Hace menos de una semana a los tribunales octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y al tercero en con competencia en terrorismo, que estaban a cargo del juez Aquiles Vera, se les revocó la competencia y por esta razón los procesos judiciales contra al menos 45 presos políticos deberán comenzar desde cero.
La decisión la tomó por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los juicios contra detenidos políticos como Roland Carreño, Javier Tarazona, Dario Estrada, Guillermo Zárraga y otros presos políticos, que son sometidos a un retardo procesal y durante su reclusión han denunciado violaciones de derechos humanos y negación al acceso a la salud, deberán iniciar desde el principio.
Los motivos de la derogación de la competencia de terrorismo no las conocen las defensas de los detenidos y por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Foro Penal, organización que se encarga de defender los derechos de las personas detenidas por motivos políticos, registra hasta este jueves 20 de julio, 286 presos políticos, de los cuales hay 33 fueron afectados con esta revocación de la competencia en los dos tribunales.
Grave demora procesal, advierte Foro Penal
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, explicó a Efecto Cocuyo, que esta medida generará una grave demora procesal.
“En materia penal existe un principio que está recogido en el Código Orgánico Procesal Penal que es el principio de inmediación, según este principio, el juez que puede dictar una sentencia en un caso es el que ha presenciado directamente y de manera ininterrumpida el debate y la evacuación de las pruebas. Si ese juez cambia, ese principio de inmediación se rompe y entonces todos los juicios deben empezar de cero”, explicó.
Reiteró que esta medida supone un retardo procesal absolutamente grave que afecta directamente a las personas que están privadas de libertad de manera preventiva. que esperan por sus condenas.
“Ahora van a tener que esperar a que el juicio vuelva a comenzar”, recalcó.
Casos que se reinician
El abogado Joel García es el representante legal de algunos presos políticos afectados por esta medida como Roland Carreño, periodista y miembro del partido opositor Voluntad Popular, a quien le faltaba poco para culminar su juicio. Ahora, tras esta medida deberá iniciar el proceso nuevamente.
“Los perjudicados son aquellos procesos que ya estaban bastante avanzados y a punto culminar. Pero por quitarle la competencia a este juez, esos procesos se interrumpen”, dijo el jurista.
García reiteró que el Código Orgánico Procesal Penal establece que el juez que evalúa las pruebas, que las conoce y las valora es quien debe sentenciar.
“El caso de Roland Carreño, por ejemplo, ya habíamos evacuado todos los medios de prueba, todos los órganos de pruebas, cuando hablo de evacuar, es que ya habíamos escuchado a todos los testigos, funcionarios actuantes, expertos, ya habíamos leído todas las documentales y lo que faltaba era concluir y escuchar el dictamen del juez”, explica.
Himiob añadió que “hay varios casos allí (tribunal) de mucha importancia desde el punto de vista político que van a tener que volver a empezar sus juicios (…) No se conoce bien su fundamentación, nadie sabe exactamente por qué está pasando esto”.
Vuelve a ocurrir
Pero estas no son decisiones nuevas. Himiob explicó que antes ocurrió esto. Para la organización Foro Penal es una estrategia para que la verdad no aflore y no se corrobore la inocencia de estas personas que están siendo juzgadas por motivos políticos y no jurídicos.
“De esta manera prolongan su agonía, su detención preventiva, convirtiendo al proceso penal no en una herramienta para la determinación de la verdad sino en una forma de pena o de castigo anticipado”, señaló.
García sostuvo que si esta decisión fuese por un motivo judicial le hubiesen preguntado al juez en qué estados estaban cada una de las causas y en el caso de los procesos que estuvieran a punto de terminar los hubieran finalizado y después le quitaban la competencia al Tribunal.
“Para nosotros la intención de quitarles la competencia es interrumpir estos juicios. En el caso de Carreño, es obvio que como no tienen pruebas para condenarlos, lo más factible para seguir manteniéndolo preso era interrumpir el juicio”, dijo.