Violencia contra la mujer en Venezuela: la otra pandemia

LA HUMANIDAD · 25 NOVIEMBRE, 2021 09:10

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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El formol irrita la piel viva con rapidez. Las franjas rojas se empiezan a extender allí donde el químico hizo contacto. Si cae en los ojos, las imágenes se vuelven borrosas en medio de un agudo dolor. Zuleima lo sabe, porque la sensación permanece plasmada en su memoria desde que Enrique Martínez la roció con el líquido, en enero de 2021, mientras estaba embarazada y su hijo de 13 años observaba aterrorizado. 

Esa madrugada, las cejas y pestañas desaparecieron de su rostro y la mitad del flequillo resultó quemado, dejando la frente entera al descubierto. Los oídos comenzaron a arderle.

Los productos capilares que ella utilizaba para trabajar como peluquera volaron por la sala de la casa en todas direcciones: su ex novio parecía estar atrapado en un frenesí alimentado por una sobredosis de ron y cerveza. Cuando ya no hubo frascos de champú, baños de crema o keratina que romper, él abrió la nevera y lanzó los envases de vidrio contra el suelo. 

Zuleima, agazapada en un rincón, solo atinaba a taparse la cara con las manos, esperando que todo acabara. Enrique gritó, amenazó y pateó muebles y estanterías, prometiendo prenderla en fuego en cuanto hallara un encendedor o un fósforo. Pero, por suerte, no los encontró. Solo el ruido de puertas abriéndose en el edificio y vecinos acudiendo al tercer piso hizo que el hombre se fuese, tambaleándose, por las escaleras. 

A Zuleima la llevaron al Domingo Luciani, en Petare, al este de la capital, donde fue atendida de emergencia. La enfermera y la doctora la miraron con una ceja alzada cuando ella se excusó diciendo que se había quemado haciendo un tratamiento capilar. Eran las 4:00 de una calurosa madrugada. Las marcas y hematomas en mejillas, brazos, piernas y espalda no podían justificarse como un desriz fallido. 

La violencia sistemática contra la mujer en Venezuela no se remite solamente a una historia. Se trata de una realidad que afecta a cientos de personas en todo el territorio nacional y que se ha agudizado en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. 

De acuerdo con Monitor de Femicidios, 256 mujeres venezolanas fueron asesinadas en 2020, dentro del país. De enero a julio de este año, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 151 femicidios. También alertó que se producía uno cada 24 horas y que 80 % de los agresores no estaban privados de libertad.

Este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Efecto Cocuyo conversa con algunas activistas y miembros de organizaciones, sobre el papel del Estado venezolano en los casos de violencia de género, las cifras de maltrato y las recomendaciones para hacerle frente a las situaciones de atropello y abusos. 

Violencia en cifras

Solo en octubre de 2021, el Monitor de Femicidios contabilizó 20 mujeres asesinadas en 9 estados del país, con Aragua, Carabobo, Miranda y Táchira como las entidades con mayor número de estos crímenes. En total, se reporta que han ocurrido al menos 200 femicidios hasta el mes pasado. 

Desde diferentes organizaciones señalan que la muerte es la última consecuencia de la violencia contra la mujer. De acuerdo con la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), el fenómeno se manifiesta de múltiples formas, que afectan física y emocionalmente a las víctimas.   

Algunos de los tipos más comunes de violencia identificados por la asociación son:

1️⃣ Física: evidenciada por golpes, hematomas, empujones, quemaduras u otras heridas provocadas por un tercero. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el 30% de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia física en algún punto de su vida.

2️⃣ Psicológica: ocurre sin la necesidad de contacto físico y se manifiesta con tratos humillantes, acoso, descalificaciones o manipulación, por ejemplo. Expertos afirman que este es uno de los tipos de violencia más difíciles de identificar para las víctimas. 

3️⃣ Sexual: Avesa aclara que esta se refiere al contacto sexual indeseado o forzado con o sin penetración. También abarca «extorsión sexual por documentos, medicinas o atención y favores sexuales a cambio de dinero, comida o mantener un puesto de trabajo».

