Refugiados en Vargas instalan bodegas y aires en refugios mientras denuncian paralización de reubicaciones

Ante la falta de respuesta oficial y la disminución de la ayuda humanitaria, los guaireños damnificados por el doblete sísmico sobreviven a través de la autogestión. Bodegas comerciales en los refugios, aires acondicionados para paliar las altas temperaturas, con conexiones eléctricas instaladas por su cuenta, son parte de las estrategias de supervivencia que aplicó la comunidad mientras exigen respuestas definitivas sobre el futuro de sus viviendas.

A más de dos meses del doblete sísmico en el estado Vargas, cientos de familias continúan viviendo bajo carpas en espacios como el estadio César Nieves de la parroquia Catia La Mar y el campo de golf de Caraballeda. Lo que inició como un resguardo de emergencia hoy está marcado por incertidumbre, temperaturas que pasan los 30 grados centígrados y fallas en los servicios básicos. 

La falta de claridad sobre el futuro habitacional es el principal reclamo de las familias que perdieron sus hogares. Las opciones de traslado hacia otros estados son rechazadas por la mayoría, quienes exigen soluciones dentro de su región y advierten sobre las trabas burocráticas en los planes de financiamiento del gobierno.

Rosa Angélica Velásquez, residente de la antigua OPP 26, en Caraballeda, atraviesa el luto por la muerte de dos de sus hijos tras los terremotos, mientras intenta sostener a los tres que sobrevivieron y lidiar con la inacción estatal. “Prácticamente estoy en la calle con mis hijos”.

La angustia se repite en el caso de Ludi Gómez, quien perdió su vivienda por tercera vez tras la tragedia de 1999, la vaguada 2010 y los terremotos. Gómez está alojada en el refugio del estadio César Nieves con sus hijas y nietos, y aguarda por nuevos estudios de suelo en los terrenos del urbanismo Hugo Chávez, para saber si podrán realizar nuevamente viviendas en los terrenos del urbanismo. 

Ludi descarta irse a otro estado y separarse de su núcleo familiar. “Se estaba hablando de sacarnos para otros estados, en los cuales yo no estoy de acuerdo en irme de mi estado porque tengo que llevar a mis cinco hijos”.

Las alternativas crediticias asomadas por el Ejecutivo tampoco brindan seguridad. Yoli Calderón expone que los requerimientos para acceder a los montos iniciales de 30.000 dólares resultan inviables para una población que quedó sin nada. “Tienes que sacar un poco de papeles que ni tú mismo te lo explicas”, aseguró a Efecto Cocuyo.

Autogestión frente al déficit de servicios

El sostenimiento de la vida diaria en los campamentos depende cada vez más de las capacidades de cada grupo familiar. Las carencias en alimentación, agua y electricidad han forzado a los refugiados a resolver por cuenta propia las deficiencias del Estado.

Keily Enriquez, de 23 años de edad, comenta que perdió a seis familiares en el colapso de la torre G de la OPP 26 en Caribe. “No tenemos luz a veces, muchas veces nos falta el agua y el calor de la carpa es horrible”, aseguró.

Las fallas en la red eléctrica en los refugios han llevado a medidas extremas a los vecinos, y aunque en los campos de golf de Caraballeda, existen paneles solares y plantas eléctricas con horarios restringidos, la demanda supera la capacidad. Yoli Calderón admite que debieron intervenir el tendido público ante la ausencia de Corpoelec. “Tomamos el abuso de pegar cables de los postes”, añadió.

Las fallas en la calidad de la comida del refugio del César Nieves también pasaron factura a la salud de quienes quedaron sin hogar, como Ludi Gómez, quien estuvo siete días en cama tras contraer una bacteria estomacal por las raciones del comedor, un incidente que la obligó a preparar sus propios alimentos y costear su dieta. “Le cocino a los niños porque mi miedo es que, si yo me vi tan mal con esa bacteria, no me quiero imaginar lo que le pudiera pasar a un niño”, añadió. 

El peso cae sobre las ONG 

Frente a la escasa atención de los organismos gubernamentales, la respuesta humanitaria tras los sismos ha recaído casi por completo en las organizaciones nacionales e internacionales. Mientras la presencia del Estado en los refugios se reduce principalmente al resguardo de efectivos policiales y militares, las familias alojadas en los campamentos reconocen y agradecen que la alimentación, los insumos y la atención médica hayan sido sostenidos por fundaciones e iniciativas privadas.

El trabajo de asistencia en el sitio ha requerido un esfuerzo operativo constante por parte de organizaciones como la ONG española Remar Internacional y la Fundación Mensajeros de la Paz. 

Javier Ramírez, coordinador de Remar, destacó el alcance de la atención brindada desde los primeros días de la contingencia para abastecer no solo a las familias alojadas en las carpas, sino también a rescatistas y personal médico. “Hemos estado dando hasta 2.000 menús diarios desde que se creó este campamento y a la gente de la calle”, indicó. 

Aunque la cifra de raciones se ha ido ajustando con las semanas a unos 700 platos al día, la labor de estos voluntarios contrasta con la inacción que los damnificados le reclaman a la gobernación. Yoli Calderón señala que la representación del gobierno regional se limitó a apariciones protocolares sin un diálogo real con las víctimas. “El gobernador de Vargas hizo un parapeto ahí en la carretera afuera, pasó para acá adentro, pero no se reunió con ninguno de los damnificados”. 

Además del esfuerzo de estas organizaciones, agencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Unicef y el Consejo Noruego para los Refugiados mantienen un despliegue constante dentro de las instalaciones temporales para garantizar la asistencia directa y el acompañamiento de las familias.