Tras una paralización en el proceso de liberaciones que se mantenía en silencio desde antes de los terremotos de junio, desde inicios de julio se han vuelto a registrar excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Hasta la mañana de este jueves 16 de julio, organizaciones como Foro Penal contabilizaban al menos siete personas liberadas bajo medidas cautelares.

La última excarcelación registrada por la ONG, e informada mediante su cuenta en la red social X, fue la de Henry Sánchez, quien se encontraba privado de libertad desde el 4 de septiembre de 2017 y salió de prisión este jueves. Sánchez trabajaba en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y fue detenido después de denunciar una presunta trama de corrupción en Petrozamora, una sociedad comercial mixta ruso-venezolana.

“Esta semana se han producido algunas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Hoy se siguen produciendo algunas. En poco les colocamos la lista de excarcelaciones recientes”, informó Alfredo Romero, abogado y director presidente del Foro Penal, el 15 de julio.

Quiénes son los excarcelados

Adrián Leonardo De Gouveia De Sousa, venezolano con nacionalidad portuguesa, fue excarcelado el 2 de julio del Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, conocido popularmente como cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda. 

El mayor de la Aviación fue arrestado el 18 de enero de 2024 tras ser vinculado por la Fiscalía a la denominada Operación Gedeón. Fue liberado bajo una medida humanitaria debido a la presión de organismos de derechos humanos tras una tragedia familiar provocada por el doble terremoto del 24 de junio de 2026, el cual destruyó su vivienda en Turmero, estado Aragua, donde murieron su esposa, su suegra y su sobrina. Sobrevivió una de sus hijas que fue hospitalizada en estado crítico.

Enyerberth Aníbal Porras Gámez es el último adolescente preso político en ser excarcelado, el pasado 8 de julio. El menor de edad estaba detenido en la entidad de atención para adolescentes “Ciudad Caracas”, en El Cementerio. 

Porras Gámez fue detenido el 25 de marzo de 2025 en el estado Táchira por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su vivienda, ubicada en San Cristóbal, donde fue arrestado junto a su familia. Le imputaron cargos como terrorismo, espionaje informático y asociación para delinquir.

Jackson Vera fue detenido el 5 de agosto de 2022 en San Cristóbal, estado Táchira. Durante su reclusión estuvo privado de libertad inicialmente en la sede de El Helicoide y posteriormente fue trasladado al Centro de Formación Hombre Nuevo “Simón Bolívar” (antigua Planta), en El Paraíso, Caracas. 

Su excarcelación se materializó el viernes 10 de julio en horas de la tarde, luego de pasar casi cuatro años tras las rejas. Las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro lo acusaron formalmente de terrorismo, asociación para delinquir, porte de armas de guerra y resistencia al arresto. Lo señalaron públicamente como parte del supuesto “Movimiento de Liberación y Resistencia” y lo etiquetaron como uno de “Los Explosivistas del Táchira”. Sus familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que se trató de una fabricación de pruebas, ya que Vera se encontraba asistiendo a su compañero en la búsqueda humanitaria de insumos médicos.

Ricardo Cariel fue arrestado junto a Vera el 5 de agosto de 2022 en la zona fronteriza de San Cristóbal. Al igual que su compañero, vivió un aislamiento prolongado en El Helicoide antes de ser transferido a La Planta. 

Su detención llegó a su fin el 10 de julio de 2026, fecha en la que fue excarcelado. Cariel, quien es abogado y activista de derechos humanos, fue acusado por el Ministerio de Interior y Justicia de cometer supuestos actos terroristas y trasladar material explosivo C-4 proveniente de Colombia. 

El Observatorio Internacional de Abogacía (OIAD) y otras organizaciones rechazaron esta versión. Sostienen que las acusaciones carecían de pruebas y que Cariel en realidad viajaba hacia Bogotá para gestionar medicamentos y una silla de ruedas para su madre enferma. Atribuyeron su captura a una retaliación por su labor de denuncia.

