Venezuela tiene varias deudas pendientes con el planeta, alertan expertos en el Día de la Tierra

LA HUMANIDAD · 22 ABRIL, 2022 17:48

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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Al norte de América del Sur, en el trópico caliente y mítico, Venezuela se extiende a lo largo de 916.445 kilómetros con sus cerros, lagos, valles, selvas, cordilleras, llanuras y playas. Es un país de montañas milenarias y costas azules, que lleva más de una década enfrentándose a la destrucción continua de sus ecosistemas y a una alarmante falta de gestión ambiental. 

En el marco del Día de la Tierra, celebrado este 22 de abril, organizaciones ambientalistas recuerdan que la nación tiene una deuda pendiente con el planeta al no firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo Escazú).

Así mismo, varias problemáticas en el territorio nacional siguen sin ser resueltas. En algunos casos, han empeorado. 

El envenenamiento de más de 1.000 hectáreas en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar; los derrames de petróleo en el mar, la tala indiscriminada de árboles, el comercio ilegal de especies, la construcción de mansiones en lugares protegidos y los altos grados de contaminación son situaciones que no deben seguir ignorándose, indican los expertos.

«Los recursos naturales no son infinitos. Es una cantidad medible, única y tiene unos límites. Uno de los grandes problemas y deudas de Venezuela con el ambiente es la deforestación y la intervención de zonas naturales para desarrollar distintas actividades», explicó el doctor Luis Sandia, director del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de Los Andes (CIDIAT-ULA), a Efecto Cocuyo.

Es necesario firmar el Acuerdo Escazú

El Acuerdo Escazú fue creado en 2018 y firmado por 25 naciones de América Latina y el Caribe. Este busca garantizar varios puntos importantes: acceso a la información ambiental y justicia en asuntos ambientales en la región, la participación pública en estos temas y el derecho a generaciones presentes y futuras a gozar de un ambiente sano. 

«El Acuerdo Escazú es una plataforma mediante la cual se puede garantizar el derecho a la información ambiental y la transparencia en los procesos en relación a las gestiones de los países en el ambiente. Todo esto va contribuir a un diseño de modelos de gobernanza en los que participemos todos los actores, que es estratégico para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible», agregó Sandia. 

Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima 21, señaló que el país no participó en ninguna de las fases del proyecto para estructurar el acuerdo, en el foro Venezuela: Acuerdo de Escazú YA realizado este 22 de abril. 

«La respuesta a esto la dio el coordinador general de Provea, cuando en un artículo de hace varios años dijo que el proceso de destrucción de la institucionalidad ambiental venezolana había sido deliberado, porque era necesario para poder llegar al nivel actual en el que la minería actúa sin ningún tipo de control por ningún organismo. Si eso es cierto, Escazú no está en la mira del Estado de ninguna manera», puntualizó. 

Distintas organizaciones exigen al gobierno, presidido por Nicolás Maduro, adherirse al acuerdo y cumplir con el artículo 127 de la Constitución, que establece: «(…) Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley».

Auxilio para los parques nacionales

Los parques nacionales representan poco más del 20 % del territorio de Venezuela. Son 45 espacios protegidos repartidos en distintos estados del país. 

En el Parque Nacional Canaima, ubicado al sur, en Bolívar, la minería ha destruido hectáreas enteras, siendo los principales afectados las comunidades indígenas cuyo hogar está en el lugar.

Las denuncias se han multiplicado desde enero de 2010. En el año 2016, la indiferencia del Estado venezolano se hizo evidente cuando se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, oficialmente registrada en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855. Esta no es más que un área de explotación irregular de recursos minerales y comercialización de alto impacto ambiental negativo, que abarca gran parte de los 30.000 kilómetros de Canaima. 

«En Venezuela la crisis ambiental ha ido escalando. La minería está produciendo grandes impactos ambientales en la Amazonía. Hay un daño en todos los ríos de la zona y se están contaminando con mercurio”, reiteró Alejandro Álvarez.

Para 2021 el grupo SOS Orinoco determinó que Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales, con 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas aproximadas.

Por otro lado, el Parque Nacional El Ávila (también llamado Waraira Repano) en Caracas, ha sufrido tres incendios en lo que va de año por la temporada de sequía.

Los siniestros han sido complicados de controlar por el poco mantenimiento de los cortafuegos de parte de los encargados de la tarea, según denuncias de Marlene Sifontes, secretaria del sindicato del Instituto Nacional de Parques (Sunep Inparques). Al menos 3.000 hectáreas resultaron dañadas entre febrero y abril, arrojaron los informes preliminares. 

