El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que la detención de la presa política Emirlendris Benítez es arbitraria y por lo tanto debería tener libertad inmediata.
Estos expertos pidieron al gobierno venezolano que Benítez sea puesta “inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de acuerdo al derecho internacional”, según se lee en un documento difundido por el organismo de la ONU este martes 1 de febrero.
La información la dio a conocer el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien lidera la organización que se encarga de defender los derechos de los presos políticos en el país, y que además ejerce la representación legal de Benítez.
“Grupo de detenciones arbitrarias de la ONU decidió que es arbitraria la prisión preventiva (más de 3 años) de presa política Emirlendris Benítez. Hoy en el INOF (Miranda, Venezuela). Además indican que fue sometida a desaparición forzada”, se lee en el tuit de Romero.
La ONU señaló en un documento que Benítez, quien está detenida en el Instituto Nacional de Formación Femenina (Inof), fue sometida a una desaparición forzada.
“El Grupo de Trabajo insiste en que las desapariciones forzadas están prohibidas por el derecho internacional y constituyen una forma particularmente agravada de detención arbitraria y decide remitir este caso para las decisiones que considere necesarias al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, explican.
Concluyeron que Benítez fue detenida sin orden de arresto emitida por autoridades, porque además no la encontraron en delito flagrante. Los expertos de la ONU señalan que a la mujer no le hicieron conocer los motivos de su detención y la mantuvieron incomunicada.
“Con posterior emisión de boleta de detención por parte de los fiscales del Ministerio Público, sin derecho a un abogado de su elección, habiendo permanecido detenida con prisión preventiva por más de tres años en violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto, artículos 9 y 9 (3), respectivamente; constituyéndose y enmarcándose su privación de libertad en un acto de tal gravedad que se la declara como arbitraria conforme a la Categoría I.”, recalcan.
Caso Benítez
Desde el 5 de agosto de 2018, la vida de Benítez, de 40 años de edad, cambió por completo cuando se dirigía a hacer un traslado en el taxi que manejaba con su esposo. En una alcabala policial del estado Portuguesa los detuvieron y sin muchos detalles los apresaron y trasladaron a Caracas.
A Benítez la acusaron de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que ocurrió el 4 de agosto de 2018. Durante sus tres años de prisión ha sido víctima de torturas, tratos crueles y degradantes y sufrió un aborto.
Ella, quien trabajaba como comerciante y taxista, estuvo detenida por un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta en el estado Miranda, hasta que, posteriormente, fue enviada a una cárcel de mujeres.
Sus hermanas Beatriz Leal y Melania Leal afirman que fue en ese lugar donde hombres militares la golpeaban, la sometían a torturas e hicieron que tuvieran un aborto. Cuando fue detenida tenía cuatro meses de gestación.
“Está pasando humillaciones, malos tratos y aguantando hambre”, comenta Beatriz Leal, hermana.
Empeoramiento de su salud
Benítez es madre de dos hijos. La mayor de 21 años vive fuera del país, emigró antes de que su mamá fuera detenida. El más pequeño tiene 7 años y vive con su padre, quien se encarga de cuidarlo mientras su madre está recluida.
La familia de Benítez ha venido denunciado el empeoramiento de las condiciones de salud de la presa política. Ha presentado cuadros febriles y hasta el momento no la han traslado a un servicio médico porque una jueza lo ha negado.
Benítez está en silla de ruedas porque no puede durar mucho tiempo de pie; sufre de un intenso dolor en la columna por una infiltración de biopolímeros en sus glúteos. “Cuando tiene mucho tiempo parada se le desmaya la pierna porque no tiene mucha fuerza. Tiene un bioma en un ovario y, también, una hernia en la columna”, dijo su hermana Beatriz a Efecto Cocuyo a través de un contacto telefónico.
A pesar de sus dolencias y su complicado estado de salud las autoridades de la prisión lo que hacen es burlarse de ella. “Por maldad la humillan, la obligan a caminar, ella camina pero no lo suficiente porque no tiene fuerza”, reiteró.
Cuando por las torturas Benítez tuvo la pérdida de su embarazo de cuatro meses, fue llevada sedada al hospital Militar de Caracas, donde sus familiares supieron gracias a miembros del personal de salud, que había sido sometida a un curetaje. Las autoridades militares nunca reconocieron que estaba embarazada.
Benítez sigue tras las rejas y con un juicio que continua con diferimientos y otros obstáculos. Está imputada por los delitos homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria.