Venezuela es uno de los 10 países megadiversos de la Tierra. No obstante, ONG ambientalistas denuncian que el país se convirtió en un campo de ecocidio, por el extractivismo minero y la contaminación petrolera.
En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de establecer un plan de acción para alcanzar el desarrollo de los países miembros sin arriesgar el ecosistema planetario.
A propósito del Día Internacional de los Bosques (21 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo), El Ucabista resaltó datos claves que revelan por qué la riqueza forestal e hídrica está en riesgo y requiere de una intervención urgente.
En 2016 el gobernante Nicolás Maduro anunció la creación y explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero que ocupa 12% del territorio nacional (112.000 km2), y sobrepasa la extensión de países como Portugal.
Desde entonces, organizaciones independientes denuncian la proliferación de grupos mineros informales «pagados por el gobierno nacional». En 2021 el grupo SOS Orinoco determinó que Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales, con 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas.
SOS Orinoco contempla las actividades agropecuarias y mineras realizadas entre el año 2000 y 2020 como principales factores de la pérdida de cobertura boscosa en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se han perdido al menos 207.796 km2 y más de 10.650 hectáreas han sufrido modificaciones.
Los bosques de la Reserva forestal de Imataca, a pesar de ser zonas protegidas desde 1961, es la principal entidad afectada por las prácticas ilegales del Arco Minero.
El río Caroní presenta 70% de alteración debido a la remoción de los suelos a causa de la explotación minera. Esta realidad afecta el ciclo hidrológico y el correcto funcionamiento de la cuenca Caroní-Paragua, que da vida a las centrales hidroeléctricas de Guri, Macagua I, II y III y Caruachi, y de la que depende 60% del abastecimiento eléctrico del país, según SOS Orinoco.
Mientras, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela estima que la entrada del agua por acueductos de Hidrocapital se redujo en 4.000 litros por segundo y el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad indica que casi 99% de los venezolanos no cuentan con suministro constante de este recurso.
De acuerdo con el oficial forestal de la FAO en América Latina y El Caribe, Hivy Ortiz, la agricultura y la ganadería son la primera causa de deforestación en la región. A este hecho se le suma una crisis de gas y electricidad que obliga a los ciudadanos de 21 de 24 entidades a utilizar leña para cocinar, según dijo a EFE la ONG Provita.
Sin datos oficiales de deforestación ni tala indiscriminada, ONG estiman que en los últimos años la tasa podría variar entre el 2 % y 4 % anual.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) contabilizó durante 2020 más de 20 derrames petroleros en el Lago de Maracaibo, estado Zulia. Falcón, Carabobo y Anzoátegui también fueron afectados por diversas fugas. En total, solo entre julio y agosto de ese año, se calcula que 26.000 barriles de petróleo se vaciaron en 350 kilómetros de la costa.
Solo entre 2010 y 2018 la ONG Provea documentó más de 47.000 fugas de petróleo en el territorio.
El grupo de investigación SOS Orinoco afirma que los indígenas Pemón (en Canaima y La Gran Sabana), Ye’kwana y Sanema (cuenca del Caura) tienen en sus cuerpos cinco veces los niveles de concentración límite de mercurio fijados por la Organización Mundial de la Salud. Además, señalan que “la alta movilidad de la población minera en el Arco Minero ha potenciado el contagio y la dispersión de enfermedades emergentes y re-emergentes en todo el país”.
En febrero de 2019, unos 25 expertos ambientalistas venezolanos presentaron a la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, el documento Por una Venezuela sustentable y ambientalmente responsable, con recomendaciones en materia de desarrollo sostenible para ser incorporadas al Plan País de reconstrucción nacional.
Entre las líneas de trabajo que proponen destacan: Derogar el decreto del Arco Minero y el aislamiento de toda actividad minera de los pueblos indígenas como medidas a corto plazo, así como la atención a las personas afectadas por la intoxicación por mercurio, la malaria y otras enfermedades derivadas de la degradación ambiental.
En Marzo de este año, 19 ONG, cuatro universidades (Ucab, UCV, ULA y Unet) y tres proyectos ambientales crearon la Alianza para la Acción Climática Venezuela, con objetivo promover acciones coordinadas que atiendan problemas socioambientales y climáticos en el país.
Se prevé que en abril esta alianza presente una investigación de la ONG Provita sobre la deforestación en la Amazonía venezolana y su relación con el cambio climático en los últimos 20 años.