En Venezuela se han realizado 8.450 imputaciones por delitos relacionados al abuso sexual, 1.676 órdenes de aprehensión y han sido presentadas 5.309 acusaciones desde 2017, según información ofrecida por Tarek William Saab, fiscal general venezolano. Sin embargo, activistas estiman que la cifra de abusos sexuales contra niñas, adolescentes y adultas es mucho mayor y que no se refleja de forma correcta en los reportes, en ocasiones porque las víctimas sienten miedo de declarar o denunciar.  

Solo en 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) registró 1.180 casos de abuso sexual. En 2021, una oleada de denuncias comenzaron a aparecer en redes sociales, de venezolanas que afirmaban haber sido abusadas o manipuladas sexualmente por artistas, músicos, profesores o escritores que forman parte de círculos culturales, encendiendo las alertas de instituciones y organizaciones de diferentes áreas. 

4️⃣ Obstétrica: en Latinoamérica, Venezuela fue uno de los primeros países en aprobar una ley para evitar la violencia obstétrica, en 2007. No obstante, datos del Banco Mundial evidenciaron que en 2017 ocurrían 125 muertes maternas por cada 100.000 partos. La crisis sanitaria venezolana se encuentra entre los primeras causas de esta problemática. Actualmente no existen cifras oficiales de parte del Ministerio de Salud al respecto.

Negligencia de Estado

El 16 de enero de 2021, Zuleima acudió a Polisucre a denunciar a Enrique Martínez por haberla agredido, debido a su negativa a retomar una relación con él. Sin embargo, de allí solo fue enviada una citación que él ignoró. El caso no salió a la fiscalía y, unas cuantas semanas después, Zuleima regresó a averiguar.

Viéndola confundida y desorientada en recepción, un funcionario bastante mayor se acercó a ella. En tono condescendiente, le susurró que, honestamente, no gastara energía: habían rumores de que alguien ofreció dinero a cambio de que la denuncia no progresara.

En febrero, Enrique volvió a la casa de Zuleima y entró como si nada hubiese pasado. Con calma, le advirtió que la mataría a ella y a su hijo de 13 años si no se mostraba dócil. Así vivió dos meses con ambos, en el tercer piso de uno de los edificios construidos en la avenida principal de José Félix Ribas, sector popular en Petare. En mayo, luego de una golpiza especialmente fuerte, Zuleima sufrió un aborto y Enrique volvió a desaparecer. 

«Yo no denuncié en ese momento. Si me preguntan, no lo hice por temor, porque yo había hecho una primera denuncia y no me pararon. Él me amenazaba y me decía que si lo llegaba a acusar iba a matar a mi hijo», cuenta Zuleima a Efecto Cocuyo en noviembre de 2021. 

En junio, un fiscal llamó.

«Era sobre la denuncia de enero. Parece que sí procedió. Me preguntó si estaba viviendo con Enrique (en ese momento ya no). Me pidió que me presentara en la fiscalía con informes médicos, fotos y testigos, si había», expresa la caraqueña, quien llevó a su hijo adolescente a declarar. 

Una semana después, Enrique la vio en una panadería en la avenida principal de Palo Verde. Ella había tomado valor por la respuesta recibida por el fiscal. Le escribió a la familia de él diciendo que no quería volver a verlo y que los organismos de justicia estaban al tanto de su comportamiento agresivo.

Poco dispuesto a aceptar una ruptura, la esperó fuera del local y la tomó del largo pelo negro, tirándola al suelo. Nadie interrumpió el episodio, hasta que dos funcionarios de Polisucre pasaron cerca del lugar y se lo quitaron de encima, llevándolo detenido. Zuleima denunció nuevamente.

Desde Mulier, alertan que las mujeres que viven en sectores populares son más propensas a sufrir violencia sistemática, debido a la falta de asesoramiento y la poca posibilidad económica de contratar abogados privados o conseguir acompañamiento legal en casos de abuso o maltrato.
Desde Mulier, alertan que las mujeres que viven en sectores populares son más propensas a sufrir violencia sistemática, debido a la falta de asesoramiento y la poca posibilidad económica de contratar abogados privados o conseguir acompañamiento legal en casos de abuso o maltrato.

