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La salud sexual y reproductiva de las venezolanas está en riesgo. El sistema público fue prácticamente desmantelado. En medio de una emergencia económica y humanitaria sin precedentes los servicios privados cuestan hasta 80 salarios mínimos.

El tuit que publicó una humorista, el pasado 23 de febrero, desató un intenso debate en esta red social sobre las tarifas de las consultas ginecológicas en el país. Los montos van desde 25 hasta 80 dólares cuando el salario mínimo no llega ni a un dólar, al estar fijado en 1.200.000 bolívares al mes.

Los altos funcionarios del Gobierno se escudan en las sanciones para justificar el deterioro de vida de los venezolanos y apelan a los subsidios como las bolsas de comida de los Clap y las ayudas monetarias que depositan en forma de bonos para negar los niveles de pobreza y desigualdad.

Los profesionales se dedican a hacer múltiples oficios, que muchas veces en nada tienen que ver con sus áreas de especialidad, porque el sueldo mínimo y la bonificación no les alcanza para costear los bienes y servicios básicos.

Vidas comprometidas

Un estudio realizado por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), hecho en julio de 2019 a una población de 100 mujeres de distintas edades en la parroquia Fila de Mariches del estado Miranda, revela que el 57,7% de las mujeres no tiene acceso a los servicios de salud de ningún tipo (no solo ginecológicos) porque no pueden pagar consultas, medicinas ni exámenes.

Otros datos recopilados por la organización son reveladores y demoledores: 8 de cada 10 mujeres admiten que están en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual o de tener un embarazo no planificado. Esto porque no tienen acceso a anticonceptivos ni en el sistema público ni en el privado por sus altos costos.

Además, 7 de cada 10 mujeres creen que abortarían en caso de quedar embarazadas porque apenas pueden sobrevivir a la crisis económica.

En un segundo estudio, Avesa determinó que hubo una reducción de 17,85% en los servicios públicos de planificación familiar y 17,24% en servicios de control prenatal en noviembre de 2020, según un monitoreo realizado en 68 centros de atención primaria de salud (llamados consultorios populares) en Caracas y Miranda.

 “Hay una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno de esos derechos es la garantía de tener acceso al servicio, y esta vulneración se traduce en problemas de salud que, al no ser atendidos a tiempo, pueden provocar lesiones más graves”, advierte la psicóloga, especialista en estudios de la mujer y coordinadora de Avesa, Magdymar León.

Un diagnóstico a tiempo del virus del papiloma humano (VPH) puede salvar a una mujer de padecer cáncer de cuello uterino, señala la especialista.

“Una mujer que tiene síndrome de ovarios poliquísticos necesita atención porque esto puede interferir con su capacidad reproductiva o generar alteraciones hormonales que pueden devenir en un problema mayor. La reducción de los servicios de planificación familiar también provoca embarazos no deseados que tienen implicaciones como la reproducción de la pobreza. Este drama pone en riesgo la vida de las mujeres”.

Magdymar León, coordinadora de Avesa

Aumento de infecciones de transmisión sexual

La especialista en salud sexual y reproductiva de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), Mariana Maza, concluye que las dificultades que tienen las mujeres para acceder a servicios de salud se han traducido en un repunte de infecciones de transmisión sexual.

“El incremento de mujeres que llegan (a Plafam) para hacerse una citología porque están teniendo síntomas de alguna enfermedad de transmisión sexual nos alarma. El otro problema es que la mujer que logra pagar una consulta no puede después pagar el tratamiento que necesita”, expone.

“Al área de orientación también llegan mujeres embarazadas que no saben qué hacer porque no tienen recursos económicos para mantenerse”.

Mariana Maza, Plafam

Maza no duda en afirmar que en Venezuela no solo se vulneran los derechos sexuales y reproductivos, sino el derecho humano a la salud y esto se agravó con la pandemia de COVID-19 que provocó que en hospitales y ambulatorios fueran priorizados los enfermos de la pandemia en detrimento de otros servicios.

¿Qué hacer?

La psicóloga y coordinadora de Avesa, Magdymar León, recomienda a las mujeres monitorear la dotación de anticonceptivos en los consultorios populares de sus municipios. Algunos de estos ambulatorios reciben insumos como parte del plan de respuesta humanitaria.

También sugiere optar por métodos anticonceptivos de larga duración como los implantes subdérmicos o los dispositivos intrauterinos. “Esto nos quita un poco la presión de las píldoras o los inyectables, pero el uso de cualquier anticonceptivo debe estar acompañado de una evaluación médica, esto es muy importante”, destaca.

Plafam es otra opción accesible. En su página web ofrecen información sobre los servicios que tienen disponibles en sus cuatro sedes ubicadas en Altagracia (Caracas), Petare (Miranda), Valles del Tuy (Miranda) y Guarenas (Miranda) y las tarifas actualizadas. También ofrecen un servicio telefónico de consultas ginecológicas.