El paso de bicicletas y motos, la presencia de mascotas y, especialmente, la construcción de opulentas mansiones alrededor de Galipán también afectan de forma significativa a la icónica montaña de la capital. 

Los árboles caen

En Caracas, la crisis ambiental no alcanza sólo al Ávila. La tala indiscriminada de los árboles se agudizó durante 2021 y causó preocupación entre varias asociaciones ecologistas. Ese año 309 árboles desaparecieron en cuatro de los cinco municipios del Área Metropolitana, de acuerdo con datos recopilados por Ciudad Laboratorio entre el 20 de mayo y el 17 de junio. 

A las talas llevadas a cabo bajo la mirada indiferente de las alcaldías se unen las realizadas por los ciudadanos de a pie, debido a la falta de gas doméstico. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp) denunció en febrero de 2022 que un 34, 2 % de los habitantes que obtienen el gas por medio de cilindros lo recibe una vez cada tres meses. 

De acuerdo con el Proyecto EPA de Fundaredes, ambientalistas reportan talas en el Parque Nacional Waraira Repano en 2022. «Estas ramas y trozos de madera son usados como leña ante la escasez crónica de gas, para cocinar en medio de la emergencia humanitaria compleja que azota al país», indica la organización. 

En todo el país la situación se repite. la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) señaló que la desaparición de 32.000 cilindros de gas en el estado Barinas durante el segundo semestre de 2021 perjudica a más de 40 comunidades (unas 80 mil personas) y que, hasta la fecha, la mayoría cocina con leña por este motivo. 

El Grupo Ecológico San Pedro y la organización Clima 21 recuerdan que, al reducirse la cantidad de árboles en las urbes por la tala, el calor aumenta al igual que la contaminación. Especialmente porque no existe una reposición de los ejemplares cortados. 

Petróleo en el mar

Entre 2010 y 2018, en Venezuela ocurrieron 46.820 derrames tóxicos, en los que se vertieron 856.000 barriles de petróleo al medioambiente, según una investigación de la ONG Provea.

En los últimos años, las costas de Carabobo y Falcón se han visto gravemente contaminadas. Pescadores informaron de manchas negras que alejaron a los peces y se adhirieron a las embarcaciones, estropeándolas. Uno de los últimos casos fue documentado en las costas de Punta Cardón, el pasado 4 de marzo de 2022. 

«La presencia del petróleo en los ecosistemas marinos es sumamente dañina, porque estos son ecosistemas altamente frágiles. Hay una alteración muy grave. Los países deben garantizar que los procesos industriales y de transporte se hagan considerando todas las medidas de seguridad», apuntó el doctor Sandia.

El riesgo del cambio climático 

La Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana (Ucab Guayana) y la Alianza para la Acción Climática de Venezuela alertaron, en febrero de 2022, que la crisis ambiental venezolana debe ser atendida a la brevedad. De no ser así, el cambio climático ocasionaría aumentos del nivel del mar, inestabilidad y eventos meteorológicos externos.

En otras palabras, la fauna terminaría destruida, habría una mayor frecuencia de huracanes e inundaciones, se registrarían grandes sequías, las altas temperaturas terminarían por matar a varias especies, se perderían cultivos enteros, el suministro eléctrico colapsaría enteramente, entre otras consecuencias.

«Cuando se habla de cambio climático, lo que a la gente le viene a la mente es un oso polar flaquito, que está flotando en un hielo que se desprendió del Ártico. Pero, ¿qué es lo que pasa en un país tropical como Venezuela? La gente no se pregunta cómo nos va afectar eso a nosotros, ni cómo nos va a perjudicar desde el punto de vista alimentario», indicó Zoila Martínez, líder global de gestión de biodiversidad de la ONG Vitalis Iberoamérica.

Para Martínez es importante que exista una sensibilización en temas ambientales para la población venezolana. En especial, es fundamental saber la situación actual del país y cómo se puede ayudar a mitigar el impacto humano desde cada hogar. 

Por otro lado, organizaciones no gubernamentales explican que Venezuela puede resolver las principales problemáticas en materia ambiental, siempre que el Estado esté dispuesto a garantizar una gestión responsable. 

«A pesar de que tenemos muchos problemas, tenemos oportunidades para avanzar en ese proceso de buscar mecanismos de entendimiento y cooperación entre la ciencia, las tecnologías, el gobierno y las comunidades para incorporar el tema ambiental como un tema transversal a todas las decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico y social del país», indicó el doctor Sandia. 