Adolfo Torres Vargas, licenciado en Ciencias Fiscales y exgerente de Pdvsa en Zulia, fue detenido el 4 de septiembre de 2017 por comisiones de seguridad del Estado. Pasó casi nueve años como preso político sin juicio formal ni sentencia firme, recluido primero en Tocuyito y luego en el Centro de Formación “El Libertador” (Fénix Carabobo), hasta que el Foro Penal confirmó su excarcelación la mañana del 15 de julio de 2026. 

Su encarcelamiento se debió a acusaciones de malversación y un supuesto “sabotaje” en la empresa mixta Petrozamora. Fue liberado mediante una medida cautelar sustitutiva, por lo que mantiene restricciones como la prohibición de salida del país y la presentación obligatoria ante el tribunal.

José Ramón Cabarela Fonseca fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 10 de junio de 2021. Permaneció recluido por motivos políticos durante 5 años, 1 mes y 5 días. Tuvo como sitio de reclusión final el Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador” (Fénix Lara), hasta su excarcelación la mañana del 15 de julio de 2026. 

Su encarcelamiento incluyó una condena a la pena máxima de 30 años de prisión; sin embargo, recibió una medida humanitaria debido a su estado de salud crítico. Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que enfrentaba una emergencia médica desatendida, al ser sobreviviente de cáncer microcítico y haber sufrido un infarto reciente en prisión.

José Alberto Sánchez Montiel, conocido como “Mazuco”, abogado, excomisario y exdiputado por el estado Zulia, fue arrestado por el Sebin en Maracaibo el 30 de septiembre de 2024. 

Tras pasar más de un mes en situación de desaparición forzada, permaneció privado de libertad durante 1 año, 9 meses y 15 días en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, en el estado Miranda. La mañana del 15 de julio fue excarcelado tras un presidio que se produjo bajo acusaciones de terrorismo y conspiración. 

Fue liberado mediante una medida cautelar sustitutiva tras intensas campañas por su salud; Sánchez, de 66 años de edad, es un paciente oncológico cuyo estado sufrió un grave deterioro en el centro de reclusión.

Cuántos presos políticos quedan en prisión

El último balance de Foro Penal, publicado el 8 de julio, señala que para el 6 de julio de 2026 se contabilizaban 372 presos políticos en Venezuela. De acuerdo con el registro de la organización, este grupo está compuesto por 347 hombres y 25 mujeres, divididos institucionalmente en 214 civiles y 158 funcionarios militares.

Mientras tanto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza en sus registros al 15 de julio un total de 518 presos políticos. La defensora Martha Tineo destacó la heterogeneidad de este universo de detenidos, y especificó que incluye a 64 mujeres, 23 ciudadanos extranjeros y 25 venezolanos con doble nacionalidad; asimismo, alertó sobre una compleja crisis sanitaria interna, con al menos 38 personas con patologías graves y 20 adultos mayores de 70 años en avanzado estado de deterioro físico. 

Finalmente, la organización cuestionó la narrativa oficial en torno al desalojo de “El Helicoide”. Sostienen que el cierre de estos espacios respondió a la presión internacional y no a una reforma institucional, lo que terminó únicamente en el traslado de los reclusos a nuevos recintos bajo condiciones similares de precariedad.

Seis meses de vigilia y resistencia en campamentos por la libertad

Los familiares de los prisioneros políticos cumplieron seis meses de vigilia continua y con un campamento activo en las afueras del Centro Penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda. Esta protesta pacífica se ha convertido en un símbolo de resistencia y acompañamiento directo, donde las familias pernoctan a la intemperie y exigen la liberación de sus seres queridos.

En paralelo, las acciones de protesta civil se extienden a otros puntos estratégicos. En Caracas, un grupo de familiares se concentra frente a la Embajada de los Estados Unidos para exigir la libertad de los detenidos. A pesar de que se instalaron en el lugar desde el pasado 7 de junio, hasta la fecha no han sido recibidos por ninguna autoridad diplomática estadounidense.

A pesar de las liberaciones registradas a cuentagotas, los familiares exigen que en las próximas negociaciones entre el gobierno y la oposición, fijadas para el 1 de agosto, se establezca como prioridad absoluta en la agenda la libertad plena para todos los presos de conciencia en el país.