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En Venezuela, funcionarios policiales y militares utilizan la violencia sexual como un medio de tortura para obtener confesiones o información. Los perpetradores en su mayoría son miembros del Sebin y la Dgcim, según registró la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela que nombró el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“La Dgcim y el Sebin perpetraron la mayoría de los actos de violencia sexual documentados por la Misión dirigiendo sus acciones contra hombres y mujeres que se percibían como vinculados a la disidencia militar o la oposición política”, alertó el informe.

Los expertos de la ONU también señalan que el uso de la violencia sexual como técnica represiva durante circunstancias coercitivas como el arresto y la detención “es generalizado y se practica sin investigación, enjuiciamiento o sanción adecuada”.

La misión investigó 45 incidentes de violencia sexual “con base en información directa y en información reunida por fuentes confiables, incluidas organizaciones no gubernamentales”. En 20 de los incidentes se detallan en 15 casos documentados a detalle.

Los 45 incidentes incluyeron 89 actos específicos de violencia sexual. Nueve ocurrieron en el contexto de manifestaciones, 34 durante interrogatorios o detenciones de disidentes u opositores, y dos durante operaciones de seguridad.

En el 74% de los incidentes la violencia sexual fue perpetrado contra hombres y en el 30% contra las mujeres. “El mayor número de víctimas masculinas documentadas en esta sección se correlaciona con el mayor porcentaje de víctimas masculinas de las diversas violaciones y delitos investigados dentro del mandato de la Misión”.

Los actos incluyen violación o amenazas de violación, desnudez forzada, violencia dirigida a los genitales, entre otros.

Aquí tres de los 15 casos detallados que registra el informe de la ONU:

Caso: Ariana Granadillo y su familia

En enero de 2018, Ariana Granadillo era una estudiante de medicina de 21 años de edad en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en el estado Guárico. Su padre, Argenis Granadillo, es primo segundo del coronel retirado Oswaldo García Palomo a quien el gobierno de Nicolás Maduro acusa de orquestar un intento de golpe de Estado y mantiene preso actualmente.

La familia de Ariana Granadillo vivía en una zona rural del estado Monagas, pero a finales de enero de 2018, la aspirante a médico se mudó a la casa de la familia García Palomo para realizar una pasantía en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda.

El 1 de febrero de 2018, Ariana Granadillo estaba en la casa con la esposa del coronel García Palomo, Sorbay Padilla, la hija de 22 años de Padilla y su hijo de 24 años. A las 13 horas (1:00 pm), unos camiones y sedanes blancos sin placas entraron en la urbanización. Ariana escuchó fuertes golpes en la puerta principal y gritos afuera, abrió y más de 20 oficiales entraron en la casa sin presentar una orden de allanamiento ni de detención. Algunos tenían uniforme de la Dgcim y otros del Sebin y llevaban pasamontañas con imágenes de calaveras.

Los funcionarios golpearon al hijo de García Palomo frente a sus familiares mientras pedían la ubicación del militar, apuntaron con armas a la señora Padilla y a la cabeza de su hija. También incautaron computadores y celulares y metieron otros bienes personales en maletas incluyendo ropa, zapatos y aparatos electrónicos.

Por último se llevaron detenidos a la madre Sorbay Padilla y a su hijo de 24 años, a quienes esposaron y encapucharon. A Ariana Granadillos y a su prima les ordenaron no salir de la casa ni ponerse en contacto con nadie si querían sobrevivir.

A Sorbay Padilla y a su hijo los llevaron a una casa donde fueron torturados. Sorbay recibió ocho descargas eléctricas en sus costillas, piernas, pecho y espalda. Sus interrogadores, a cargo de “El Capitán” la agarraron repetidamente de la cara arrancándole una corona dental que se tragó.

Violencia sexual

El 2 de febrero Ariana Granadillo fue detenida con su prima y las llevaron a la misma casa donde tenían privados de libertad a sus familiares Sobay Padilla y a su hijo. Las jóvenes fueron recluidas en un baño y puestas a cargo de una persona llamada “El Árabe”, quien las amenazó con un cuchillo.

