Tras años de denuncias, el gobierno nacional emprendió la Operación Autana 2023 contra la minería ilegal en Amazonas. Luego de siete meses de labores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el propio Nicolás Maduro reconoció la presencia de 10.000 mineros ilegales y llamó a «limpiar» la Amazonía de la minería ilegal y a prohibir la deforestación. ¿Qué opinan las organizaciones no gubernamentales?
1️⃣ Una operación positiva, pero falta más
Para Luis Betancourt Montenegro, director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam) en Venezuela, la Operación Autana 2023 que se desarrolla en el Parque Nacional Yapacana es un avance, pues contrarrestar ilícitos ambientales había sido una solicitud permanente del grupo al que representa, y de otras organizaciones aliadas, durante las última dos décadas.
«Consideramos positivos los resultados que la Fanb ha presentado en el marco de esta operación en el Yapacana, pero es necesario que no sólo se concentre en este parque nacional, sino en las demás zonas donde se está ejerciendo minería ilegal y afectación a la región más biodiversa de Venezuela y el mundo», dice a Efecto Cocuyo.
De acuerdo con Betancourt, hace 30 años la minería ilegal estaba concentrada en los municipios Alto Orinoco y Atabapo, pero la actividad se extendió a los siete municipios de Amazonas «debido al poco interés que el Estado venezolano, y gobiernos de todas las tendencias políticas, han demostrado por la región».
Según el general en jefe Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb, hasta el 17 de julio habían desalojado un total de 6.280 mineros ilegales del Yapacana en el marco de la Operación Autana 2023.
Luis Salas, director ejecutivo de Wataniba, grupo de trabajo socioambiental de la Amazonía, también considera como correcta la decisión de desalojar y desmantelar los campamentos ilegales, un accionar que asegura también es apoyado por las comunidades originarias de la zona.
Sin embargo, tanto para Salas como para Betancourt, operativos como este deben ir más allá del enfoque militar y deben brindar apoyo en paralelo a las comunidades indígenas, que han visto afectadas sus capacidades productivas, además de su salud, educación, derecho a la autonomía y al autogobierno.
«Creemos que en el marco del respeto al estado de derecho debe mantenerse la presencia de las autoridades en la zona, pero tomando en cuenta que no se trata solo de un tema a abordar desde el punto de vista militar punitivo. Debe brindarse apoyo a las comunidades de la zona en materia de salud, seguridad alimentaria», enfatizó Salas.
Desde Griam recomiendan que las operaciones también se lleven a cabo en otras zonas devastadas por el extractivismo de oro y otros minerales, especialmente en el sector «Delgado Chalbaud» del Alto Orinoco. Allí, según Betancourt, miles de garimpeiros controlan la zona con fines de minería ilegal.
2️⃣ ¿Por qué ahora sí se enfrenta la minería?
Si sumaban dos décadas de denuncias, ¿por qué las autoridades comenzaron a actuar a finales de 2022 contra los ilícitos ambientales en Amazonas y Bolívar?
Para el director de Griam, los movimientos tienen su origen en una serie de acuerdos firmados por el gobierno venezolano sobre cambio climático y protección Amazónica.
Estos acuerdos también incluyen la reactivacion de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), una instancia que apoya y monitorea las políticas de protección de los ocho países que conforman la Amazonía.
«Si analizamos la participación del presidente venezolano ante la COP27, llevada a cabo en noviembre 2022 en Egipto, notaremos que a partir de ese momento inició un nuevo discurso proteccionista de la Amazonía venezolana por parte del mandatario», destaco Luis Betancourt.
Según el especialista, también se espera que el gobierno venezolano esté presente y muestre resultados en materia de combate a la minería ilegal, deforestación y protección Amazónica el 8 y 9 de agosto de 2023 en la Cumbre Presidencial de Países Amazónicos en Belem do Pará, Brasil.
«Estos datos indican el porqué ahora el gobierno venezolano se está ocupando de estos temas, a pesar de tratarse de un problema de larga data», añadió.
