Pese a que la Fiscalía carece de pruebas, tras casi nueve meses de investigación, este lunes 9 de diciembre la jueza Yislent Infante Medina decidió extender por un año el plazo para las averiguaciones sobre el caso de Luis Carlos Diaz, informó la ONG Espacio Público, a cargo de su defensa. Por esta razón, el activista de derechos humanos permanece bajo medidas cautelares de presentación, prohibición de salida del país y de declarar a los medios sobre esos hechos.
Díaz fue acusado de instigación pública luego de que el primer vicepresidente del partido de gobierno y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, divulgara un video manipulado en el que el periodista ofrecía recomendaciones para comunicarse en caso de fallar la energía eléctrica.
Infante Medina—la cuarta juez que lleva el caso— informó sobre su decisión durante una audiencia oral que solicitó la defensa el pasado 12 de noviembre, para exigir el sobreseimiento de la causa y conocer el tiempo que el Tribunal otorgaría a la Fiscalía para presentar el acto conclusivo de la investigación, ya que el plazo de ocho meses que establece la ley se cumplió.
“Esta audiencia oral debía celebrarse a más tardar a los 10 días de solicitada, sin embargo, la cita se dio 28 días después… además no se cumplieron las formalidades legales”, explicó la organización.
Violación de DDHH
La defensa de Díaz recordó que la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba convincente que sustente el caso contra el periodista y tampoco ha diligenciado frente a la investigación, “por lo que continuar el proceso penal implica seguir violando sus derechos humanos”.
El pasado 5 de diciembre la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Cofavic, acompañados de Espacio Público, expusieron argumentos de derechos humanos a favor de Díaz. Insistieron en que las restricciones de las medidas cautelares afectan su labor y han “obstaculizando el derecho que tiene la sociedad de recibir información”.
El activista Luis Carlos Díaz fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 11 de marzo, cuando iba camino a su casa en bicicleta. El hecho fue rechazado incluso por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El 2 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) acordó dictar medidas de protección para él y su grupo familiar.