Tres casos en los que se violaron los derechos de menores de edad, según el informe de la ONU

LA HUMANIDAD · 19 SEPTIEMBRE, 2020 20:00

Tres casos en los que se violaron los derechos de menores de edad, según el informe de la ONU

Texto por Shari Avendaño | @shariavendano

Ver más de

Shari Avendaño | @shariavendano

¿Cómo valoras esta información?

5
QUÉ CHÉVERE
1
QUÉ INDIGNANTE
1
QUÉ CHIMBO

Golpes, insultos y arrestos arbitrarios sufrieron niños, niñas y adolescentes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en determinadas ocasiones, según se refleja en el informe de la Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

En el informe publicado el pasado 15 de septiembre, la Misión da cuenta de la investigación de 223 casos individuales, de los cuales 48 se detallan en el informe completo. Los casos a profundizar fueron seleccionados a partir de consideraciones de disponibilidad y seguridad de los testigos.

También se examinaron otras 2.891 violaciones de los derechos humanos para corroborar patrones, pero la Misión no ha podido investigar todos los contextos. De los casos detallados por el grupo, tres involucraban a niños, niñas y adolescentes en detenciones durante protestas y operaciones policiales.

A continuación tres ocasiones en las que se vulneraron sus derechos humanos según la ONU:

Maltratos

Según el Foro Penal, 31 personas fueron detenidas el 12 de febrero de 2014, incluyendo niños adolescentes, mujeres y hombres (página 339). La mayoría de las personas fueron arrestadas cerca de la plaza Parque Carabobo (Distrito Capital) y recluidas en la sede cercana del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Testigos indicaron a la Misión que cuando ingresaron al edificio, funcionarios del Cicpc formando una especie de pasillo por el cual los detenidos tenían que pasar, mientras los golpeaban con sus puños, cascos y las culatas de sus armas.

Detenciones

Cerca de las 3 de la tarde, los cuerpos de seguridad empezaron a detener personas de forma indiscriminada en una protesta en San Felipe (Yaracuy) el 23 de enero de 2019 (página 394). Ese día aprehendieron a 51 personas, entre ellas 17 niños adolescentes y 2 niñas adolescentes (calificación utilizada por la ONU).

La Misión entrevistó a uno de los adolescentes detenidos y contrastaron sus declaraciones con otras investigaciones y entrevistas a las que tuvieron acceso. Trasladaron a los 51 detenidos a la sede de la policía de Juan José de Maya, conocida como La Baldosera. Mantuvieron a los niños y niñas en el mismo lugar donde estaban los adultos. Todos pasaron dos días en el centro policial sin acceso a un baño.

El 25 de enero de 2019, presentaron a los 19 adolescentes y ordenaron prisión preventiva para ellos. Al día siguiente, 26 de enero de 2019, llevaron a las dos niñas adolescentes a un centro de detención de mujeres adultas en Guama (municipio de Sucre). Los niños adolescentes fueron llevados a la Entidad de Atención de Internamiento “Manuel Segundo Álvarez” (municipio de Cocorote).

La jueza encargada del proceso de los muchachos, Ediluh Guédez Ochoa, publicó un video el 29 de enero de 2019, en que admitió que la decisión de mantener a los adolescentes en prisión preventiva fue tomada bajo coacción y presión. El 31 de enero de 2019, el Juzgado de Primera Instancia de Control de Menores Nº 1 de San Felipe ordenó la puesta en libertad de los adolescentes con medidas cautelares sustitutivas.

La Misión concluyó que tiene en este caso existen motivos razonables para creer que los hombres y mujeres detenidos, así como los adolescentes, fueron víctimas de arrestos arbitrarios, tortura y tratos crueles durante su detención.

Agresiones

La Misión identificó como uno de los patrones de las ejecuciones extrajudiciales el hecho de que la policía entraba a los hogares sin presentar orden judicial, saca a los familiares de las víctimas (mujeres, ancianos y niños) o los aíslan en lugares separados de la casa.

Sin embargo, en el caso del asesinato de Luis Enrique Ramos (página 291 del informe), el 24 de enero de 2019, no fue así. Hasta 50 agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) se apostaron dentro y a los alrededores de su casa en Carora (Lara). Los funcionarios golpearon a Ramos y a todos los miembros de su familia, incluyendo un niño de 2 años. Luego los llevaron a una habitación en la parte de atrás de la casa.

Cuando los agentes de las Faes escucharon el llanto de los niños, les gritaron “cállate, maldito gordo” y amenazaron con quemarlos vivos. Mientras tanto, Ramos seguía en la sala de la casa esposado, arrodillado y recibiendo golpes en la cabeza. Después de un rato, los funcionaron sacaron a la familia de la casa y dejaron a Ramos en la vivienda junto con el resto de los efectivos.

Ramos recibió un disparo en el pecho y fue golpeado en la cabeza. Luego de su asesinato, la oficina de seguridad del estado Lara dijo que había muerto en un enfrentamiento mientras se “resistía a la autoridad”.