Provea alerta sobre el temor y la falta de información tras operativo militar en Las Claritas

Provea advirtió que, una semana después del operativo militar en Las Claritas y Kilómetro 88, persiste el temor entre los habitantes y la opacidad sobre los hechos que culminaron con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua.

De acuerdo con testimonios recogidos por la organización, los pobladores de la zona afirman que aún desconocen aspectos fundamentales del procedimiento, que se inició el pasado 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en áreas mineras que durante años estuvieron bajo control de grupos armados irregulares.

Una semana después de la intervención militar en el sur de Bolívar, persisten la incertidumbre, el temor y las dudas sobre el futuro de miles de mineros y habitantes de la zona https://t.co/4yMu40tvoA

— PROVEA (@_Provea) June 18, 2026

“No existe claridad sobre la fecha exacta de la muerte de Guerrero: se desconoce si ocurrió el 12 de junio —día en que el presidente Donald Trump la informó— o durante los primeros días del operativo”, indica el comunicado de Provea.

«El Estado venezolano, que desde hace tiempo ha sido acusado de complicidad o permisividad con estos grupos irregulares que se adueñaron de las minas, guarda silencio», reclamó.

La ONG señaló que, a pesar de los comunicados oficiales emitidos tanto por la Casa Blanca como por Miraflores, persiste la opacidad. No se ha proporcionado información oficial sobre posibles heridos ni sobre otros fallecidos durante el operativo, lo que ha alimentado la circulación de versiones contradictorias.

Asimismo, Provea destacó que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos, especialmente tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, permitiendo que el territorio fuera penetrado por economías criminales de todo tipo. Esto ha dejado a cientos de miles de pobladores en medio de la confrontación, en condición de vulnerabilidad y sin acceso a respuestas ni asistencia institucional», puntualizó la organización.Provea alertó que, sin un plan claro para el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, es probable que se produzcan desplazamientos de mineros y de la población hacia municipios aledaños.La organización instó a las autoridades a ofrecer información veraz y oportuna sobre los acontecimientos, y exigió la adopción de medidas concretas para proteger los derechos de las comunidades afectadas.