Venezuela es un territorio asentado sobre fallas geológicas, pero los venezolanos perciben lo sísmico como un peligro lejano. A partir de allí, la experta Virginia Jiménez comienza a explicar cómo los riesgos son construcciones sociales y cómo los terremotos del 24 de junio de 2026 revelan “un desastre previo al desastre”.

Jiménez es una geógrafa, egresada de la Universidad Central de Venezuela, investigadora, docente y consultora  venezolana, con un Ph.D. en  Geomorfología Aplicada, por el University College London. Durante 40 años se ha concentrado en temas de gestión del riesgo de desastres en espacios urbanos. Participó en la formulación del Plan Básico de Prevención de Desastres de Caracas y en la formulación de los  planes de recuperación del estado Vargas (hoy Estado La Guaira), luego del deslave de 1999. Lamenta decir que, 27 años después de la tragedia que estremeció el litoral central, las vulnerabilidades se han multiplicado y se han extendido en el país como resultado del debilitamiento de las instituciones, la pérdida de capacidades y la falta de planificación en la expansión de nuestra ciudades.

En todo caso, la experta considera que el período de sensibilidad pública tras una emergencia como la causada por los sismos del 24 de junio puede servir para avanzar en una gestión sistemática e integral  de los riesgos, que ponga el acento en las causas del problema y los modos de mitigarlos.

-¿Por qué usted afirma que los terremotos del 24 de junio del 2026 dejaron al descubierto un desastre antes del desastre?

-La institucionalidad que soporta la información básica y que una vez fue referente regional ha sufrido un desmantelamiento progresivo de sus capacidades, en términos de personal valioso, equipos y capacidades. 

La migración de entes técnicos como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ecosocialismo, respectivamente, al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz es una decisión a reajustar. Este cambio de adscripción ha sofocado la producción de conocimiento, que es imprescindible para que las decisiones y los planes estén fundamentados en criterios científicos y al margen de la arbitrariedad de un funcionariado que desconoce la temática y no le da prioridad en medio de un Ministerio con otras funciones. 

En 2004  teníamos la red sismológica más importante de América Latina, hoy, mencionado por el ingeniero Raúl Estévez, quedan 3 estaciones. El país pasó de tener una red de más de 900 estaciones hidrometeorológicas a contar con menos de 100, cegando nuestra capacidad de monitoreo. En este caso, el riesgo es también producto del desdibujamiento de la autoridad técnica e institucional.

-¿En qué consiste la responsabilidad de los gobiernos locales?

-La migración masiva también vació las alcaldías de funcionarios de carrera, dejando el territorio en manos de la improvisación. El riesgo se construye en lo local, bajo la influencia de la toma de decisiones regional y nacional. Es urgente formar a los gerentes municipales para que entiendan que su responsabilidad no termina en la recolección de desechos sólidos y otros servicios, sino que incluye la gestión del suelo urbano, su planificación, su administración y la permisología técnica.

Desde la institucionalidad se debe promover la red educativa que necesitamos para aprender a vivir en un país con riesgo sísmico y con otros riesgos. Una escuela de alcaldes, cuyo examen final sea proponer un programa de gestión municipal que considere la reducción del riesgo en el municipio, sería crucial.

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-¿Cuáles son los criterios que deben orientar el reordenamiento territorial?

-La municipalización de la gestión del riesgo es clave y debe ser comprendida por todas las instancias del Poder Público. Por ejemplo, es inaceptable que desde Caracas se imponga la construcción de un urbanismo, públicos y privados, sin tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales e, incluso, se ignoren estudios técnicos detallados o normativas locales. 

El crecimiento indetenible de viviendas autoconstruidas y de viviendas formales sin la adecuada observancia de las normas vigentes, en bordes de quebradas y zonas de alta amenaza sísmica, o la ausencia de medidas de reducción de riesgo como el reforzamiento de estructuras, da paso a la construcción cotidiana de las condiciones de riesgo, que ante la manifestación de un fenómeno natural se traduce en desastre. Las precarias condiciones socioeconómicas de la población contribuyen a aumentar exponencialmente la vulnerabilidad.

