OPINIÓN · 17 DICIEMBRE, 2020 04:43

2020: lo positivo en derechos humanos

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Marino Alvarado | @marinoalvarado

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“Le tocará a ese equipo plantarse con más fuerza ante el gobierno de Maduro”

Faltan pocos días para que finalice el 2020, un año muy especial porque la pandemia vino a cambiar drásticamente nuestras rutinas, la forma de trabajar y a provocar una mayor paralización de la economía, y a lo poco que funcionaba de la institucionalidad.  

Un año en que Maduro y su cúpula continuaron convirtiendo a Venezuela en una sola y dolorosa tragedia: la de los caminantes que cruzan fronteras por caminos riesgosos, los que se lanzan al mar buscando un mejor futuro, las miles de familias llevando luto por sus familiares ejecutados por policías o militares, la de las personas viendo agravar su salud por falta de medicamentos o por hambre y millones de familias sometidas a calamidades diarias por el caos de los servicios públicos

En ese contexto ocurrieron aspectos positivos en materia de derechos humanos. Son el resultado del empeño de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, de resistir y mantener comunicación constante con organismos internacionales de protección de derechos humanos. De la voluntad de esas instituciones de seguir trabajando para incidir en una mejora de la situación o servir de contención frente a los abusos. Del trabajo de medios de comunicación que sobrepasando obstáculos persisten en informar la realidad del país y contrarrestar la propaganda mentirosa del gobierno que oculta el sufrimiento de la población.

Sin pretender jerarquizar, los siguientes son aspectos positivos que se produjeron en 2020 en materia de derechos humanos:

  • Pese a la pandemia, las amenazas y la represión, sectores diversos de la población reivindicaron sus derechos y en la calle reclamaron servicio de agua potable, denunciaron los apagones y la deficiencia en el trasporte público, denunciaron la escasez de gasolina y de gas doméstico y alzaron su voz exigiendo mejores salarios y condiciones adecuadas de trabajo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de enero a octubre del presente año se habían registrado 8.488 protestas la mayoría vinculadas al reclamo de derechos sociales.  Una particularidad en el último semestre ha sido el desarrollo de protestas masivas en pequeños poblados con mucho control y chantaje del gobierno con las cajas Clap y los bonos vía carnet de la patria
  • El Informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela, presentado el paso 16 de septiembre el cual identificó a altos funcionarios presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad, recogió el testimonio de cientos de víctimas y analizó el contexto y circunstancias en las que se produjeron los crímenes. Al señalar con nombres y apellidos a presuntos responsables, nos acercó a la posibilidad de que algunos de ellos puedan ser investigados y sancionados de comprobarse su culpabilidad. Una responsabilidad que en principio le debe corresponder al Ministerio Público y alentar a la Defensoría pero que posiblemente no ocurra por su ya conocida falta de independencia y complicidad con los abusos. Pudiera suceder que se activara la jurisdicción universal. Su activación la pudiera realizar cualquiera de los países que en el mundo tiene entre su sistema de justicia la posibilidad de investigar y sancionar a responsables de crímenes contra la humanidad. 
  • La prórroga de dos años otorgada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la Misión de Determinación de Hechos, lo cual le permitirá seguir investigando sobre los crímenes perpetrados en el país, seguir escuchando a las víctimas y ampliando la documentación del contexto nacional y las maneras como actúa la estructura criminal que asesina, tortura, produce detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
  • La ampliación del equipo de Trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, de tres a seis integrantes, lo cual permitirá mantener una observación en el terreno de las violaciones, atender a víctimas y ejercer ante el gobierno las presiones necesarias. Le tocará a ese equipo plantarse con más fuerza ante el gobierno de Maduro y su cúpula, exigir condiciones adecuadas de trabajo y ampliar el espacio de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas. 
  • Los pronunciamientos y nueve medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más la ampliación de al menos tres. 
  • La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mota Abarullo y otros  relacionado con las condiciones de privación de libertad que padecieron cinco adolescentes en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico Monseñor Juan José Bernal, ubicado en la localidad de San Félix y con su muerte en ese lugar, a causa de un incendio el cual se produjo el 30 de junio de 2005. Caso litigado en la Corte por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Se demuestra la persistencia de las organizaciones de derechos humanos en acompañar a los familiares de las víctimas imponiéndose a los obstáculos, amenazas y riesgos. 

Todos estos hechos en materia de derechos humanos abren la posibilidad de seguir logrando saldos positivos en 2021 en un contexto tal vez de mayor autoritarismo, pero con toda la voluntad de los sectores democráticos y las organizaciones de derechos humanos como parte de él, de seguir resistiendo, luchando por el rescate de la democracia y bregar por la ampliación y mejora de la ayuda humanitaria para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la mayor cantidad de personas. 

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

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