Plataforma Unitaria exige derogación total de la Ley del Odio y rechaza su reforma

La Plataforma Unitaria Democrática emitió este miércoles un comunicado en el que exige la derogación inmediata de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y rechaza cualquier intento de reformarla.

Bajo el título “La represión no se reforma: se deroga”, el documento sostiene que pretender modificar una norma “inconstitucional” que ha sido utilizada durante años para “perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes” constituye un despropósito.

Según la oposición unitaria, esta legislación ha formado parte del “marco represivo” empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales.

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“Venezuela no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución; necesita desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten”, afirma el texto.

La plataforma insiste en que la libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias.

El comunicado concluye: “No se reforma la represión: se desmonta. La derogación de esta ley debe ser un paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y las garantías democráticas de todos los venezolanos”.

La posición se produce un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la misma norma, con el objetivo de avanzar en la despenalización de algunas conductas y corregir “desviaciones” en su aplicación.

La Asamblea Nacional respondió creando una comisión especial para trabajar en el proyecto de reforma.L a Ley contra el Odio, aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, contempla penas de 10 a 20 años de prisión por fomentar, promover o incitar al odio, la discriminación o la violencia, y ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores por su uso para procesar a periodistas, activistas y críticos del poder.