“El Árabe” tocó el pelo, la cara, la boca y los pechos de Ariana Granadillo y empezó a poner sus manos debajo de su camisa cuando otro oficial abrió la puerta y éste se detuvo.

En ese mismo baño recibieron patadas de una oficial femenina y cuando la menstruación le llegó inesperadamente a Granadillo se burlaron de ella y le dijeron que terminaría desnuda y cubierta de sangre;  la obligaron a usar el baño delante de “El Árabe” y de otro oficial.

El 3 de febrero todos fueron liberados después de firmar documentos en los que declaraban que no harían ningún tipo de denuncia. Por miedo, la familia de García Palomo huyó del país y presentaron una denuncia en Colombia ante la División de Investigación del Ministerio Público el 13 de febrero de 2018.

Torturas

Pero las detenciones contra Ariana Granadillo, quien permaneció en el país porque aún cursaba sus estudios, no pararon. El 24 de mayo fue privada de libertad nuevamente, esta vez junto a sus padres.

Los llevaron a otra casa, ubicada en una zona montañosa, donde recibieron golpes y amenazas de violación. El señor Granadillo estaba recién operado y afirma que lo ataron a una silla y lo golpearon con palos en su espalda, piernas, rodillas y en las plantas de los pies. Lo asfixiaron con una bolsa de plástico y le echaron agua sobre su capucha. Amenazaron con cortarles los genitales y matarlo. Los oficiales lo amenazaron con violar a su esposa y a su hija y hacerlo delante de él.

El 31 de mayo fueron liberados, tras siete días de cautiverio. Les dijeron que no hicieran ninguna denuncia o hablaran con los medios de comunicación.

Tercera detención

Un mes después, el 22 de junio de 2018, Ariana Granadillo y sus padres partieron de Venezuela con destino a Colombia. El 23 de junio en Peracal, cerca de la frontera con Colombia, funcionarios del Cicpc subieron al autobús para revisar las cartas de identificación de todas las personas a bordo. Pidieron a Ariana Granadillo que saliera del autobús y le dijeron que estaba detenida por una orden emitida por un tribunal militar de Caracas, la acusaban de una supuesta rebelión militar. Los padres de Granadillo cruzaron la frontera.

La estudiante pasó por las instalaciones del Cicpc en Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Barquisimeto, llegando a una base del Cicpc en El Rosal en Caracas el 29 de junio de 2018. A menudo no recibía comida o no tenía acceso a una ducha

Ariana Granadillo huyó de Venezuela el 11 de julio de 2018. No ha podido continuar sus estudios médicos y sigue sufriendo los efectos físicos y el trauma psicológico de la terrible experiencia.

Caso: levantamiento de Cotiza

La Misión de Determinación de Hechos examinó el arresto y la detención de 24 sargentos y un civil acusados de participar en un levantamiento militar en Cotiza el 21 de enero de 2019. El equipo seleccionó uno de los casos, el del sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, que comandaba el grupo, para una investigación más detallada.

El 21 de enero de 2019, un grupo de al menos 24 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) publicó un video, filmado desde la base militar de San José de Cotiza en Caracas, desconociendo al gobierno de Maduro. La declaración se hizo a las 4 de la mañana y fue difundida por los medios de comunicación social.

Los sargentos se enfrentaron rápidamente a una fuerza combinada de unidades del Sebin, Dgcim, Faes, GNB y PNB. Las unidades abrieron fuego, los sargentos no dispararon y buscaron refugio e intentaron negociar su rendición. Nadie resultó muerto ni herido.

Las familias de los 24 sargentos detenidos perdieron contacto con ellos y no supieron nada de su destino o paradero durante los siguientes ocho días.

Los funcionarios detenidos fueron llevados a la sede de la Dgcim en Boleíta. En ese lugar, oficiales de la Dgcim trataron de coaccionar al sargento Bandres para que grabara un video en el que acusaba a Juan Guaidó, Julio Borges y María Corina Machado de financiar el levantamiento. Cuando el sargento Bandres se negó, los oficiales de la Dgcim lo desnudaron, le vendaron los ojos y lo aislaron en un cuarto oscuro.

