Movimiento Estudiantil de la UCV exige una transición política real en Venezuela

Miguelángel Suárez, presidente de la FCU denunció que los estudiantes experimentan miedo ante el regreso a clases presenciales

La dirigencia estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció este lunes que estudiantes reciben extorsiones en el contexto del estado de conmoción exterior, por lo que muchos han optado por no regresar a las aulas este lunes, cuando las autoridades ucevistas llamaron a recomenzar las actividades.

Este régimen de excepción se decretó el 3 de enero de 2026, el mismo día del ataque militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos.

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, declaró en rueda de prensa que los estudiantes experimentan miedo ante el regreso a clases presenciales.

Asimismo, el Movimiento Estudiantil de la UCV exigió una transición política real, sin presos políticos ni hostigamiento a la disidencia.

“Ustedes (Delcy y Jorge Rodríguez) son los responsables de conducir el país hacia una salida pacífica y democrática. Venezuela ya decidió el 28 de julio. El llamado histórico a los hermanos Rodríguez es que deben encaminar el país a una transición real y acabar con estos 25 años de dolor que vivimos los venezolanos”, añadió Suárez.

Explicó que existen reportes de extorsiones a jóvenes solo por llevar en sus teléfonos noticias relacionadas con los hechos políticos actuales.

“Con la responsabilidad histórica que hoy tienen los jóvenes venezolanos, no nos podemos voltear a un lado cuando los acontecimientos del 3 de enero condicionan la vida política nacional, pero también la cotidianidad de cada uno de los venezolanos. En estos momentos hay que ser responsables de cara al país, de las personas que ocupan las funciones del Ejecutivo en Miraflores”, dijo.

Octavio González, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCV, criticó el decreto porque “atenta contra libertades y derechos constitucionales”. Denunció que las fuerzas de seguridad, en lugar de enfrentar amenazas externas, utilizan estas atribuciones para “registrar teléfonos, invadir la privacidad y extorsionar a ciudadanos con el fin de obtener dinero”.