3️⃣ Incorporar indígenas a la protección de su ambiente
De acuerdo con la Fanb, por los momentos, la Operación Autana 2023 continuará sin «fecha de caducidad»: tras la evacuación, los militares desmantelarán y destruirán los lugares de logística y alojamiento para después «iniciar la reforestación» junto al Ministerio del Ecosocialismo.
Los directores de Griam y Wataniba coinciden en que los planes que se realicen en Amazonas deben desarrollarse a partir de las realidades sociales y culturales de la región, incorporando a los propios pueblos indígenas.
«Los pueblos y comunidades indígenas de la región deben formar parte protagónica de cualquier política o proyecto de protección Amazónica. La única manera de hacer sostenibles los proyectos de protección Amazónica es incluyendo a sus pueblos indígenas, entre otras cosas, porque son los conocedores de sus territorios y, además, porque permanecerán por siempre en estos lugares, como lo hicieron sus ancestros», planteó Betancourt.
Según los expertos, si además logran consolidar políticas sociales en materia de salud, educación y alternativas de desarrollo económico, la actual situación de minería ilegal se reducirá.
«Si el Estado venezolano empieza a tener presencia, a través de políticas públicas en materia social, en las zonas de la región Amazónica donde históricamente ha estado ausente, en esa misma proporción disminuirá la minería ilegal y sus fenómenos conexos», expuso el director de Griam.
4️⃣ La afectación es amplia y diversa
No actuar a tiempo ha dejado una afectación amplia y diversa. Para Luis Salas, director ejecutivo de Wataniba, las consecuencias van desde la contaminación y la devastación ecológica hasta la violencia y explotación.
«El mercurio, como es sabido, es altamente contaminante, envenena las aguas y suelos y por ende a los animales y humanos. Mientras que por otra parte estos campamentos son controlados por mafias que ejercen violencia contra las comunidades indígenas que se les resisten. Todos los pueblos de la región se ven afectados: los yanomamis, wötjüjas, yekuanas«, resaltó.
De acuerdo con las investigaciones sociales y ambientales realizadas por Griam en la región, el principal impacto de la minería ilegal en Amazonas ha sido en materia de salud.
«Los campamentos mineros en Yapacana son áreas de alta concentración de personas provenientes de distintos lugares de Venezuela, Colombia y Brasil. Esta concentración descontrolada desde el punto de vista sanitario representa un foco de proliferación de enfermedades, cuyos principales afectados son los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona», añadió Luis Betancourt.
Además de estar expuestos al mercurio, lo que puede traducirse en enfermedades neurológicas y renales, los indígenas también son vulnerables a patógenos externos y a enfermedades como la malaria, que tiene su epicentro en los campamentos mineros de Bolívar y Amazonas.
«Toda la devastación ambiental, deforestación, remoción de suelos y lagunas generadas por esta actividad son los lugares donde se reproducen y crían los vectores que generan la malaria, originado altos índices de estos casos en las poblaciones indígenas de la zona, así como en el resto de la región y el país», expuso el director de Griam.
5️⃣ Mientras siga la crisis, sigue la minería
Pero la minería también ha tenido un impacto social: los indígenas de la Amazonía venezolana han padecido la invasión de sus territorios y la violencia por el control territorial, especialmente en torno al Parque Nacional Yapacana.
Luis Salas destacó que las minas, como consecuencias de la crisis nacional, atraen a personas que en su mayoría no son indígenas ni habitan normalmente en la zona. Sin embargo, manifestó que los pueblos originarios también son presionados por las mafias existentes en Amazonas para sumarse a la minería.
El representante de Wataniba igualmente señaló como consecuencia la fragmentación de las estructuras de gobernanza de los pueblos originarios, debido a «la existencia de opiniones contrapuestas» acerca de la actividad minera.
«Los coloca en la disyuntiva perversa de sumarse a la depredación de su propio ambiente o hacerle frente con todos los peligros que ello implica. La crisis económica que vive el país también alcanza a estas comunidades, por lo que algunos de sus miembros han visto en la minería una alternativa. La fuga de indígenas a las minas hace que menos personas se dediquen al cultivo de los conucos y al comercio de sus productos tradicionales», explicó Salas.
«Mientras persista la crisis nacional existirá el incentivo perverso de la mina como ‘resuelve'», agregó.