“Préstamo forzoso” de trabajadores es una “militarización laboral”, advierten sindicalistas

Las palabras régimen laboral transitorio llegaron a la palestra luego de la resolución N° 9855, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 por el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo. Mediante ella, se establece dicho régimen “de carácter obligatorio y estratégico para todas las entidades de trabajo del país”, para de esta forma contribuir con el reimpulso del sector productivo agroalimentario.

Esta resolución establece un mecanismo de inserción temporal en aquellas entidades consideradas objeto de medidas especiales, que serían implementadas para “fortalecer la producción“, por ser el Estado el responsable de garantizar la seguridad alimentaria de la población.

“Para dar cumplimiento a la disposición anterior se deberá disponer de trabajadores y trabajadoras del sector público o privado”, dice el artículo segundo de la Resolución, que en el artículo tercero dice que las entidades de trabajo, tanto públicas como privadas, están obligadas a cumplir estrictamente y proporcionar a los trabajadores requeridos.

Abogados, sindicalistas y políticos del país se han pronunciado frente al decreto, que van contra los derechos de los trabajadores según Armando Medina, secretario general nacional de Fetraenseñanza. “Exhortamos a todos los docentes a no participar. Nosotros nos amparamos en la Ley Orgánica de la Educación y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt)”.

“Lo hemos planteado para que los trabajadores tengan conocimiento, no se dejen amedrentar por acosos ni que violen sus derechos”, dijo Medina.

La Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) la ve como “una muestra más del proceso de militarización de las relaciones laborales”, que además violenta el derecho a la libre escogencia del trabajo, señalado en la Lottt. También va en contra de un convenio internacional de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), firmado por el Gobierno, sobre el trabajo forzado. La OIT lo considera como una de las acciones más retrógradas.

Moreno explicó que es, también, una carga mayor para los empresarios. Si un trabajador sale de su industria para una del Estado, significa menos personal para desarrollar sus operaciones.

“Nos negamos rotundamente a la aceptación de este decreto. Es un adefesio jurídico, una aberración”, dijo Pedro Moreno, secretario ejecutivo de la organización.

Según la resolución, los trabajadores requeridos estarán enmarcados en los efectos de “suspensión de la relación de trabajo” y gozarán de inamovilidad laboral, por lo que no podrán ser despedidos ni desmejorados de sus condiciones de trabajo originarias. Tampoco estarán obligados a prestar el servicio a la entidad de trabajo originaria, ni ésta a pagarles salario durante el tiempo que sean requeridos.

Durante este tiempo, salario y cestaticket son responsabilidad de la empresa que los requiere. Sin embargo, la empresa originaria sí debe computar la antigüedad de forma que no afecte las Prestaciones Sociales de los trabajadores.

El presidente del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sidicato (Fadess), Froilán Barrios, también habló del tema. “El artículo 29 de Trabajos Forzosos de la OIT- establece a no obligar al trabajador a una actividad que no pida y le prohíbe a los entes públicos establecer condiciones de trabajo forzoso”, dijo en una entrevista en Unión Radio.

“Una decisión de un ministro del trabajo (Oswaldo Vera) no puede violentar los derechos de los trabajadores, por eso razón, Fadess solicitará el retiro inmediato de la resolución y un voto de censura al ministro de las comunas y al del trabajo y, si es aprobado por las tres quintas partes de la Asamblea Nacional –AN-, acarreará su destitución inmediata”, exclamó.

Según la normativa, el tiempo estipulado para que los trabajadores presten sus servicios es de sesenta días, prorrogrables por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan”.

Para el diputado Américo De Grazia (La Causa R) es una “neo esclavitud, inaceptable e inadmisible“. Calificó el Decreto de insólito, puesto que retrasa al país 162 años, cuando se abolió la esclavitud.

Así como la CTV, plantea elevar esto a la OIT para que inste al Gobierno a que respete el derecho de los trabajadores, De Grazia dijo que llevarían esto “a todas las instancias nacionales o internacionales necesarias para demandar la nulidad de la resolución”.

De Grazia exclamó que esto es solo un golpe más a los trabajadores por parte del Gobierno. “No hay libertad sindical, acabaron con las centrales de trabajadores y usan al CNE como intervencionismo estatista que califica si un sindicato es legítimo o no. Criminalizaron la protesta y desprestigiaron a los sindicatos vinculándolos a grupos armados, clanes y mafias”.

El parlamentario puntualizó que desde varios estados del país los sindicalistas lo han contactado para manifestar su descontento frente a esta medida.

Así mismo, Jesús “Chúo” Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que la resolución es una agresión a la libertad del trabajo. “Un ‘Gobiernito’ que se decía obrerista, ahora emite una resolución para obligar a los obreros a cambiar su línea de trabajo”, dijo el político, quien considera que el Gobierno “destruyó a Venezuela y pretende reconstruirla obligando a la gente a trabajar en lo que no quiere”.

“Además de que hay hambre, ahora quieren que haya también esclavitud”, dijo.

Para la abogada Tibaire Altuve, especialista en derecho laboral, los derechos de los trabajadores quedan en entredicho. En primer lugar, los patrones se enfrentan frente a una situación complicada: “si sacan 10 trabajadores por la emergencia económica para ir a cultivar caña de azúcar, ¿cómo me ocupo de ese hueco?”, se preguntó.

También le preocupa que la Resolución establece que los trabajadores de los que se dispondrá deberán tener condiciones físicas adecuadas, conocimientos teóricos y técnicos en las diferentes áreas productivas. “¿Quién decide quién está capacitado para un trabajo obligatorio?”, se cuestionó la abogada, para quien que el documento, publicado el 22 de julio, deja más preguntas que respuestas.

Aquí puede leer la Gaceta Oficial Nº40.950, donde está publicada la Resolución:

Gaceta Oficial Nº40.950