-¿Cómo usted evalúa el desempeño de las instituciones del Estado venezolano responsables de la gestión de riesgos?

-En términos formales, existe la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, vigente desde 2009. Sin embargo, esa ley carece de un reglamento que desarrolle y facilite su aplicación práctica; por ejemplo, que defina en detalle actores, plazos, y lineamientos para la formulación y aplicación de planes de reducción del riesgo obligatorios y planes de recuperación post-desastre.

Lo que hemos visto en los últimos años es un ajuste que eleva al rango de viceministerio los servicios de protección civil, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz. El Poder Ejecutivo Nacional asume la rectoría del sistema Nacional de Gestión de Riesgos, pero la mayoría de las veces se limita a prácticas atencionistas; es decir, actúa reactivamente luego de los eventos: ofrece refugios, comida… pero no alcanza a ver, en alianza con los entes sectoriales, las causas de los problemas, sino las consecuencias, que a veces implican daños irreversibles. En resumen, no es un sistema de gestión de riesgos, sino un sistema de atención de emergencias.

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-¿Cuál debe ser la contribución de las instituciones educativas?

El mejoramiento del desempeño profesional de los egresados de las escuelas creadas para graduar funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres es clave, en un país con el nivel de amenazas y alta vulnerabilidad como el que tenemos. Estos funcionarios  son muchas veces el brazo ejecutor del municipio en estos temas.

El aporte de las universidades nacionales es imprescindible. Pensemos  en entes como el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) y el Instituto de Mecánica de Fluidos, ambos de la Universidad Central de Venezuela, con expertos calificados y otros tantos valiosos profesionales que permanecen aún en el país, con diversas especialidades en estos temas, pero no son escuchados.

Yo imagino, por ejemplo, escuelas para formar personal especializado en búsqueda y rescate. Venezuela necesita rescatistas formados en escenarios reales, con infraestructuras diseñadas para la práctica de levantamiento de estructuras y maniobras críticas.

La dependencia de la ayuda internacional tardía cuesta vidas. La capacidad de respuesta puede  ser interna y de excelencia, lo que no excluye el respaldo de expertos y tecnologías de corte internacional, como el que hemos tenido en esta oportunidad en La Guaira.

Como hemos visto, la primera respuesta ha provenido de las mismas comunidades afectadas. Por eso, la ciudadanía, es el actor más importante a capacitar. Es necesario avanzar en sistemas de alerta temprana, planes de emergencia, procedimientos de evacuación y, en general, preparativos que salvan vidas. Se deben realizar simulacros y fortalecer la cultura de prevención del riesgo como una actividad formativa permanente.

Los desafíos

Sobre la base de su experiencia como asesora de diversas instancias del Poder Público, Jiménez identifica una brecha que aleja a los planificadores de los ejecutores. “Venezuela posee estudios interdisciplinarios de alta calidad, como el Proyecto Ávila o los mapas de riesgo y planes post-Vargas 1999, pero estos terminan archivados o extraviados por falta de continuidad político administrativa”, razona la experta.

-¿Cuáles son las tareas prioritarias para fortalecer la resiliencia sísmica?

– Venezuela cuenta con normas de construcción sismorresistente desde 1947, las cuales fueron actualizadas en 2019. La observancia de la norma en el diseño de la infraestructura por parte de los profesionales y la supervisión de obras como parte del trabajo de las autoridades municipales es clave. Los funcionarios de las alcaldías son los más directos responsables del cumplimiento de este tipo de normas, con el acompañamiento de especialistas. 

Los estudios de microzonificación sísmica son imprescindibles, en el caso de Vargas, el estudio de microzonificación es una deuda inexplicable. Las ordenanzas municipales convierten los estudios en la cartilla de aplicación local. Caracas (Libertador, Sucre y El Hatillo) y Barquisimeto creo que tienen ordenanzas en este sentido. Chacao y Baruta están en proceso. Cumana, Merida, Maracay, Valencia, Guarenas y Guatire, deben avanzar con estudios de microzonificación sísmica que permitan concretar estas tareas.

