El efecto devastador de las armas de fuego en este país es evidente: Venezuela, después de Puerto Rico, es el país del continente americano que tiene la mayor proporción de homicidios causados por armas de fuego . Aquí, desde el año 2006, se vienen registrando anualmente más de diez mil homicidios y de estos, el 90% ocurre con armas de fuego. Y para que se tenga una idea de lo elevada que es esta proporción, de acuerdo al Estudio Global de Homicidios de las Naciones Unidas (2011), la porción de homicidios cometidos con armas ligeras (pistolas) en el mundo es de 42%. En América Latina y el Caribe la incidencia de las armas pequeñas en los homicidios varía del 60% al 70%, y ya vimos la magnitud en nuestro país.

Padecemos igualmente el efecto de las balas perdidas. En un estudio realizado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC, 2016), que registró los eventos de lesiones y muertes ocasionados por balas perdidas aparecidos en la prensa durante 2014 y 2015, Venezuela, después de Brasil —que tiene 200 millones de habitantes—, fue el país que registró más casos de muertes por balas perdidas (57) entre los 27 países estudiados . ¡Más casos que México que tiene 122 millones de habitantes!

A diferencia de lo sucedido en la generalidad de los países que reportan mayores lesiones que muertes; en Venezuela, la mayoría de los casos registrados fueron muertes (57 muertes y 23 casos de lesiones), lo que revela la letalidad de estos eventos en nuestro país. En más de la tercera parte de los casos, las víctimas fueron niños (39%) y en la tercera parte de los casos reportados, las balas provenían de confrontaciones entre grupos armados como pandillas (UNLIREC, 2016).

Y, de hecho, en nuestras conversaciones en el marco de nuestras investigaciones en un barrio caraqueño, relatos sobre la cotidianidad de las balas perdidas abundan; las balas invaden en cualquier momento la intimidad de la propia vivienda, como nos comentó una mujer con quien hablamos: «Y yo el otro día estaba acostada, mi hija estaba viendo la televisión en la sala y… ¡entró una bala por la ventana!”. Y la muerte de dos niños por balas perdidas producto de confrontaciones, marca de manera definitiva las historias personales, de las familias y la vida comunitaria del barrio, signadas en adelante por el duelo.

El Estado venezolano es el agente fundamentalmente responsable de esta situación por su atribución básica de garantizar las condiciones necesarias para el respeto del Derecho a la Vida. Retomar una política pública seria y sostenida destinada a controlar el acceso y flujo de armas y municiones resulta urgente y constituye una de las pocas a desplegar con resultados sustentados en evidencia —como la reducción de homicidios— en el mediano plazo.

Procesos de control de armas y municiones en países con realidades compartidas (altos índices de crímenes violentos; desconfianza de la población hacia la policía, polarización política, entre otros) como es el caso de Brasil y El Salvador revelan esta posibilidad, cuando se cuenta con la voluntad política de las autoridades competentes. La intermitencia de las políticas para el control de armas y municiones en este país pareciera revelar que no existe tal voluntad en este contexto de “revolución pacífica pero armada”.

A grandes rasgos, las experiencias de control de armas y municiones en los países mencionados, y que pueden seguirse aquí, se han centrado en la reducción y regularización de la oferta de armas a través de su registro y clasificación (tanto de los cuerpos de seguridad como de la población); en leyes que restringen el porte de armas por parte de la población y los cuerpos de seguridad en espacios públicos, en oportunidades de capacitación productiva para jóvenes varones en situación de desventaja y en la destrucción sistemática y pública de las excedentes e ilegales con la veeduría de organizaciones de la sociedad civil.

Y sería muy importante en Venezuela, y un enorme desafío pues atenta contra los intereses de la corporación militar: el marcaje de las municiones en posesión del Estado y producidas en el país por las industrias militares CAVIM, para detectar desviaciones por parte de funcionarios y agentes de los cuerpos de seguridad y así controlar el evidente flujo desbocado de municiones venezolanas que están matando venezolanos.

Foto: El Impulso