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Defensores de derechos humanos y académicos coinciden en que el uso del sistema patria para gestionar la vacunación de las personas de la tercera edad en Venezuela (mayores de 60 años) es un acto de discriminación.

La consultora en comunicación política, Iria Puyosa, aseveró que la medida viola no solo el derecho a la protección de los datos personales de la ciudadanía, sino los derechos a la salud y la vida.

“Constituye una violación de derechos porque las personas que no están registradas quedan eliminadas de la posibilidad de optar a una vacuna. El origen de esa discriminación es por razones políticas”, aseguró en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo este martes 13 de abril.

Planteó que detrás de este anuncio, por parte de la administración de Nicolás Maduro, hay una intención de “generar más presión” y “llegar a tener al total de la población en el sistema patria”.

Registro forzado

Puyosa recordó que, desde la creación de la plataforma, el Gobierno de Maduro fue transfiriéndole distintos tipos de beneficios (como el pago de las pensiones, el subsidio de la gasolina y los bonos) “forzando a la gente a registrarse, aunque no lo deseara”.

En el caso de las jornadas de vacunación, la consultora opinó que se trata de “una oferta engañosa” porque “sabemos que en Venezuela no hay vacunas como para cubrir a la población”.

En todo caso, señaló que la data del Registro Civil y la cédula de identidad serían más que suficientes para identificar a las y los adultos mayores en el territorio y planificar así los operativos, al igual que en el caso del personal de salud se pudo usar las nóminas del ministerio o del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Información dudosa

La investigadora mencionó además que, de acuerdo con un estudio que desarrolla, han determinado que “con frecuencia las personas mienten” respecto a la información que ingresan a la página del sistema patria.

“Como mecanismo de defensa de sus datos personales, de su autonomía política y personal, introducen datos falsos, lo que descalifica esa base de datos sobre la información al menos en materia de salud… algunos ocultan información por miedo a las consecuencias de que esta sea usada en su contra… lo hemos encontrado mucho”, dijo.

Por último, llamó a las organizaciones de la sociedad civil a sentar posición y exigir a organismo nacionales e internacionales que se revierta la medida. “Yo no le recomendaría a nadie que se registre”, dijo.

Vacunación de adultos mayores

El director de la asociación civil Convite, Luis Francisco Cabezas, coincidió con Puyosa al señalar que el uso del sistema patria para la vacunación discrimina a quienes no están inscritos, porque se trata de una herramienta que se ha politizado.

Estimó que alrededor de un 30 % de la población general no se ha registrado: unos porque consideran que se trata de un mecanismo de control político, y tomaron la legítima decisión de no afiliarse; otros porque no tienen acceso a Internet o equipos para realizar el proceso y otros.

“Queremos dejar claro que celebramos que, al menos, se haya iniciado el proceso. No estamos en ningún momento en contra de que se iniciara un proceso que debía haber iniciado hace mucho tiempo”, expresó Cabezas y agregó que, sin embargo, la condición de estar registrados en la plataforma es un obstáculo que genera “ruido” e “incertidumbre” a un sector de la población.

Sin embargo, consideró que “hay que ser pragmático” y “si queremos que los adultos mayores se vacunen y ese es el mecanismo, tengo que aclarar que es discriminatorio, pero si es por ahí: vamos a darle”, pues hay que apoyar en la inscripción de los que aún no lo han hecho, “claro, si así lo desean”.

Falta de información y proselitismo

El activista de DDHH mencionó que de acuerdo al monitoreo realizado por Convite en la jornada de vacunación que se hizo en el municipio Baruta el pasado 9 de abril, a los presentes les pidieron el carnet de la patria.

Alertó que en la jornada no se cumplió al 100 % el mantener el distanciamiento físico y por el contrario hubo mucha aglomeración de personas. “Se ha dicho que es necesario que los procesos de vacunación no se conviertan en lugares de transmisión”.

Por otro lado, cuestionó la presencia de concejales al frente de la actividad, especialmente en vísperas de un proceso electoral cercano, lo que describió como proselitismo político. “No se puede politizar el proceso de vacunación”.

“Hasta donde tengo entendido es la Sputnik V”, dijo sobre la vacuna que les habrían colocado a los seleccionados para ese operativo.

Información y transparencia

Cabezas insistió en la necesidad de que las jornadas sean sujetas a contraloría. Señaló, por otro lado, que las ONG no “no podemos convertirnos en un elemento que obstaculice el proceso”, y por el contrario planteó que estas deben ofrecer su ayuda para agilizar el avance de la vacunación.

Por otro lado, calificó de “un peligro” que se deje en manos de voceros de consejos comunales las listas de personas que desean vacunarse en las comunidades, ya que en el pasado hubo denuncias de cómo quienes ocupan estos cargos han excluido a ciudadanos opositores a Maduro de beneficios como la caja Clap de alimentos subsidiados.

“No hay que negar que el sistema patria tiene una importante base de datos, tiene una información actualizada, con número de teléfono para convocar, pero hay que preguntarse ¿qué pasa con los que están fuera?”, reiteró.

Dijo que se debe generar información para que ese sector sea convocado a las jornadas, para lo que se puede cruzar información de los pensionados, la banca y la cédula de identidad.

Agregó que preocupa que no se conozca información clara sobre cómo es el mecanismo de selección, de los criterios geográficos, condición que genera escepticismo.

Geriátricos y ancianatos

El pasado 5 de abril el ministro de Salud de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, que esta nueva fase incluirá a las personas que están “institucionalizadas en centros de atención para adultos mayores”.

Cabezas señaló que Convite realiza un monitoreo con encargados de distintos ancianatos en todo el país, y “hasta ahora no han sido contactados para el despliegue de operativos en ese lugar”.

Comentó también que “98 % de las personas dentro de los ancianatos están dentro del sistema patria”.

En Venezuela, de acuerdo a los datos que maneja la ONG, hay alrededor de 4.500.000 y 4.700.000 adultos mayores de 60 años de edad, lo que representaría entre 12 % y 14 % de la población.