Indignación, molestia, decepción, son tres de los sentimientos que muestran las mujeres caraqueñas cuando sacan cuentas de sus ingresos y de lo poco que pueden hacer con el salario que perciben.
«No alcanza para la comida», «no podemos comprar medicinas», «no hay forma de darse un lujito», «muchas vivimos dependiendo de otros»… Son frases que resaltan este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que se repitieron durante una jornada de protesta para visibilizar la crisis social y para exigir al Estado venezolano mayor compromiso y protección a la clase trabajadora.
El pasado 3 de marzo, el mandatario Nicolás Maduro anunció que el sueldo mínimo y las pensiones quedaban en medio petro: la criptomoneda que el gobierno chavista creó en 2017 y que para el 4 de marzo de 2022 equivalía a 252,64 bolívares.
Con este ajuste el ingreso mensual de los trabajadores activos sería entonces de 126,32 bolívares o 28,97 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), más un bono de alimentación de 45 bolívares, para un total de 39 dólares.
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) señaló que el incremento se trata de una decisión unilateral que «no resuelve los problemas del trabajador venezolano».
Así mismo, la Asociación de Profesionales de la UCV (Apufat) aseguró que la medida es insuficiente y no se ajusta al artículo 91 de la Constitución de la República, que establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud y coordinador de la Red Sindical Venezolana, aseguró a Efecto Cocuyo que un aumento del salario mínimo, en el contexto de Venezuela, debe venir acompañado de nuevas políticas económicas.
«El gobierno no hace nada con aumentar y no buscar la forma en la que se eleve la producción del país», dijo. Advirtió que los trabajadores sanitarios no están de acuerdo con el anuncio del Ejecutivo.
Usando esos mismos argumentos, las mujeres de varios sectores laborales se concentraron en la plaza de Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Púbico, para hacer públicas sus demandas que se resumen en: mejores condiciones laborales y un salario digno.
«Nosotras, las mujeres jubiladas de todos los sectores, hemos venidos para denunciar las deficiencias de una política de gobierno que, en vez de protegernos, más bien ha venido deteriorando nuestras condiciones de vida», expresó Judith León, presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.
Entre las críticas, dijeron que muchas trabaja expuestas al COVID-19, que (en el caso del personal de la red sanitaria) no tienen uniformes, guantes ni cloro.
Denunciaron, por ejemplo, que el hospital periférico de Coche, a pesar de ser un centro centinela, no cancela el bono por la pandemia. «Por eso salgo a protestar», dijo trabajadora de ese puesto asistencial.
A la acción, que antecede a la protesta nacional pautada para este 9 de marzo, se sumaron jubiladas, pensionadas y activas del sector educación.
Con información de Albany Andara
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Indignación, molestia, decepción, son tres de los sentimientos que muestran las mujeres caraqueñas cuando sacan cuentas de sus ingresos y de lo poco que pueden hacer con el salario que perciben.
«No alcanza para la comida», «no podemos comprar medicinas», «no hay forma de darse un lujito», «muchas vivimos dependiendo de otros»… Son frases que resaltan este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que se repitieron durante una jornada de protesta para visibilizar la crisis social y para exigir al Estado venezolano mayor compromiso y protección a la clase trabajadora.
El pasado 3 de marzo, el mandatario Nicolás Maduro anunció que el sueldo mínimo y las pensiones quedaban en medio petro: la criptomoneda que el gobierno chavista creó en 2017 y que para el 4 de marzo de 2022 equivalía a 252,64 bolívares.
Con este ajuste el ingreso mensual de los trabajadores activos sería entonces de 126,32 bolívares o 28,97 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), más un bono de alimentación de 45 bolívares, para un total de 39 dólares.
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) señaló que el incremento se trata de una decisión unilateral que «no resuelve los problemas del trabajador venezolano».
Así mismo, la Asociación de Profesionales de la UCV (Apufat) aseguró que la medida es insuficiente y no se ajusta al artículo 91 de la Constitución de la República, que establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».
Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud y coordinador de la Red Sindical Venezolana, aseguró a Efecto Cocuyo que un aumento del salario mínimo, en el contexto de Venezuela, debe venir acompañado de nuevas políticas económicas.
«El gobierno no hace nada con aumentar y no buscar la forma en la que se eleve la producción del país», dijo. Advirtió que los trabajadores sanitarios no están de acuerdo con el anuncio del Ejecutivo.
Usando esos mismos argumentos, las mujeres de varios sectores laborales se concentraron en la plaza de Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Púbico, para hacer públicas sus demandas que se resumen en: mejores condiciones laborales y un salario digno.
«Nosotras, las mujeres jubiladas de todos los sectores, hemos venidos para denunciar las deficiencias de una política de gobierno que, en vez de protegernos, más bien ha venido deteriorando nuestras condiciones de vida», expresó Judith León, presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.
Entre las críticas, dijeron que muchas trabaja expuestas al COVID-19, que (en el caso del personal de la red sanitaria) no tienen uniformes, guantes ni cloro.
Denunciaron, por ejemplo, que el hospital periférico de Coche, a pesar de ser un centro centinela, no cancela el bono por la pandemia. «Por eso salgo a protestar», dijo trabajadora de ese puesto asistencial.
A la acción, que antecede a la protesta nacional pautada para este 9 de marzo, se sumaron jubiladas, pensionadas y activas del sector educación.
Con información de Albany Andara