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La Academia Nacional de Medicina y otras organizaciones civiles académicas y docentes prevén que los contagios por COVID-19 aumenten en Venezuela tras el reinicio de clases presenciales bajo políticas de “improvisación” que no garantizan la salud de la comunidad educativa y las familias. 

Denuncian la “ausencia de una gestión planificada y efectiva que garantice un plan oficial nacional de vacunación contra la COVID-19 ordenado, acorde con criterios de priorización y basado en análisis de riesgo y vulnerabilidad de las personas”, pues no existe información pública y confiable sobre el índice de inmunización en el país.

En este comunicado también llama la atención sobre el regreso a las clases presenciales en los centros educativos, bajo condiciones de precariedad y sin contar con un “plan de apoyo por parte de las autoridades educativas y de salud”.

“El regreso a clases presenciales debió haberse hecho bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, funcionamiento regular de los servicios públicos. (…) De igual manera, debió haberse reactivado el Programa de Alimentación Escolar, así como un plan de recuperación de la infraestructura y dotación de las instituciones educativas, y de todo el ámbito de protección del estudiante, la familia y el personal docente», agregan en el documento.

Es así como representantes del sector médico, científico y del magisterio dejan constancia de que “el Ejecutivo Nacional no consultó a las instituciones académicas, sociedades científicas, gremios, padres y representantes ni a la sociedad en general sobre las medidas y condiciones en que debería producirse un regreso a clases seguro”.

De la misma manera, le advierten al Estado venezolano que “debe considerar los riesgos que implica una flexibilización prolongada en el escenario de una dinámica epidémica de intensidad creciente”, pues se considera que la pandemia de covid-19 no ha sido controlado en el país, según afirmó Huniades Urbina-Medina, Secretario de la Academia Nacional de Medicina.

Incluso, advierten que, con el aumento de la permanencia de los jóvenes en las escuelas, de entre 3 y cinco horas al día, se plantea un riesgo de contagio mucho más alto que cuando se utiliza el transporte público o cuándos e visitan tiendas comerciales.

Vacunación en adolescentes

En el documento expresan su conformidad con que las autoridades venezolanas autoricen el uso de las vacunas Sinopharm y Sinovac en el en el grupo de edades comprendidas entre 13 y 17 años, “siempre que se dé cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico nacional señala en materia de autorización de uso de productos farmacéuticos, en situaciones de emergencia”.

“Estas vacunas, pese a no contar con la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser utilizadas, en condiciones de emergencia, en poblaciones entre 12 y 18 años, han sido ensayadas exitosamente, en estos grupos poblacionales, en países de América Latina y a nivel mundial”, se asegura.

Incluso, invitan a los padres y representantes a vacunar a sus adolescentes, mayores de 12 años y a vacunarse ellos mismos: “Aender este llamado permite contribuir al desarrollo de hogares autoprotegidos contra la COVID-19 (…) La vacunación familiar podría convertirse en una excelente forma de prevenir y evitar complicaciones y casos graves causados por la COVID-19”.

Sin embargo, advierten que, en el caso de la vacunación del grupo poblacional menor, entre tres y doce años, merece atención especial, pues hasta la fecha la OMS todavía no ha autorizado ninguna vacuna contra la COVID-19 para menores de 12 años, mientras que países como Estados Unidos aprobaron recientemente el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech en menores de 5 a 11 año.

“Solo en la medida que obtengamos más información de los resultados de los ensayos clínicos de vacunas, en este grupo poblacional, estaremos en capacidad de recomendar se extienda la vacunación contra la COVID-19 a este grupo etario”, concluyen.

Ante lo planteado, los gremios demandan…

1. Incorporar las recomendaciones emanadas desde las Academias, Sociedades Científicas y otras organizaciones de la Sociedad Civil para trabajar coordinadamente con estos actores en el abordaje de la pandemia, con el fin de alcanzar una visión comprensiva del regreso a clases en este contexto, que garantice la protección de la familia venezolana ante la COVID-19 y el derecho a la información de la población.
   
2. Que el Estado garantice la vacunación de los mayores de 12 años, con vacunas seguras como la Sinopharm que están utilizando en los adultos, con el previo Consentimiento Informado, por escrito, de los representantes. En cuanto a los menores de 12 años, no se debe iniciar la vacunación hasta no contar con suficientes evidencias del uso seguro de vacunas aprobadas en estas edades y también con el consentimiento informado, por escrito, de sus representantes. Bajo ninguna circunstancia se les debe aplicar productos experimentales, lo cual sería violatorio de los derechos de los niños, a tenor de lo dispuesto en las declaraciones, instrumentos, tratados y pactos internacionales más significativos en materia de Derechos Humanos, incluidos los que garantizan de una manera específica los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata, conforme se desprende de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de otras disposiciones previstas en el derecho interno, como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de las normas y protocolos de investigación científica en niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, invitan “a las organizaciones, comunidades educativas, asociaciones de padres y representantes, gremios, sindicatos y asociaciones que realizan actividades en los sectores educación y salud, y a otras organizaciones de la sociedad civil, a que se incorporen en la defensa de los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes, en materia de educación y salud”.