LA HUMANIDAD · 22 ABRIL, 2022

Venezuela tiene varias deudas pendientes con el planeta, alertan expertos en el Día de la Tierra

Texto por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara

Al norte de América del Sur, en el trópico caliente y mítico, Venezuela se extiende a lo largo de 916.445 kilómetros con sus cerros, lagos, valles, selvas, cordilleras, llanuras y playas. Es un país de montañas milenarias y costas azules, que lleva más de una década enfrentándose a la destrucción continua de sus ecosistemas y a una alarmante falta de gestión ambiental. 

En el marco del Día de la Tierra, celebrado este 22 de abril, organizaciones ambientalistas recuerdan que la nación tiene una deuda pendiente con el planeta al no firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo Escazú).

Así mismo, varias problemáticas en el territorio nacional siguen sin ser resueltas. En algunos casos, han empeorado. 

El envenenamiento de más de 1.000 hectáreas en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar; los derrames de petróleo en el mar, la tala indiscriminada de árboles, el comercio ilegal de especies, la construcción de mansiones en lugares protegidos y los altos grados de contaminación son situaciones que no deben seguir ignorándose, indican los expertos.

«Los recursos naturales no son infinitos. Es una cantidad medible, única y tiene unos límites. Uno de los grandes problemas y deudas de Venezuela con el ambiente es la deforestación y la intervención de zonas naturales para desarrollar distintas actividades», explicó el doctor Luis Sandia, director del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial de la Universidad de Los Andes (CIDIAT-ULA), a Efecto Cocuyo.

Es necesario firmar el Acuerdo Escazú

El Acuerdo Escazú fue creado en 2018 y firmado por 25 naciones de América Latina y el Caribe. Este busca garantizar varios puntos importantes: acceso a la información ambiental y justicia en asuntos ambientales en la región, la participación pública en estos temas y el derecho a generaciones presentes y futuras a gozar de un ambiente sano. 

«El Acuerdo Escazú es una plataforma mediante la cual se puede garantizar el derecho a la información ambiental y la transparencia en los procesos en relación a las gestiones de los países en el ambiente. Todo esto va contribuir a un diseño de modelos de gobernanza en los que participemos todos los actores, que es estratégico para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible», agregó Sandia. 

Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima 21, señaló que el país no participó en ninguna de las fases del proyecto para estructurar el acuerdo, en el foro Venezuela: Acuerdo de Escazú YA realizado este 22 de abril. 

«La respuesta a esto la dio el coordinador general de Provea, cuando en un artículo de hace varios años dijo que el proceso de destrucción de la institucionalidad ambiental venezolana había sido deliberado, porque era necesario para poder llegar al nivel actual en el que la minería actúa sin ningún tipo de control por ningún organismo. Si eso es cierto, Escazú no está en la mira del Estado de ninguna manera», puntualizó. 

Distintas organizaciones exigen al gobierno, presidido por Nicolás Maduro, adherirse al acuerdo y cumplir con el artículo 127 de la Constitución, que establece: «(…) Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley».

Auxilio para los parques nacionales

Los parques nacionales representan poco más del 20 % del territorio de Venezuela. Son 45 espacios protegidos repartidos en distintos estados del país. 

En el Parque Nacional Canaima, ubicado al sur, en Bolívar, la minería ha destruido hectáreas enteras, siendo los principales afectados las comunidades indígenas cuyo hogar está en el lugar.

Las denuncias se han multiplicado desde enero de 2010. En el año 2016, la indiferencia del Estado venezolano se hizo evidente cuando se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, oficialmente registrada en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855. Esta no es más que un área de explotación irregular de recursos minerales y comercialización de alto impacto ambiental negativo, que abarca gran parte de los 30.000 kilómetros de Canaima. 

«En Venezuela la crisis ambiental ha ido escalando. La minería está produciendo grandes impactos ambientales en la Amazonía. Hay un daño en todos los ríos de la zona y se están contaminando con mercurio”, reiteró Alejandro Álvarez.

Para 2021 el grupo SOS Orinoco determinó que Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales, con 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas aproximadas.

Por otro lado, el Parque Nacional El Ávila (también llamado Waraira Repano) en Caracas, ha sufrido tres incendios en lo que va de año por la temporada de sequía.

Los siniestros han sido complicados de controlar por el poco mantenimiento de los cortafuegos de parte de los encargados de la tarea, según denuncias de Marlene Sifontes, secretaria del sindicato del Instituto Nacional de Parques (Sunep Inparques). Al menos 3.000 hectáreas resultaron dañadas entre febrero y abril, arrojaron los informes preliminares. 