Le golpearon con un bate y le dieron patadas, incluso en los testículos. Lo asfixiaron con una bolsa, lo electrocutaron en diferentes partes blandas de su cuerpo incluyendo detrás de las orejas y en los testículos. Cuando el sargento Bandres se desmayó por la electrocución, le echaron agua en el cuerpo y lo electrocutaron de nuevo. El sargento se defecó y los oficiales lo obligaron a comer sus propias heces fecales.

Bandres fue privado de agua y comida durante todo este tiempo y se le dijo que su esposa e hijos también habían sido capturados y estaban siendo torturados.

También fue objeto de violencia sexual, incluido un intento de violación con un palo de pico. Según su esposa, “la tortura fue tan insoportable que pedía que lo dejaran ir al baño con la esperanza de encontrar cloro para beber y suicidarse”.

Los sargentos fueron acusados de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales e ultraje a las Fuerzas Armadas. El juez ordenó su detención en Ramo Verde.

El 5 de marzo de 2020, los sargentos Bandres y Geomer Martínez Natera fueron sacados de sus celdas por oficiales de la Dgcim y trasladados a la prisión de La Pica en la ciudad de Maturín, estado Monagas, a unos 500 km de Caracas. Cuando la esposa del sargento Bandres intentó visitar a su marido en Ramo Verde, el director le informó que había sido trasladado, sin dar más información sobre su paradero.

La esposa del sargento Bandres descubrió dónde estaba su marido cuando él la llamó cinco días después, el 10 de marzo, para informarle de su nuevo sitio de reclusión. Desde entonces la esposa se trasladó al estado de Monagas para poder llevarle agua y comida a la prisión. En el momento de redactar el presente informe, no había tenido ninguna comunicación oficial con él ni había podido verlo desde su traslado a La Pica en marzo de 2020.

Caso: Valencia, estado Carabobo

Una gran marcha de la oposición tuvo lugar en Valencia, estado Carabobo, el 12 de febrero de 2014. La marcha avanzó pacíficamente y sin impedimentos por la avenida Bolívar, como revelan varios videos verificados por la misión. Actos de violencia fue reportados más tarde ese día, una vez que la marcha había terminado. El entonces gobernador Francisco Ameliach denunció el incendio de un camión cisterna y otros daños materiales que atribuyó a grupos violentos y a simpatizantes de partidos de la oposición

Las manifestaciones continuaron en Valencia al día siguiente, 13 de febrero de 2014. Estas manifestaciones se produjeron espontáneamente, después de los acontecimientos del día anterior.

La misión señala que es “la protesta tuvo lugar en una autopista y es poco probable que fuera considerara legal por las autoridades, incluso si se hubiera notificado”.

En algún momento entre las 21 (9:00 pm) y las 23 horas (11:00 pm), hasta 50 funcionarios de la GNB en motocicletas buscaron dispersar a las y los manifestantes ubicados cerca del distribuidor de El Trigal, disparando gases lacrimógenos y perdigones. Una mujer y tres hombres, entre ellos Juan Manuel Carrasco, un estudiante de 21 años, corrieron para alejarse del sitio.

Los funcionarios llevaron a Carrasco y a los demás a un estacionamiento cercano donde el joven vio a funcionarios de la GNB golpear a una decena de personas detenidas en la manifestación. Los funcionarios le ordenaron a él y a los demás que se tiraran al suelo y permanecieran en posición fetal, luego les dispararon gases lacrimógenos y perdigones mientras los golpeaban.

Carrasco dijo a la misión que mientras estaba en el suelo en posición fetal, un funcionario se le acercó por detrás mientras sostenía un rifle. Usó la punta del rifle para bajar su ropa interior y abusó sexualmente del joven.

Fue detenido en el Destacamento de Seguridad Urbana de la GNB de Carabobo, ubicado junto a la prisión de El Tocuyito donde fue obligado a desnudarse frente a funcionarios. El 15 de febrero un tribunal ordenó su arresto domiciliario y después de 45 días le fue levantado el arresto.

El caso fue denunciado a la entonces fiscal general de la República hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz, pero quedó impune.

Foto: global.unitednations