La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los crímenes cometidos se mencionan la tortura, la violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
El representante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en Europa, Calixto Ávila, explicó que con esta declaración la Fiscalía “está abriendo la fase 3 del examen preliminar lo que indica que la investigación estará enfocada en si el Estado venezolano puede y quiere investigar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y también se centrará en la gravedad de esos crímenes”.
El examen preliminar no es un juicio, sino un proceso en el que se determina si existen motivos para que ese juicio ocurra y, de llegarse a ese extremo, este no sería contra un gobierno sino contra los responsables individuales de los delitos sujetos a la investigación de la Corte. La fase tres corresponde a la admisibilidad del caso, así como al análisis sobre la naturaleza e impacto de los crímenes, explica Acceso a la Justicia.
El representante de Provea destaca que para la «primera parte de 2021» el examen preliminar debería estar concluido lo que significa que se abriría la posibilidad de que la CPI abra formalmente una investigación tras la remisión por parte de la Fiscalía.
“Es importante que la Fiscalía anota que ha recibido información tanto del Estado venezolano como de la comisión de determinación de hechos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El examen preliminar concluye una importante etapa y abre una segunda con la esperanza de que sea resuelto en la primera parte de 2021”, señala Ávila.
Son cuatro fases que deben superarse antes de que la Corte Penal Internacional inicie una investigación formal contra responsables señalados.
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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los crímenes cometidos se mencionan la tortura, la violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
El representante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en Europa, Calixto Ávila, explicó que con esta declaración la Fiscalía “está abriendo la fase 3 del examen preliminar lo que indica que la investigación estará enfocada en si el Estado venezolano puede y quiere investigar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y también se centrará en la gravedad de esos crímenes”.
El examen preliminar no es un juicio, sino un proceso en el que se determina si existen motivos para que ese juicio ocurra y, de llegarse a ese extremo, este no sería contra un gobierno sino contra los responsables individuales de los delitos sujetos a la investigación de la Corte. La fase tres corresponde a la admisibilidad del caso, así como al análisis sobre la naturaleza e impacto de los crímenes, explica Acceso a la Justicia.
El representante de Provea destaca que para la «primera parte de 2021» el examen preliminar debería estar concluido lo que significa que se abriría la posibilidad de que la CPI abra formalmente una investigación tras la remisión por parte de la Fiscalía.
“Es importante que la Fiscalía anota que ha recibido información tanto del Estado venezolano como de la comisión de determinación de hechos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El examen preliminar concluye una importante etapa y abre una segunda con la esperanza de que sea resuelto en la primera parte de 2021”, señala Ávila.
Son cuatro fases que deben superarse antes de que la Corte Penal Internacional inicie una investigación formal contra responsables señalados.