Proteger la vida y la dignidad debe ser el centro de todas las decisiones que se tomen en el país frente a la pandemia.

Desde hace varios años, la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida. Esto, en 2016, devino en una emergencia humanitaria compleja. Las graves fallas en la provisión de servicios esenciales han contribuido con la profundización de estos daños. Sin embargo, este proceso lento hizo posible que la comunidad adoptara estrategias de supervivencia.

La pandemia, en cambio, tiene un impacto inmediato que puede ser devastador para Venezuela. Aun en los países donde los sistemas de salud tienen capacidad de respuesta, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles en muy poco tiempo. Y ese avance acelerado compromete la capacidad de atención médica. La pandemia exige, además, un enorme esfuerzo del personal de salud. En general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Población más vulnerable

Para los grupos vulnerables en Venezuela no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control. ¿Cómo se obliga a permanecer confinados a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas y sufren de cortes de electricidad durante horas?

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes ejercen la conducción política a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable y garantizarle condiciones dignas, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia.

Es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas. Con miembros provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID-19. En cuanto a los órganos de orden público, pues estos deben estar subordinados a sus mandatos.

Dicho grupo debe contar con acceso irrestricto a la información pública y llevar la vocería conjunta. La población debe estar informada regularmente sobre los retos que plantea la situación sanitaria, económica y humanitaria, así como de los adelantos en las decisiones y acciones.

Este terreno, preparado con transparencia y esfuerzos multidisciplinarios, será la vía para generar confianza.

Negociaciones vitales

La respuesta urgente solo será posible mediante acuerdos entre quienes hoy se disputan el espacio de poder político en el país: el gobierno del Sr. Nicolás Maduro, con control fáctico de la respuesta interna y capacidad para abrir una respuesta humanitaria; la Asamblea Nacional y su Presidente, el Sr. Juan Guaidó, quienes cuentan con el reconocimiento de 60 gobiernos e instituciones financieras multilaterales.

De esta manera, se podría solicitar la flexibilización condicionada de sanciones generales y aprobar recursos financieros para socorrer a la población. Gobierno y Asamblea Nacional son imprescindibles para dar viabilidad a la respuesta necesaria para salvar vidas.

Todos los recursos aprobados deben contar con los mecanismos de control para su implementación transparente y con rendición de cuentas. Agencias internacionales, el sector público y privado, iglesias, sociedad civil nacional e internacional, tienen la capacidad para socorrer a la población más vulnerable, siempre y cuando el acceso sea garantizado, incluyendo transporte y combustible.

Protección de derechos y acuerdos políticos

Durante todo este proceso deben respetarse y garantizarse los derechos humanos de la población, cesar de inmediato todas las acciones de represión por parte de órganos de seguridad y acoger las recomendaciones de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros, a los presos políticos”.

Solo garantizando mecanismos de protección de los derechos humanos será posible que las personas soliciten ayuda, acojan medidas de prevención y se ayuden responsablemente entre ellas.   

Los acuerdos políticos necesarios para resolver las condiciones de fondo que generaron la emergencia humanitaria compleja, ahora agravada por la velocidad del impacto del COVID-19, pueden ser tratados como parte de este proceso, sin retrasar la implementación perentoria de la respuesta humanitaria. La comunidad internacional tiene como nunca antes la oportunidad de respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios y políticos.

No queremos una Venezuela devastada. Son miles de vidas las que están en juego y no hay tiempo que perder.   

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