“Una amnistía debe ser una garantía de libertad plena y no un escudo de impunidad”, señalan defensores de DDHH

El sistema de justicia venezolano mantiene bajo arresto a una población que oscila entre los 850 y 1.011 ciudadanos por motivos políticos, según los registros de organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón. Ante el anuncio de las excarcelaciones realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la incertidumbre continúa debido a que no se han oficializado listas y tampoco se han producido liberaciones masivas.

El número de presos políticos reportado por las organizaciones no gubernamentales constituye un impedimento para cualquier proceso de normalización institucional o progreso hacia un ambiente de distensión en el país y ante la posibilidad de una Ley de Amnistía, los defensores de derechos humanos evalúan si estas medidas constituyen un avance real hacia la democracia o simples mecanismos de control judicial.

La discusión sobre la liberación de estos prisioneros cobra vigencia en un contexto donde las excarcelaciones suelen ocurrir bajo medidas cautelares que mantienen los procesos judiciales abiertos; una modalidad de “libertad restringida” que impide que los beneficiarios retomen sus vidas con normalidad, pues quedan sujetos a presentaciones en tribunales y prohibiciones de salida del país, entre otras restricciones.

Los abogados Martha Tineo y Kelvin Zambrano, entrevistados por Efecto Cocuyo, coinciden en que una amnistía general representa un paso significativo, pero advierten sobre los riesgos de un diseño legislativo apresurado.

Ambos juristas enfatizan la necesidad de un debate transparente que involucre a la sociedad civil para evitar que la ley favorezca a los responsables de violaciones de derechos humanos. 

El riesgo de la impunidad

Martha Tineo, coordinadora de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, sostiene  que una Ley de Amnistía es una posibilidad valiosa para anular procesos judiciales y lograr la libertad total de los perseguidos. Sin embargo, expresa una preocupación profunda sobre el contenido de dicha normativa, ya que su redacción podría servir para proteger a victimarios en lugar de a las víctimas. 

Tineo insiste en que el proceso debe ser inclusivo y transparente para cumplir con los estándares internacionales de justicia.

“Nos preocupa muchísimo que no se convierta en un escudo de impunidad para personas que han cometido violaciones a los derechos humanos y de alguna manera puedan beneficiarse con esa ley”, dijo la abogada en una conversación telefónica. 

La temporalidad de la ley es otro factor crítico para la abogada, quien recuerda que existen prisioneros políticos desde el año 2003, como es el caso de los agentes de la Policía Metropolitana. Para Tineo, la amnistía debe ser lo suficientemente amplia para amparar a quienes llevan décadas en prisión y debe vigilar de cerca la tipificación de los delitos. 

Tineo denuncia que el sistema judicial ha instrumentalizado delitos como el terrorismo para perseguir a la disidencia, lo cual complica la aplicación de beneficios legales.

“Entendemos que una ley de amnistía puede favorecer el proceso para que todos sean liberados plenamente pero hay que revisarlo con muchísimo cuidado atendiendo la temporalidad y los delitos”, aseguró. 

La transición y el desmantelamiento de la estructura represiva

Por su parte, Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, percibe la amnistía como un síntoma inicial de una posible transición a la democracia. No obstante, aclara que la libertad de los presos políticos es insuficiente si no se acompaña de reformas legales profundas. 

Para el abogado, el verdadero reto consiste en eliminar la institucionalidad que permitió la tortura y la persecución sistemática durante los últimos años en el territorio nacional.

“La amnistía general de los presos políticos es un paso fundamental para identificar los primeros rasgos de una transición a la democracia y una consolidación de la misma”, agregó.

Zambrano también pone el foco en la identificación correcta de quién es un preso político, más allá de los líderes partidistas o activistas reconocidos. 

El jurista explica que existe un grupo importante de ciudadanos sin militancia que enfrentan cargos por delitos donde el “bien jurídico a proteger” es el Estado, lo que los convierte en prisioneros de conciencia. 

El defensor de derechos humanos rechazó las libertades condicionales que el gobierno ha otorgado en el pasado y exige una supervisión social estricta sobre cualquier nuevo mecanismo de liberación.

“Las libertades tienen que ser evidentemente plenas, no se pueden dar libertades condicionales como ha sucedido en el pasado, debe ser plena y bajo la supervisión de todos los sectores”, concluyó.