Por fin se realizó una audiencia, cinco meses luego de la primera golpiza de enero. Una jueza los esperaba en tribunales. Sin embargo, a Zuleima no la acompañó el fiscal que había llevado su caso. Acudió una mujer en su lugar, que parecía tener poco o nada de conocimiento al respecto de la situación y que no llevaba consigo el expediente. Enrique se presentó con un abogado en regla. Las próximas horas no fueron sino humillantes. El defensor del agresor alegaba que era ella quien buscaba a su cliente y redujo el caso a una riña de pareja. 

Tras la falta de una defensa sólida de parte de la fiscal sustituta, a Enrique lo enviaron a hacer servicio comunitario. La jueza les recomendó hacer terapia a ambos, como si fuesen un matrimonio a punto de divorciarse. Desconsolada, Zuleima regresó a su casa, con la cabeza nublada de ira y miedo. 

Karina Chacón, miembro y representante de la organización feminista Tinta Violeta, indica que uno de los grandes problemas del acceso a la justicia para las mujeres venezolanas es la violencia estructural que aún vicia a las instituciones. 

«La falta de sensibilización de funcionarios y funcionarias, es la principal barrera para comprender con empatía cómo funciona la violencia de género, y terminan culpabilizando a las sobrevivientes. La formación a funcionarios y funcionarias, con herramientas para la comprensión y atención empática a las mujeres, niños, niñas y adolescentes que viven una situación de violencia, debe ser continua y permanente. Así lo establece la ley», explica Chacón. 

Un gran cómplice

Estresada, pero sin ganas de rendirse, Zuleima puso diferentes denuncias en el Cicpc, el Ministerio Público y la Lopna, solo consiguiendo una orden de restricción de parte de esta última, porque su hijo es menor de edad. El caso se mantuvo estancado hasta que ella decidió buscar ayuda con una asociación civil a finales de octubre. Ingresó a Instagram y escribió a Voces de Género, donde fue atendida por Sinaí Brito, fundadora y consultora jurídica. Fue entonces que consiguió apoyo para que se volviese a programar una segunda audiencia.

«Imagina que hay una denuncia que todavía está bajo investigación: la de junio, cuando él me agarró afuera de la panadería. Supuestamente porque ellos no tienen suficientes pruebas», dice Zuleima. 

Estefanía Mendoza, representante de Mulier, se muestra preocupada por la duración de los procesos judiciales cuando se trata de violencia de género. Comenta que estos se extienden tanto, que permiten que el agresor tome acciones contra la víctima o que esta se agote. 

«Los procesos legales son muy largos, pueden durar hasta 2 o 3 años. Por eso el acompañamiento es importante. Intentamos ayudarlas con contactos en los entes públicos», explica Mendoza. 

En estos casos, el Estado se convierte directa e indirectamente en cómplice de los agresores. Un cómplice enorme. La historia más famosa que refleja esta tesis es la de Linda Loaiza, conocida públicamente por presentar el primer caso de violencia de género contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDCH).

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Loaiza, quién fue secuestrada y brutalmente torturada por Luis Carrera Almoina (un hombre perteneciente a una acomodada familia caraqueña) en 2001, fue víctima también de los entes judiciales de su propio país, quienes absolvieron en primera instancia a su agresor y omitieron numerosos detalles en las investigaciones.

En búsqueda de justicia y de un giro radical en la garantía de la protección a la mujer en Venezuela, Loaiza no solo se ha dedicado al activismo, sino a difundir su propia experiencia para ayudar a terminar con la impunidad de crímenes de género. Los detalles de su historia pueden encontrarse en el libro publicado por López y la escritora Luisa Kislinger, Doble crimen. Tortura, esclavitud sexual e impunidad, que vio la luz en España y Venezuela el 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer.

A la ligera

El machismo, arraigado en pleno siglo XXI en la sociedad venezolana, se evidencia incluso a través de sus funcionarios públicos. En menos de una semana, se han viralizado dos videos donde un par de políticos denigran u ofenden a mujeres, en un ejercicio de normalización de este tipo de actos. Magdymar León, coordinadora de Avesa, se muestra profundamente alarmada por ello. 

