Rafael Uzcátegui: acatar la providencia 001-2021 es poner a víctimas en manos de sus victimarios #ConLaLuz

LA HUMANIDAD · 20 ABRIL, 2021 19:49

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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Para Rafael Uzcátegui, director de la organización humanitaria Provea, la reciente medida asumida por el Gobierno de Nicolás Maduro de regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) significaría exponer a los beneficiarios de estas instituciones o a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos a ser perseguidos.

«Sería poner su nombre en manos de muchos de sus victimarios», señaló Uzcátegui en entrevista con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, durante la transmisión del espacio #ConLaLuz.

Enfatizó que desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se ha hecho más que evidente el rechazo a la providencia administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en la que tendrán que anotarse antes del 1 de mayo.

Esta herramienta legal, según explica, obligará a las ONG «a revelar información personal» de quienes reciben, por ejemplo, apoyo humanitario o legal, «lo que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano».

Uzcátegui indicó que para una ONG es inaceptable participar en un registro con este tipo de características, pues se asemeja a situaciones ocurridas en otros países de la región, como en Nicaragua, donde desde el pasado año 2020 entró en vigor de la polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el gobierno de Daniel Ortega busca controlar el financiamiento externo a personas naturales y jurídicas.

«Nosotros vamos a mantenernos firmes a los principios de las ONG de derechos humanos de no entregar información que pueda comprometer a victimas de violencia», dijo.

Acotó que por ahora la estrategia del gobierno será retrasar esta decisión simulando «cooperación» en la defensa de los DD. HH., pero que todas las ONG se mantendrán vigilantes para impedir que esta propuesta legal sea factible.

«Uno de los objetivos de este registro es controlar y dividir a la ONG, pero además quieren generar desconfianza por parte de las victimas y finalmente desgastarnos», añadió.

Durante su intervención en el espacio virtual transmitido por las redes sociales de Efecto Cocuyo, Uzcátegui mencionó que aún existe muchas expectativas de que la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

«Somos optimistas en que se abra alguna investigación formal contra algún funcionario que viole sistemáticamente los derechos humanos», expresó.

También mencionó que le parece satisfactorio que se haya permitido también la intervención en el país del Programa Mundial de Alimentos (PMA), pues esto denota que de alguna manera el Estado asume sus fallas en esta problemática nacional.

 «Que el gobierno haya permitido la entrada del Programa Mundial de Alimentos demuestra que ellos reconocen que no pueden garantizar la seguridad alimentaria de las personas», dijo también.

 

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Rafael Uzcátegui: acatar la providencia 001-2021 es poner a víctimas en manos de sus victimarios #ConLaLuz

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

Para Rafael Uzcátegui, director de la organización humanitaria Provea, la reciente medida asumida por el Gobierno de Nicolás Maduro de regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) significaría exponer a los beneficiarios de estas instituciones o a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos a ser perseguidos.

«Sería poner su nombre en manos de muchos de sus victimarios», señaló Uzcátegui en entrevista con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, durante la transmisión del espacio #ConLaLuz.

Enfatizó que desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se ha hecho más que evidente el rechazo a la providencia administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en la que tendrán que anotarse antes del 1 de mayo.

Esta herramienta legal, según explica, obligará a las ONG «a revelar información personal» de quienes reciben, por ejemplo, apoyo humanitario o legal, «lo que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano».

Uzcátegui indicó que para una ONG es inaceptable participar en un registro con este tipo de características, pues se asemeja a situaciones ocurridas en otros países de la región, como en Nicaragua, donde desde el pasado año 2020 entró en vigor de la polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el gobierno de Daniel Ortega busca controlar el financiamiento externo a personas naturales y jurídicas.

«Nosotros vamos a mantenernos firmes a los principios de las ONG de derechos humanos de no entregar información que pueda comprometer a victimas de violencia», dijo.

Acotó que por ahora la estrategia del gobierno será retrasar esta decisión simulando «cooperación» en la defensa de los DD. HH., pero que todas las ONG se mantendrán vigilantes para impedir que esta propuesta legal sea factible.

«Uno de los objetivos de este registro es controlar y dividir a la ONG, pero además quieren generar desconfianza por parte de las victimas y finalmente desgastarnos», añadió.

Durante su intervención en el espacio virtual transmitido por las redes sociales de Efecto Cocuyo, Uzcátegui mencionó que aún existe muchas expectativas de que la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

«Somos optimistas en que se abra alguna investigación formal contra algún funcionario que viole sistemáticamente los derechos humanos», expresó.

También mencionó que le parece satisfactorio que se haya permitido también la intervención en el país del Programa Mundial de Alimentos (PMA), pues esto denota que de alguna manera el Estado asume sus fallas en esta problemática nacional.

 «Que el gobierno haya permitido la entrada del Programa Mundial de Alimentos demuestra que ellos reconocen que no pueden garantizar la seguridad alimentaria de las personas», dijo también.

 

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