ONG venezolanas demandan transparencia ante inicio de discusión sobre ley de amnistía

Varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Venezuela manifestaron inquietud por el arranque de las deliberaciones sobre un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Aseguran que la falta de publicación del texto completo viola principios básicos de transparencia y participación ciudadana.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó que el debate arranca este jueves sin que se conozca el contenido del proyecto. Consideran esta omisión incompatible con estándares internacionales de derechos humanos.

“Ninguna ley de amnistía puede debatirse ni aprobarse de espaldas a las víctimas, a sus familiares ni a las organizaciones de derechos humanos que las han acompañado durante años”, expresó JEP en un comunicado.

Agregaron que el hermetismo impide un análisis profundo sobre el alcance de la norma, sus criterios de inclusión y exclusión, y sus efectos jurídicos, lo cual pone en duda su legitimidad.

JEP exigió la publicación inmediata del texto íntegro para que víctimas, defensores de derechos humanos, expertos y la sociedad civil lo revisen y formulen observaciones.

Por su parte, Foro Penal, especializado en casos de presos políticos, recibió la propuesta con optimismo, pero insistió en que la legislación responda a los retos del país y promueva reconciliación, justicia y no repetición de abusos. Destacaron la importancia de que víctimas y sociedad civil participen en su elaboración, ejecución y supervisión.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, enfatizó que la amnistía no implica un perdón, pues no acepta responsabilidad en ilícitos, y pidió que el texto se haga público de inmediato para contar con aportes de la sociedad civil.

Provea, otra organización clave, aclaró que la amnistía no representa un perdón o gracia del Estado, dado que las detenciones resultaron arbitrarias y violaron derechos amparados en la Constitución y tratados internacionales.

Amnistía Internacional (AI) calificó la ley como insuficiente si no incluye garantías de no repetición, como la derogación de leyes que permitieron detenciones arbitrarias y el desmantelamiento de organismos estatales involucrados en violaciones de derechos humanos. AI urgió a que la norma evite convertirse en un mecanismo de impunidad y garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Las ONG coinciden en que el proceso legislativo debe priorizar la inclusión y el respeto a estándares globales para lograr una reconciliación genuina en Venezuela