Luego del comunicado de las organizaciones Caracas mi Convive y Alimenta la Solidaridad sobre el hostigamiento por parte de organismos de seguridad contra el director y fundador, Roberto Patiño, la denuncia se hizo activa a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Como principio de un acto de persecución contra cualquier iniciativa de la sociedad civil y de protección a los derechos humanos, diferentes ONG han manifestado su rechazo ante estas acciones.
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), aseguró que este tipo de actos son una continua amenaza por parte del Estado para atentar contra la autonomía de estas organizaciones.
“Los líderes políticos del gobierno de Maduro se han encargado de criminalizar a miembros de la sociedad civil independiente, a través de controles y normativas administrativas, amplia legislación y jurisprudencia restrictiva de juzgados y tribunales”, dijo la abogada en una consulta realizada por Efecto Cocuyo.
Criminalizan trabajo independiente
Borges se refirió a cómo funcionarios de gobierno criminalizan y exponen a defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y políticos, lo que ha provocado detenciones y daños a sus bienes.
El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha amenazado en varias oportunidades, a través de su programa televisivo “Con el Mazo Dando”, que se impulsará desde la nueva Asamblea Nacional a instalarse el 5 de enero de 2021, leyes para regular o prohibir el financiamiento de organizaciones no gubernamentales que, según considera, son para “fomentar el terrorismo”.
“Estas organizaciones son las que han documentado y denunciado durante años los atropellos en el país ante los organismos internacionales. También han desarrollado acciones humanitarias para ayudar a la población que sufre. Estos ataques buscan silenciar, amedrentar y perseguir esta acción”, agregó la directora de Cepaz. .
Instó a las autoridades a detener todos los actos de agresión y hostigamiento hacia las ONG en el país, así como a sus miembros, y en cambio garantizar su integridad moral y física.
Derechos violados
Para Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el allanamiento a las sedes y el congelamiento de cuentas contras las organizaciones Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad forman parte de una serie de tensiones del gobierno contra las iniciativas de la sociedad que “no puede controlar”.
“El derecho de libertad de asociación y reunión han estado en riesgo en los últimos tiempos en el país. En este momento, desde las ONG, estamos atentos a lo que creemos puede ser una ofensiva legislativa regresiva promovida por la próxima Asamblea Nacional, con mayoría oficialista. Creemos que a partir del 5 de enero, podemos entrar a un escenario de mayores ataques y restricciones”, dijo el defensor de derechos humanos a Efecto Cocuyo.
También destacó que el gobierno de Maduro atenta con el derecho a buscar y obtener recursos y acceder a la cooperación internacional.
“La asociación podrá buscar y obtener ingresos, de manera lícita, de fuentes públicas y privadas, llevando un registro contable de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, podrá postularse a proyectos subsidiados por la cooperación internacional para el desarrollo y los derechos humanos, sin ser criminalizados por ello”, dijo.
Uzcátegui explicó que en este sentido también se atenta contra derechos como la libertad de asociarse, libertad de funcionar, de opinión y expresión, comunicación y la cooperación, participación de eventos públicos, la defensa de derechos humanos, entre otros.