-¿Qué debe hacer y qué no debe  hacer la Autoridad Única designada para la atención de las consecuencias de los terremotos del 24 en comparación con lo que hizo la Autoridad Única designada inmediatamente después de la tragedia de Vargas de 1999?

-Recordemos que en Vargas no solo estaba la Autoridad Única, que planificaba y coordinaba los estudios técnicos para la reconstrucción y gestionaba los planes. También estaba Corpovargas, que fue creado para coordinar y ejecutar la reconstrucción del estado y que administraba el dinero. Además, coexistían la gobernación y la alcaldía, las autoridades locales. En suma,  cuatro instancias de gobierno actuando sobre un mismo territorio y sobre los mismos asuntos.

Creo que en esta oportunidad la Autoridad Única debe asumir como prioridad el restablecimiento de las capacidades de gobierno de los poderes regionales y municipales. En este sentido, su trabajo no debería extenderse más allá un año; a lo sumo dos, tal como lo establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, en la figura de Coordinación de Reconstrucción. No debería repetirse la persistencia de un ente distinto a las autoridades regionales y locales durante casi una década, como ocurrió luego de la tragedia de Vargas en 1999.

-¿Por dónde empezar la elaboración de un plan de recuperación y reconstrucción de La Guaira?

-En esta oportunidad no se debe partir de cero para elaborar planes de recuperación y reconstrucción; se deben recuperar los estudios que se hicieron hace 27 años. Lamentablemente no hay un repositorio de documentos y datos accesible; ni siquiera en la alcaldía. Ese déficit demuestra el incumplimiento de la mencionada ley, la cual establece la creación y mantenimiento de una plataforma o registro nacional de información para la gestión de riesgos.

-¿Es posible y conveniente el repoblamiento de La Guaira?

-En mi opinión, otro de los errores cometidos luego del evento de 1999 fue llevar la tragedia de Vargas por todo el país, mediante un desplazamiento forzoso de personas damnificadas a  otros estados.

La evacuación masiva corresponde a una gestión vertical y bélica de los desastres, que no dimensiona adecuadamente el arraigo de la población a su entorno y, como ocurrió hace 27 años, tiene efectos traumáticos.

Más que repoblamiento, se trata de un reordenamiento sostenible, orientado a  la recuperación del tejido social y el principio de “quedarse en el sitio” mediante una zonificación segura.

-¿Cuáles son las primeras tareas a emprender?

Aquí, de nuevo, las acciones deben tener fundamento técnico científico. Por ejemplo, se debe aplicar el Índice de Priorización de Edificaciones para la Gestión del Riesgo Sísmico, que es una herramienta clave utilizada por expertos del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la UCV, para evaluar qué estructuras deben priorizadas para su evaluación y posteriormente ser intervenidas o reforzadas de manera urgente.

Y en el caso de La Guaira también hay que tomar acciones preventivas para atender los riesgos de inundaciones y aludes torrenciales; lo cual amerita una reevaluación de sus cuencas y una adecuación de los sistemas de protección hidráulicos, específicamente las presas que se construyeron en 1999.

-¿Qué debemos aprender de los terremotos del 24 de junio?

-Que los desastres son una suma de vulnerabilidades: físicas, socioeconómicas, institucionales, educativas. Que las causas de los desastres tienen que ver con una resta, con lo que falta, con lo que dejamos de hacer bien. Que debemos aprender a vivir en un país sísmico y ello implica reflexionar sobre el proceso de desarrollo en lo macro, y sobre el fortalecimiento de capacidades de nuestra población y sus medios de vida en lo micro. Que no podemos esperar el próximo desastre para comenzar a corregir las causas que generan las condiciones de riesgo, y que debemos prepararnos y remontar la cuesta.