se analizan los casos registrados en todo el país el porcentaje de estos casos baja a un 19% (25 casos). La distribución de estos casos por organismo policial y por estados es la siguiente:

 

Fuente: Ávila, 2018: 140

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A diferencia de lo que suele afirmar el discurso oficial, en ocasiones de carácter xenófobo, entre los victimarios de los policías no se encontraron extranjeros ni paramilitares colombianos.

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Más de la mitad de las víctimas (51%) que no se encontraban en ejercicio de sus funciones se encontraban armados, un porcentaje irrelevante logró matar a su victimario (2,5%). En varios casos el porte del arma fuera de servicio fue un elemento fundamental para su victimización.

Finalmente, también se exploró si algunos de estos funcionarios asesinados se encontraban o no involucrados en actividades delictivas. El porcentaje a nivel nacional fue de un 3,4%, unos nueve funcionarios. Es de advertir que de éstos casi la mitad (cuatro) eran del AMC. La distribución institucional fue la siguiente: tres eran de la PNB, dos de la GNB, dos de policías municipales (Sotillo –Anzoátegui- y Heres –Bolívar-), un policía estadal (Aragua) y un escolta de un organismo público (SAREN). Ninguno de ellos estaba prestando el servicio de policía, ni se encontraba uniformado ni identificado como funcionario en el momento del hecho.

Sirvan estas evidencias para la toma de decisiones político-institucionales que incrementen tanto la seguridad de los funcionarios como de la ciudadanía en general. Uno de los aspectos fundamentales es la existencia de adecuados procesos de selección, supervisión permanente, así como controles internos y externos reales sobre los cuerpos armados del país, rendición de cuentas y hacer efectivas las responsabilidades legales e institucionales correspondientes.

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