«Esto puede tener consecuencias de modelaje. Hombres que dicen: pero si eso lo dice aquel y mira que ganó las elecciones, que lo diga yo no tiene problema. Desde el punto de vista del candidato, esto no le va a acarrear sanciones sino que le puede atraer simpatía: eso es gravísimo. Cuando un candidato llega a la conclusión de que eso es divertido, quiere decir que en el contexto hay un entramado cultural que si apoya esta visión. Es fatal», dice León.

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La normalización de las agresiones verbales transmuta luego en la normalización de conductas violentas que afectan a miles de mujeres en todo el país. Nos encontramos entonces, inmersas en una cultura de líderes políticos que se toman a la ligera ofensas graves contra la integridad de las venezolanas. 

¿Cómo identificar a un agresor?  

En este contexto, es fundamental aprender a identificar pistas para alejarse de un posible agresor o terminar con un círculo violento. Magdymar León expresa que las señales en un victimario no solo se manifiestan de forma física. Es decir, no es necesario un golpe para hablar de violencia.

«Las primeras manifestaciones no se dan a través de violencia física o sexual. Más bien vamos viendo signos relacionados con la imposición de poder», comenta.

Los más habituales son los que se describen a continuación:

🚩 Imposiciones de decisiones: como decidir a qué sitio sale o no la víctima, si ella puede estar o no con su familia, etc. Se va limitando la toma de decisiones y de opiniones.

🚩 Vigilancia y supervisión: al principio pueden parecer despliegues de protección, pero se convierten progresivamente en control. 

🚩 Revisión del teléfono celular y redes sociales: usualmente acompañada de reproches. 

🚩 Agresiones verbales: que incluyen descalificaciones e insultos. 

Según Estefanía Mendoza, la violencia escala y es inaceptable. Detectarla a tiempo es impedir que se generen ciclos futuros más peligrosos. En Mulier recomiendan no aislarse y buscar ayuda al identificar la primera señal de violencia, por mínima que sea. Ese es el primer paso para acabar con un círculo dañino que puede dejar graves cicatrices físicas y emocionales. 

«Las señales tempranas son claves, hay que atenderlas y tomar acción. Sobre todo hay que saber que estas situaciones de violencia dejan secuelas psicológicas, no solo en la mujer, sino en su familia. Es importante que no se menosprecie lo que han vivido, aún si no hubo golpes», recuerda Estefanía Mendoza.

Un plan a seguir

En conjunto, las organizaciones describen los pasos a seguir si se es víctima de violencia en cualquiera de sus formas:

Identificar una red de apoyo dentro del grupo de personas cercanas (familiares, amigos, vecinos). No hay que guardar silencio.

Elaborar un plan de acción para la colocación de la denuncia y generar un entorno seguro. Nunca hay que dejar de denunciar: sin antecedentes, no habrá respuesta. 

Buscar ayuda psicológica para la víctima y familiares. 

Solicitar asesoramiento a las distintas asociaciones, en caso de requerirlo. (Algunas ONG que prestan este tipo de ayuda son Avesa, Tinta Violeta, Muderes, Mulier y Voces de Género).

«Desde Tinta Violeta, creemos en el acompañamiento amoroso para salir del ciclo de la violencia. Cuando estamos solas es más difícil identificar, reaccionar y romper el círculo; pero cuando estamos acompañadas, cuando nos sentimos contenidas, podemos encontrar la salida. Cuando denunciamos, lo más difícil es mantenernos durante todo el proceso, porque el ruleteo, la revictimización nos paraliza, nos inmoviliza. Hacerlo acompañadas puede hacer la diferencia», apunta Karina Chacón. 

Dónde denunciar

En Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantiza la protección de los derechos de la población femenina. En todo caso, los entes a los que se puede acudir a colocar una denuncia son: 

  • Ministerio Público.
  • Juzgados de Paz.
  • Prefecturas y jefaturas civiles.
  • División de Protección en materia de niño, niña, adolescente, mujer y familia del cuerpo de investigación con competencia en la materia.
  • Órganos de policía.
  • Tribunales de municipios.