Con información de El Ucabista
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Venezuela es uno de los 10 países megadiversos de la Tierra. No obstante, ONG ambientalistas denuncian que el país se convirtió en un campo de ecocidio, por el extractivismo minero y la contaminación petrolera.
En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de establecer un plan de acción para alcanzar el desarrollo de los países miembros sin arriesgar el ecosistema planetario.
A propósito del Día Internacional de los Bosques (21 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo), El Ucabista resaltó datos claves que revelan por qué la riqueza forestal e hídrica está en riesgo y requiere de una intervención urgente.
En 2016 el gobernante Nicolás Maduro anunció la creación y explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero que ocupa 12% del territorio nacional (112.000 km2), y sobrepasa la extensión de países como Portugal.
Desde entonces, organizaciones independientes denuncian la proliferación de grupos mineros informales «pagados por el gobierno nacional». En 2021 el grupo SOS Orinoco determinó que Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales, con 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas.
SOS Orinoco contempla las actividades agropecuarias y mineras realizadas entre el año 2000 y 2020 como principales factores de la pérdida de cobertura boscosa en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se han perdido al menos 207.796 km2 y más de 10.650 hectáreas han sufrido modificaciones.
Los bosques de la Reserva forestal de Imataca, a pesar de ser zonas protegidas desde 1961, es la principal entidad afectada por las prácticas ilegales del Arco Minero.
El río Caroní presenta 70% de alteración debido a la remoción de los suelos a causa de la explotación minera. Esta realidad afecta el ciclo hidrológico y el correcto funcionamiento de la cuenca Caroní-Paragua, que da vida a las centrales hidroeléctricas de Guri, Macagua I, II y III y Caruachi, y de la que depende 60% del abastecimiento eléctrico del país, según SOS Orinoco.
Mientras, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela estima que la entrada del agua por acueductos de Hidrocapital se redujo en 4.000 litros por segundo y el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad indica que casi 99% de los venezolanos no cuentan con suministro constante de este recurso.
De acuerdo con el oficial forestal de la FAO en América Latina y El Caribe, Hivy Ortiz, la agricultura y la ganadería son la primera causa de deforestación en la región. A este hecho se le suma una crisis de gas y electricidad que obliga a los ciudadanos de 21 de 24 entidades a utilizar leña para cocinar, según dijo a EFE la ONG Provita.
Sin datos oficiales de deforestación ni tala indiscriminada, ONG estiman que en los últimos años la tasa podría variar entre el 2 % y 4 % anual.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) contabilizó durante 2020 más de 20 derrames petroleros en el Lago de Maracaibo, estado Zulia. Falcón, Carabobo y Anzoátegui también fueron afectados por diversas fugas. En total, solo entre julio y agosto de ese año, se calcula que 26.000 barriles de petróleo se vaciaron en 350 kilómetros de la costa.
Solo entre 2010 y 2018 la ONG Provea documentó más de 47.000 fugas de petróleo en el territorio.
El grupo de investigación SOS Orinoco afirma que los indígenas Pemón (en Canaima y La Gran Sabana), Ye’kwana y Sanema (cuenca del Caura) tienen en sus cuerpos cinco veces los niveles de concentración límite de mercurio fijados por la Organización Mundial de la Salud. Además, señalan que “la alta movilidad de la población minera en el Arco Minero ha potenciado el contagio y la dispersión de enfermedades emergentes y re-emergentes en todo el país”.
En febrero de 2019, unos 25 expertos ambientalistas venezolanos presentaron a la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, el documento Por una Venezuela sustentable y ambientalmente responsable, con recomendaciones en materia de desarrollo sostenible para ser incorporadas al Plan País de reconstrucción nacional.
Entre las líneas de trabajo que proponen destacan: Derogar el decreto del Arco Minero y el aislamiento de toda actividad minera de los pueblos indígenas como medidas a corto plazo, así como la atención a las personas afectadas por la intoxicación por mercurio, la malaria y otras enfermedades derivadas de la degradación ambiental.
En Marzo de este año, 19 ONG, cuatro universidades (Ucab, UCV, ULA y Unet) y tres proyectos ambientales crearon la Alianza para la Acción Climática Venezuela, con objetivo promover acciones coordinadas que atiendan problemas socioambientales y climáticos en el país.
Se prevé que en abril esta alianza presente una investigación de la ONG Provita sobre la deforestación en la Amazonía venezolana y su relación con el cambio climático en los últimos 20 años.
Con información de El Ucabista