Legislar es más que “dar, hacer o establecer leyes” (DRA; Madrid, 2001, p.921). Es más que la mera reunión de quienes presumen de “constituyentistas”, para redactar supuestas prescripciones que no reconocen la visión de quien adversa la posición político–ideológica que determinó, irrisoriamente, el arribo de estas personas a tales escaños. Indistintamente del acervo cognitivo que estos individuos deberían ostentar y detentar, su nominación es cuestión de politiquería. Ni siquiera, entre los partidos políticos, son seleccionados quienes mejores calificaciones poseen en términos de lo que bien pudiera ser una posible contribución al ejercicio legislativo. Es decir, al hecho propio de legislar con base en conocimientos exactos en Jurisprudencia, Historia Política Contemporánea, Filosofía del Derecho, Ontología y Deontología Jurídica, Ética Pública, Gestión de Gobierno y Gerencia Pública, particularmente.
No obstante la Constitución de la República, escasamente sanciona que para llegar a ocupar el cargo de “legislador” es suficiente contar con el voto popular. Igual caso sucede con el “constituyentista”. Tan elemental condición, define la ascensión de cualquier persona, por analfabeta que sea, a sentirse con la capacidad para legislar sin saber legislar. Sobre todo, para ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, sin conocimiento de Teoría Social. Para aprobar planes de desarrollo, sin tener idea de planificación. Para reelaborar la Constitución de la República, al margen de lo que pauta el Derecho Constitucional tanto como los principios que signan la democracia. Para organizar los poderes públicos, sin conocimiento de Teoría de Gobierno. Para actuar en torno al presupuesto nacional sin idea de Teoría Económica, Finanzas Públicas y Teoría Administrativa. Entre otras carencias.
En fin, se llega a “constituyentista” sin tener claras luces de las responsabilidades que compromete el susodicho trabajo. Sólo es suficiente, estar entre los más aduladores del presidente de la República o de altos dirigentes afectos al gobierno. O sencillamente, suponer que legislar es más de lo que no conduce a nada para seguir arrastrando el país y sus regiones a estadios de vergüenza, depresión, incultura, violencia, inseguridad, zozobra, exclusión y atraso. Más si el discurso que orienta tan suspicaz actividad “parlamentaria”, sigue la ideología política pretendida desde Miraflores que es igual al asfixiante populismo que encubre la hostigante perorata que envuelve al decadente socialismo (mal llamado del siglo XXI).
Estas realidades invocan profundos cambios que sólo podrán alcanzarse a partir del trabajo de una sociedad con conciencia de las precariedades incitadas por la aludida “revolución bolivariana”. De lo contrario, el país seguirá sumido en una crisis política que arrastra una crisis de tipo de dominación (autocracia) y una crisis de tipo de acumulación (concentración de poderes). De seguirse tan caótica racha con “constituyentistas” que remedan legisladores, se sancionará antes que cualquier mal ensayo constitucionalista, la involución completa del país. Particularmente, al despreciarse esfuerzos procurados en la senda de la democracia social, económica y política. Por esta razón, es inaudito seguir creyendo en politiquería barata que ha llevado a sostener en lo alto de la estructura política nacional, a “constituyentistas” fuera de foco.
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