El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se reunió el miércoles 5 de julio para escuchar las conclusiones que se desprenden del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, sobre la situación de Venezuela.
El texto que fue divulgado el martes fue objeto de debate en el seno de la Comisión. El primer país en participar, para ofrecer su respuesta, fue Venezuela.
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Mediante su vocero, el país caribeño respondió que el gobierno de Maduro considera que el informe tiene una redacción hostil y que tiene denuncias que no han sido contrastadas por la versión oficial.
El vocero venezolano solicitó que la Oficina de DDHH medie para que se levanten las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el país y que según el reporte del Alto Comisionado afecta el acceso de los venezolanos a la salud.
Durante la sesión, tomaron la palabra integrantes de la sociedad civil denunció, a través de un video, la situación de los millones de migrantes que deben salir del país a buscar un mejor porvenir, también denunciaron la situación de los profesores universitarios y cómo se incrementan las restricciones de las agrupaciones civiles y ONG.
Los voceros de las ONG destacaron el caso de los trabajadores de Sidor, Leonardo Azócar y Daniel Romero, y pidieron su libertad inmediata. La ONG Civicus pidió al Consejo que continúe su supervisión sobre Venezuela y preguntaron que podía hacer la oficina para garantizar el respeto a los derechos electorales.
Delegaciones de más 40 países preocupados por la situación en Venezuela
Por su parte, en una declaración conjunta Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos calificaron el informe de alarmante y expresó su preocupación por la reciente renuncia de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y advirtieron que es una amenaza a las garantías electorales.
La Unión Europea insistió en que el bloque sigue preocupado por la comisión de abusos, la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil por parte del gobierno. El grupo de países también pidió la liberación inmediata de los presos políticos y pidieron elecciones libres.
El gobierno de Francia expresó su solidaridad al pueblo de Venezuela y expresó su preocupación porque las autoridades siguen socavando el Estado de Derecho. La delegación gala destacó como una mala señal la inhabilitación de María Corina Machado.
En su declaración, Francia denunció que el gobierno de Nicolás Maduro frena la resolución de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela e instó a sus autoridades a volver a la mesa de diálogo.
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Finalmente el vocero de Francia expresó su “profunda preocupación” por la renovación del CNE y pidió que se respeten los derechos políticos de todos, porque de lo contrario las elecciones venideras serán iguales que las de 2018.
Estados Unidos solicitó la liberación de los presos políticos en Venezuela, entre ellos a sus ciudadanos que están detenidos en el país. La delegación norteamericana dijo que el país está preocupado por la impunidad en los abusos de derechos humanos.
Brasil dijo que comparte la preocupación del comisionado por los derechos humanos. Saludamos que el gobierno colabore con la oficina y con la CPI.
Aliados de Maduro piden no politizar los mecanismos de derechos humanos
Por su parte, países integrantes del Alba-TCP y Grupo de amigos de la carta de DDHH pidieron el levantamiento de las sanciones en Venezuela y denunciaron el doble rasero de la institución al reseñar el caso de Venezuela.
En su mayoría, los países aliados de Maduro insistieron en que el informe y la oficina intentan politizar los derechos humanos.
Los países del Alba afirmaron que “la aplicación selectiva de los derechos humanos para imponer políticas de cambio de régimen, piden imparcialidad y no politización sobre los ddhh. Pide respeto para la soberanía de Venezuela. Manifestamos nuestro respaldo a Nicolás Maduro que promueve el diálogo productivo”.