Provea: En Venezuela se institucionaliza la desaparición forzada como política estatal

La ONG Provea denunció este sábado, 30 de agosto, que la desaparición forzada se convirtió en una práctica “institucional” como una política de Estado en contra de la población civil.

En un nuevo informe sobre las violaciones a los derechos humanos, la organización no gubernamental resaltó que “en Venezuela, los casos de desapariciones forzadas de personas -en el marco del aumento del terrorismo de Estado- han aumentado dramáticamente”.

El documento estudia 23 casos de desaparición forzada, que ocurrieron entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. Provea hizo entrevistas con familiares de las víctimas para documentar este tipo de prácticas, que obliga a los seres queridos a recorrer, como un peregrinaje, diferentes sedes de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado donde les niegan que tengan encarceladas a las personas víctimas de este tipo de prácticas que el Estatuto de Roma considera como un crimen de lesa humanidad.

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Mujeres y embarazadas entre las desaparecidas

La ONG critica la actuación de los órganos de administración de justicia, desde las unidades de recepción de los tribunales hasta el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que no responden a las peticiones de familiares frente a las desapariciones.

“Con respecto a la caracterización de los casos, es preocupante el hecho que de las 23 denuncias recibidas fueron registradas 7 mujeres desaparecidas, es decir, que el 30,4% de las desapariciones denunciadas pertenecen al género femenino, de las cuales todas son madres y una estaba embarazada al momento de ser aprehendida”, cita Provea.

De esos análisis sólo se mencionan, por razones de seguridad, los nombres de los defensores de derechos humanos Carlos Correa, que estuvo en desaparición forzada desde su detención el pasado 7 de enero de 2025 y hasta su excarcelación una semana después, así como el del miembro de Provea, Eduardo Torres, arrestado el pasado mayo y a quien mantuvieron desaparecido por espacio de dos semanas.

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Quiénes cometen estas desapariciones

Sobre los organismos de seguridad que más practican las desapariciones, el informe señala que de esos 23 analizados, es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la que lleva la batuta con 16 de ellos; es decir, en 7 de cada 10 detenciones y posterior desaparición forzada, son los miembros de este cuerpo militarizado de inteligencia los que estuvieron al frente de tales violaciones.

Para Provea esto es “evidencia (de) que la mayoría de las detenciones fueron ejecutadas contra civiles por parte de organismos militares, incluidas 5 mujeres”. Las demás detenciones las practicaron el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y una por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Además, no se conoce en dos arrestos qué cuerpo de seguridad estuvo al frente de las aprehesiones.

“Estos casos forman parte de un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violación a las garantías constitucionales más elementales como el debido proceso y el derecho a la defensa”, denunció la ONG.

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Las recomendaciones de Provea

Ante esto en sus recomendaciones exigen que los tribunales reciban los recursos de amparo o habeas corpus para proteger a las víctimas de desapariciones forzadas, que la Defensoría del Pueblo cumpla con su rol constitucional de visitar los centros de detención para verificar si una persona se encuentra o no privada de libertad, que el Ministerio Público investigue estas violaciones de DDHH como la incomunicación de las víctimas de tales prácticas.

También “determinar las responsabilidades civiles, penales, administrativas y disciplinarias a que hubiere lugar por estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas, en aras de imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición”.

También que las personas apresadas gocen de sus derechos y garantías fundamentales que establece la Constitución y los pactos internacionales de DDHH que Venezuela suscribió.

Lea el informe especial en este enlace