ONG exigen garantías de independencia en reforma del TSJ

Un grupo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana se pronunció este jueves sobre el anuncio de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) y la renovación de la totalidad de sus magistrados, acordado el 12 de agosto en el marco de la mesa de diálogo entre el oficialismo y la Asamblea Nacional electa en 2015.

Las organizaciones firmantes —entre ellas Acceso a la Justicia, Provea, Cepaz, Defiende Venezuela, Civilis, Justicia Encuentro y Perdón, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos— recibieron con atención el anuncio, al considerar que coloca en el centro de la agenda de reinstitucionalización “el nudo estructural” que durante años han señalado: el uso del Poder Judicial, y en particular del TSJ, como instrumento de represión, persecución política y erosión del Estado de derecho.

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En su comunicado, las organizaciones advierten que ninguna reforma institucional será creíble mientras el sistema de justicia continúe subordinado al poder político. Exigen un acuerdo político explícito, con verificación internacional y de la sociedad civil, que garantice la independencia e imparcialidad del sistema judicial como condición previa a cualquier cambio institucional. Ese acuerdo debería incluir la depuración de funcionarios que participaron en la represión y la suspensión inmediata de quienes enfrentan procesos por violaciones de derechos humanos.Además, plantean cinco garantías técnicas mínimas para el proceso de selección de los nuevos magistrados:

1. Publicación íntegra del baremo de evaluación, conforme al artículo 73 de la LOTSJ.
2. Acceso público a los expedientes completos de los postulados.
3. Constitución de un comité técnico independiente, con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
4. Recomposición del Comité de Postulaciones Judiciales para devolver a la sociedad civil el rol central que le otorga la Constitución.
5. Reconfiguración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano, actualmente integrado de forma irregular por diputados.

Las organizaciones coinciden en que se trata de una oportunidad histórica para que, por primera vez desde 1999, la designación de los magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional. Sin embargo, advierten que harán un seguimiento cercano de cada etapa del proceso, pues solo será genuino si el resultado es una independencia judicial verificable y sostenible en el tiempo.

“La reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito”, concluyen.