¿Qué está pasando con la apelación del capitán Juan Carlos Caguaripano?

El proceso de apelación del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en situación de retiro Juan Carlos Caguaripano y otros coacusados fue intervenido de forma irregular por el juez presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, Carlos Alberto Bonilla Álvarez, para reservarse la redacción de la sentencia definitiva. La denuncia la hizo pública el abogado defensor Juan Luis González Taguaruco a través de su cuenta en la red social X, la noche de este lunes 19 de octubre, al exponer mediante documentos oficiales que el magistrado despojó a la Sala Número 1 del conocimiento de la causa.

La alteración administrativa ocurrió luego de que el juez de la Sala 1, Alejandro Chirimelli, entregara un proyecto de resolución el 16 de septiembre de 2026. El procedimiento legal establecía que, ante la posterior ausencia por reposo médico de otra jueza integrante de la corte, la presidencia del circuito debía nombrar a un suplente para conformar una instancia accidental que votara el documento. En su lugar, Bonilla emitió la Resolución 004-2026, utilizando los 21 días de inasistencia de la funcionaria Scarlet Mérida para declarar un vencimiento injustificado de los lapsos y arrebatar el expediente.

Lo que está pasando con el trámite de la apelación interpuesta por la defensa, entre otros, del Cap. Juan Carlos Caguaripano, es realmente escandaloso.

El Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Carlos Alberto Bonilla Álvarez, en vez de cumplir la ley…

— J L González Taguaruco (@gonzaleztjuan) October 19, 2026

El abogado vinculó al juez rector con las violaciones al debido proceso ocurridas durante el juicio original a finales de 2025. “Fue quien instruyó al ‘juez’ Luis Francisco Ovalles, para dictar el fallo condenatorio esa misma noche, con todos los agravios denunciados”, aseguró González Taguaruco mediante su cuenta oficial.

Condenas a puerta cerrada

La pena máxima de 30 años impuesta a los implicados en el asalto armado al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, acumuló múltiples anomalías que la defensa del militar denunció desde que comenzó el proceso en 2017. El tribunal de primera instancia sentenció a civiles bajo jurisdicción militar, descartó la mayoría de las pruebas promovidas por el propio Ministerio Público y procesó a uno de los acusados mientras este poseía un justificativo médico.

“La condena de los ciudadanos Juan Caguaripano, Jefferson García Dos Ramos, Giulianny Espinoza, Gabriel Barros Romero y José Rengifo, (se efectuó) sin estar presentes sus abogados”, fustigó el jurista vía X.

Quién es el capitán Caguaripano, el “enemigo público” del chavismo al que la justicia le abrió una inédita apelación

La Operación David y el historial de torturas

Caguaripano es uno de los presos políticos más reconocidos del país y el 6 de agosto de 2017 lideró la “Operación David”, una irrupción armada en la 41ª Brigada Blindada de Valencia. A través de un video, justificó el asalto como una acción cívico-militar para frenar el asesinato de manifestantes durante las protestas de ese año y no como un golpe de Estado. Cinco días después, funcionarios de Polisucre lo capturaron en La Urbina, al este de Caracas.

Tras la detención, el entonces ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió represalias implacables contra los sublevados al celebrar en sus redes sociales que “esta captura ha sido un duro golpe al terrorismo fascista que ha puesto en práctica la derecha venezolana”.

Desde entonces, su reclusión transcurrió entre la Dgcim, el Sebin y la zona de máxima seguridad de El Rodeo I, signada por torturas documentadas por la Misión de la ONU. Los informes médicos detallan que el capitán sufrió asfixias, colgaduras y descargas eléctricas.

Las golpizas le provocaron la dislocación de un hombro y el desprendimiento de un testículo, lesiones que nunca recibieron atención quirúrgica a tiempo.

La admisión de su apelación en agosto de 2026 rompió con años de estancamiento judicial, en medio de la nueva realidad política tras la salida del poder de Nicolás Maduro el 3 de enero. Pero la reciente intervención de Bonilla frena cualquier decisión.

Al desviar los cuatro volúmenes del expediente hacia la Sala 2 mediante el oficio del 7 de octubre, la presidencia del circuito aparta a los jueces naturales del caso y paraliza nuevamente la decisión sobre el futuro de los acusados.