El paso de bicicletas y motos, la presencia de mascotas y, especialmente, la construcción de opulentas mansiones alrededor de Galipán también afectan de forma significativa a la icónica montaña de la capital. 

Los árboles caen

En Caracas, la crisis ambiental no alcanza sólo al Ávila. La tala indiscriminada de los árboles se agudizó durante 2021 y causó preocupación entre varias asociaciones ecologistas. Ese año 309 árboles desaparecieron en cuatro de los cinco municipios del Área Metropolitana, de acuerdo con datos recopilados por Ciudad Laboratorio entre el 20 de mayo y el 17 de junio. 

A las talas llevadas a cabo bajo la mirada indiferente de las alcaldías se unen las realizadas por los ciudadanos de a pie, debido a la falta de gas doméstico. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp) denunció en febrero de 2022 que un 34, 2 % de los habitantes que obtienen el gas por medio de cilindros lo recibe una vez cada tres meses. 

De acuerdo con el Proyecto EPA de Fundaredes, ambientalistas reportan talas en el Parque Nacional Waraira Repano en 2022. «Estas ramas y trozos de madera son usados como leña ante la escasez crónica de gas, para cocinar en medio de la emergencia humanitaria compleja que azota al país», indica la organización. 

En todo el país la situación se repite. la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) señaló que la desaparición de 32.000 cilindros de gas en el estado Barinas durante el segundo semestre de 2021 perjudica a más de 40 comunidades (unas 80 mil personas) y que, hasta la fecha, la mayoría cocina con leña por este motivo. 

El Grupo Ecológico San Pedro y la organización Clima 21 recuerdan que, al reducirse la cantidad de árboles en las urbes por la tala, el calor aumenta al igual que la contaminación. Especialmente porque no existe una reposición de los ejemplares cortados. 

Petróleo en el mar

Entre 2010 y 2018, en Venezuela ocurrieron 46.820 derrames tóxicos, en los que se vertieron 856.000 barriles de petróleo al medioambiente, según una investigación de la ONG Provea.

En los últimos años, las costas de Carabobo y Falcón se han visto gravemente contaminadas. Pescadores informaron de manchas negras que alejaron a los peces y se adhirieron a las embarcaciones, estropeándolas. Uno de los últimos casos fue documentado en las costas de Punta Cardón, el pasado 4 de marzo de 2022. 

«La presencia del petróleo en los ecosistemas marinos es sumamente dañina, porque estos son ecosistemas altamente frágiles. Hay una alteración muy grave. Los países deben garantizar que los procesos industriales y de transporte se hagan considerando todas las medidas de seguridad», apuntó el doctor Sandia.

El riesgo del cambio climático 

La Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana (Ucab Guayana) y la Alianza para la Acción Climática de Venezuela alertaron, en febrero de 2022, que la crisis ambiental venezolana debe ser atendida a la brevedad. De no ser así, el cambio climático ocasionaría aumentos del nivel del mar, inestabilidad y eventos meteorológicos externos.

En otras palabras, la fauna terminaría destruida, habría una mayor frecuencia de huracanes e inundaciones, se registrarían grandes sequías, las altas temperaturas terminarían por matar a varias especies, se perderían cultivos enteros, el suministro eléctrico colapsaría enteramente, entre otras consecuencias.

«Cuando se habla de cambio climático, lo que a la gente le viene a la mente es un oso polar flaquito, que está flotando en un hielo que se desprendió del Ártico. Pero, ¿qué es lo que pasa en un país tropical como Venezuela? La gente no se pregunta cómo nos va afectar eso a nosotros, ni cómo nos va a perjudicar desde el punto de vista alimentario», indicó Zoila Martínez, líder global de gestión de biodiversidad de la ONG Vitalis Iberoamérica.

Para Martínez es importante que exista una sensibilización en temas ambientales para la población venezolana. En especial, es fundamental saber la situación actual del país y cómo se puede ayudar a mitigar el impacto humano desde cada hogar. 

Por otro lado, organizaciones no gubernamentales explican que Venezuela puede resolver las principales problemáticas en materia ambiental, siempre que el Estado esté dispuesto a garantizar una gestión responsable. 

«A pesar de que tenemos muchos problemas, tenemos oportunidades para avanzar en ese proceso de buscar mecanismos de entendimiento y cooperación entre la ciencia, las tecnologías, el gobierno y las comunidades para incorporar el tema ambiental como un tema transversal a todas las decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico y social del país», indicó el doctor Sandia. 

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