Organizaciones civiles rechazan acusaciones de Diosdado Cabello

LA HUMANIDAD · 26 ENERO, 2022 15:26

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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Este miércoles, 144 organizaciones y otros 20 actores de la sociedad civil firmaron un pronunciamiento público en el que exigen al Estado venezolano el «cese de prácticas estigmatizantes, de odio, desprecio, hostigamiento, criminalización y persecución contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela».

Recordando la firma del memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, estas organizaciones se prenunciaron sobre las recientes declaraciones de Diosdado Cabello en las que criminaliza a varios periodistas y activistas de derechos humanos en Venezuela.

Destacan que fue noticia el día 19 de enero de 2022, en el programa televisivo “Con El Mazo Dando” dirigido por Cabello, la exposición de un grupo de venezolanos de diversa índole, entre políticos, comunicadores sociales, lideres de sociales y otros, a los que se les señaló con carteles de “Se buscan por ladrones todos…”.

«Como organizaciones sociales e individualidades de la sociedad civil, fieles propulsores de la libertad de expresión crítica, declaramos que hacemos votos permanentes por la existencia de una opinión pública libre, como fortaleza de una sociedad libre y democrática; pero sin duda se torna peligroso e inaceptable que las opiniones del diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón, devengan en formas de expresión que propagan, incitan, promueven y/o justifican el odio, la intimidación y persecución, basado en la intolerancia especifica a un sector que promueve la defensa de principios y derechos en el país nacional», sostienen.

Indican que es clara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al establecer en su artículo 285 numeral 4 la atribución exclusiva del Ministerio Publico de ejercer en nombre del Estado la acción penal.

Concatenan con el Artículo 187 del mismo texto que los diputados de la Asamblea Nacional carecen de la potestad de ejercer en nombre del Estado la acción penal y, en consecuencia, ordenar la persecución de cualquier ciudadano.

«Los prestadores de servicio de radio, televisión y suscripción, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad; y que en consecuencia a ello los mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia deben estar proscritos en su contenido».

Las organizaciones señalan que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han destacado como política de persecución, que el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

«El diputado Cabello es reincidente en el empleo de estos patrones a través de la televisión pública nacional, ya el 19 de abril 2017, mostró igualmente durante su programa “Con el mazo dando”, el ‘Manual para el Combatiente Revolucionario’ en el que están registrados los diputados y líderes de oposición con fotografía, nombre completo y dirección», alertan.

Por todo lo anterior, considera como preocupante la ocurrencia reiterada de este tipo de eventos en la televisión pública de señal abierta nacional y hacen llamado de alerta al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, al Relator Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión, al Relator de la OEA sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, para:

  1. Estar alertas y coadyuvar en el estricto sentido de sus atribuciones, en la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los distintos Tratados que en la materia ha suscrito y ratificado el Estado Venezolano; al ser este tipo de persecuciones fundadas esencialmente en motivos políticos; llevadas a cabo a través de medios de comunicación del Estado y sus redes sociales, mecanismos de reducción del espacio cívico, generando francas restricciones al derecho de libertad de asociación y reunión, generando con estas estigmatizaciones, apologías persecutorias en desmedro de quienes ejercen su ciudadanía.
  2. Solicitar que se hagan las investigaciones pertinentes, así como adelantar otras acciones según su mandato, tomando en consideración las más amplias medidas que impidan a futuro, la ocurrencia de eventos como el aquí destacado, promoviendo y garantizando la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, y previniendo toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro género.

Entre las organizaciones firmantes está: Acción En Positivo, Acción Solidaria, Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), Acción Ciudadana Contra el SIDA, la Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita, Alerta Venezuela, Alianza Venezolana por la Salud, Asamblea Nacional legítima de Venezuela, Asociación Civil Asamblea de Educación, A.C. Justicia y Paz OP Venezuela, Caleidoscopio Humano, Caracas Ciudad Plural, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – UCLA, Cecodap, Centro Guimilla, entre otros organismos que se hicieron acompañar de una veintena de personalidades.