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“Qué es eso de que quemen a alguien. Eso no está bien”, dijo una liceísta a otras dos, mientras caminaban hacia la estación de metro de Los Cortijos. Hablaban de Roberto Josué Fuentes Bernal, el chef que hace cinco días fue quemado vivo en la avenida principal de Los Ruices.

Como ellas, los vecinos transeúntes y comerciantes debatían abiertamente el tema. “Hay que darle su merecido a los ladrones, pero quemarlos no. A ese, al que le prendió fuego, hay que meterlo preso”, dijo un comerciante informal en las afueras del Metro de Los Cortijos. La expresión fue repetida en otras siete oportunidades por entrevistados que accedieron a ofrecer su testimonio en un recorrido que realizó Efecto Cocuyo el 8 de abril por la zona.

“La situación está fuerte, roban celulares, roban bolsos. La gente sale llorando del Metro porque los atracaron. Hace tres semanas secuestraron a un taxista en la entrada de la calle A y apareció en Altamira. Se meten a los edificios y con armas obligan a los vecinos a abrir sus apartamentos y así se llevan todo. La policía nunca llega en el momento en el que todo esto pasa”, narró otro comerciante informal, que además vive en Los Ruices desde hace seis años.

El investigador social  Alejandro Moreno advierte que cuando una comunidad se organiza para “eliminar” a un delincuente, se convierte en criminal. “Es una situación muy seria. Ningún delincuente puede ser eliminado. Es inmoral que incluso se llegue a sacrificar a un inocente acusado de ser un infractor”, expuso.

Dijo que cuando el Estado deja de cumplir sus funciones sancionatorias, existen mecanismos dentro de la ley para obligarlo a cumplir. Se refiere al de la contraloría y presión social que explicó el criminólogo e investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila: » La ciudadanía puede exigir a la policía, a los fiscales y a los jueces que intervengan. Puede presionar a las instituciones para que actúen. La ausencia de institucionalidad no la puedes solventar pasando sobre ella, sino exigiendo su intervención oportuna y pacificadora. Debe demandarse más institucionalidad, no menos”.

Para él los linchamientos no son un fenómeno reciente, sino que hay una mayor visibilización mediática del tema. “Ya sea por criterios editoriales, rentabilidad, amarillismo o intencionalidad política, en los medios se puede sobredimensionar estos eventos que nunca han sido reseñados públicamente por las cifras oficiales. No se puede saber si han aumentado más o no. Y el problema es la promoción pública de estos fenómenos que pudieran naturalizar los linchamientos. Una profecía autorealizada, donde la consecuencia es la reproducción y el incremento de estos casos”, explicó.

Aunado a esto, mencionó que este fenómeno se presenta en un marco social en el que los índices de violencia delictiva son altos, pero no se tienen cifras oficiales para evaluar la situación y donde el sistema de justicia tiene poca legitimidad. Mientras tanto, Ávila resaltó la existencia de una ciudadanía que se está adjudicando labores exclusivas del Estado y advirtió que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”. “Solo el Estado puede juzgar y procesar a las personas, si esto se volverá  al todo contra todos y comenzará a implementarse la ley del más fuerte. El Estado de naturaleza hobbesiano en el que el Estado es inexistente”, aseveró.

Una sociedad criminal

“Hay que matarlos porque si usted lo entrega a la policía, luego hay que ir a denunciar y eso es perder el tiempo. Nunca hay un denunciante y por eso lo sueltan. Es triste lo que estamos viviendo pero sino, no podemos desaparecer la inseguridad”, manifestó una mujer de 64 años de edad en la calle B de Los Ruices.

El sociólogo Alejandro Moreno, ante este testimonio, recordó que estos actos son símbolo de una sociedad anómala y barbárica. “La ineficacia de las autoridades competentes pone al venezolano en una situación de inseguridad total que está degenerando en reacciones atroces. Antes, los linchamientos eran hechos aislados. Ahora parece difundirse y hay gente los apoya. Los medios de comunicación deben hacer énfasis en la humanización”, puntualizó.

Will González, habitante de Los Ruices desde hace 40 años, aseguró que ante el incremento de los hechos delictivos en la zona los «policías» son los miembros de la comunidad. “Es raro que pase un día sin que a un ladrón le den golpes. Aquí la seguridad no existe”, sentenció.

“Cuando la Comisión Nacional de Reforma Policial se creó, la idea era convertir al policía en ciudadano. La lógica no debe ser la inversa: convertir a los ciudadanos en policías, jueces y verdugos. El que quiera ejercer funciones policiales que se meta en una academia, que se ponga el uniforme y que ejerza sus funciones en el marco de la ley. Si se permite que la gente se comporte como si viviera en el “Lejano Oeste” o en la época de la “Santa Inquisición”, esto significaría un retroceso en el derecho y la concepción del Estado moderno”, denunció Ávila.

Proteger al más débil

La multitud que golpeó y quemó a Roberto Josué el lunes 4 de abril lo acusaba de haber atracado a un anciano. Lo juzgaron y lo condenaron antes de que llegara la autoridad: Polisucre. El hecho quedó registrado en video y ahora la policía está tras la pista de los delincuentes que cometieron el asesinato.

Keymer Ávila explicó que aquellos retenidos por la comunidad suelen ser los delincuentes con una jerarquía menor en el mundo hamponil. “Lo paradójico es que el argumento que se está usando es acabar con el delito cometiendo otros delitos más graves. Agarras a rateros que hurtan una cartera, luego la comunidad comete el delito de lesiones -que es más grave- e incluso llegan hasta el homicidio. Bajo esa lógica, los linchadores deberían suicidarse entonces, ya que ellos mismos terminan siendo también delincuentes. Los vecinos terminan convirtiéndose en un delincuente mucho peor que el que pretenden neutralizar”.

Recordó que el derecho busca proteger al más débil: «De lo que se trata es de proteger a las minorías frente a las mayorías, en un marco en el que todos puedan coexistir. Cuando se comete un delito, el más fuerte en esa situación es el delincuente y el más débil es la víctima, allí debe intervenir el Derecho Penal para proteger a esta última de su victimario. Pero a la misma vez, debe proteger a ese victimario de las fuerzas que operarán en su contra y que de seguro serán más fuertes que él, tales como el Estado, las fuerzas de seguridad o sectores de la propia sociedad. Allí estarían los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad o los linchamientos.El Estado debe buscar tanto la prevención de delitos como la prevención de penas arbitrarias o desproporcionadas».