“El Topo”, “El Picure” y “El Lucifer” son los apodos de los delincuentes que el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Gustavo González López, mostró este 13 de julio como parte de los resultados obtenidos de la Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP) a un año de su implementación. En 17 años, esta es la medida de seguridad número 24 que se ha desarrollado en el país. Para los expertos, la más represiva por su tratamiento bélico de la seguridad ciudadana.
“El discurso era que la delincuencia estaba dirigida por paramilitares y esto permitió entonces una respuesta bélica al tema de la inseguridad ciudadana. Entonces los funcionarios van con intención de acabar con los ‘enemigos’. Así se han vulnerado varios derechos humanos en el último año”, expresó Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que le ha medido el pulso a la OLP desde su nacimiento.
El titular del ministerio precisó que en 365 días, se registraron 143 procedimientos de la OLP. Con el despliegue de 95.000 funcionarios, desmantelaron bandas criminales y detuvieron a 2.399 personas.
No hizo mención de la cantidad de personas que murieron durante estos operativos,que usualmente son reseñados como muertes por resistencia a la autoridad. Pero, en el primer mes de la OLP sí lo dijo: en 12 estados, fueron “abatidas” 52 personas, según el ministro.
“Que el resultado de una política de seguridad se mida por la cantidad de muertes ocasionadas por funcionarios del propio Estado no debe ser concebido como ‘puntos a favor’. En el país no existe la pena de muerte, pena que por cierto ya está en proceso de extinción en todo el mundo, y en tal caso, ésta no debe ser administrada discrecionalmente en la calle por policías y militares. Mientras que en el país no se construya una institucionalidad en materia de seguridad, no daremos ningún avance”, aseveró, Keymer Ávila, criminólogo e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela.
Para el especialista, la OLP no logró disminuir la inseguridad delictiva en el país. Tomó como referencia dos indicadores, la tasa de homicidios y la violencia institucional: “En 2015, los homicidios y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad aumentaron considerablemente. El primero aumentó al menos 9 puntos; el segundo que es un indicador de la violencia institucional se disparó en un 53%. Toda esta violencia institucional repercute de alguna manera en estos índices de violencia generalizada; tanto es así que la victimización de funcionarios de las fuerzas de seguridad en 2015 tampoco disminuyó. Lo que veo es una continuidad, en tal caso una profundización de las lógicas de mano dura, de actuación descontrolada del aparato policial y militar”.
En este punto, Ávila y Rodríguez coincidieron. Si en el periodo de Miguel Rodríguez Torres como ministro de Interior y Justicia, se implementó un plan en el que se intentó pacificar a las bandas delictivas, González López aplicó medidas represivas en las que desplegó a funcionarios militares en labores policiales.
“Las cifras que manejamos de los resultados de la OLP no tienen precedentes, sobretodo la que arrojó la primera incursión en la Cota 905 (15 muertes y 200 detenidos). Hay más de 500 fallecidos, la mayoría por ajusticiamientos policiales y otras por enfrentamiento en los que no resultaron heridos los funcionarios; es decir, en los que hubo una desproporción elevada”, dijo Rodríguez de Provea.
Agregó que ninguno de los operativos militares y policiales llevaron orden judicial para allanar viviendas o demolerlas: sin embargo, ellos registraron 1.400 personas desalojadas de la Misión Vivienda, 900 casas demolidas y 18.000 requisas ilegales en inmuebles.
“Había un Estado ausente ante el problema de la inseguridad, pero de la noche a la mañana aparece de forma abrupta, con atropello y excesos”, denunció el defensor de derechos humanos.