La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU señaló al Ministerio Público de actuar como «la maquinaria represiva del gobierno» de Nicolás Maduro en la detención de personas defensoras de derechos humanos y dirigentes políticos.
Marta Valiñas, presidenta de este grupo que investiga violaciones a los DDHH en Venezuela, presentó una actualización oral sobre su trabajo y los casos que ha documentado durante una intervención en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas este miércoles 20 de marzo.
«El Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas», expresó Valiñas.
Reiteró que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano continúan cometiendo violaciones a la garantías fundamentales de la población y citó las detenciones que ha habido desde el mes de enero de 2024.
«Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión», detalló Valiñas.
Su presentación ocurre un día después de la actualización oral de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, que mencionó la desaparición forzada de 18 personas, lamentó la expulsión de sus funcionarios y la suspensión del trabajo en Venezuela, así como alertó sobre la persecución, hostigamiento y detención de opositores y defensores de DDHH, en un año electoral como el 2024.
Qué dijo la Misión de Determinación de Hechos
«Los numerosos eventos registrados durante el período de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades«, alertó la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Valiñas explicó que las detenciones tras el inicio de 2024 confirman «una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno».
También se refirió a la firma de los Acuerdos de Barbados, la liberación de 25 personas, entre octubre y diciembre de 2023, de las cuales 16 estaban mencionadas en informes anteriores de la Misión.
Hizo hincapié en la judicialización del proceso de primarias opositoras del 22 de octubre, pese a los acuerdos que se firmaron en el país caribeño, lo que a juicio de este grupo de trabajo reafirma que «las autoridades invocan ‘conspiraciones’ reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno».
El caso Rocío San Miguel
Sobre la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel mencionó que la detuvieron «sin orden judicial» el 9 de febrero y solo 48 horas después se informó de un proceso en su contra y tras cinco días de su detención, el 13 de febrero, el Ministerio Público dijo que se encontraba recluida en la sede del Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
«Al momento de esta actualización oral, San Miguel y otro de los detenidos continúan en prisión preventiva, y las demás personas han sido excarceladas bajo medidas alternativas, entre las que destacan no referirse públicamente a los hechos y no abandonar el país».
Sobre la detención y posterior liberación de los familiares de la presidenta de la ONG Control Ciudadano sostuvo que es un patrón que ya ha sido documentado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
«Junto con Rocío San Miguel, la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en ‘conspiraciones’ que, según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años», expresó Valiñas.
Habló de la aprehensión de seis dirigentes del partido político Vente Venezuela, de la candidata presidencial de la plataforma unitaria de la oposición María Corina Machado. De ellos aún cuatro se mantienen en prisión.
Furia bolivariana y brazalete blanco
No dejó de lado la activación de la llamada operación «Furia bolivariana», que ordenó en enero activar el mandatario Nicolás Maduro, lo que Valiñas asoció a la ola de detenciones que han comenzado en el país desde inicios de este año.
«Estos anuncios se conectaron con una nueva ola de detenciones de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales». Allí están los casos de los militares, Rocío San Miguel, los seis miembros de Vente Venezuela, el dirigente sindical de Barinas, así como las órdenes de aprehensión que cursan contra varias personas en el exilio, entre ellas la defensora de DDHH, Tamara Suju, y la periodista Sebastiana Bárraez.
«La detención selectiva de personas opositoras vinculadas por las autoridades a la denominada Operación Brazalete Blanco continúa hasta la fecha. El pasado 8 de marzo, un dirigente regional de Vente Venezuela fue detenido en el Estado de Barinas. Con él, son ya seis los miembros de este partido que han sido detenidos durante el periodo de esta actualización, cuatro de los cuales permanecen todavía en prisión».
Valiñas mencionó la Ley de Fiscalización de las ONG a la que definió como «un intento de restringir aún más la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país».
Recalcó que a pesar de las comunicaciones con el gobierno de Maduro no han podido entrar al país, pero destacó que continuarán trabajando para presentar un nuevo informe el próximo mes de septiembre.
Entre las investigaciones adelantó que averiguan el papel de la Guardia Nacional Bolivariana «en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales».