El viernes 1° de marzo la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional responderá a la solicitud del Estado venezolano para suspender la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se decida si la investigación continúa —como hasta ahora— o se suspende.
“Las víctimas lo que esperan es que esa investigación pueda continuar porque a la presente fecha se mantienen unos escandalosos niveles de impunidad. Nosotros manejamos 95% de impunidad en el caso de asesinatos en el marco de las manifestaciones pacíficas”, le dijo Martha Tineo, abogada y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón a Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, durante la nueva edición de Con la Luz, del martes 27 de febrero.
Para la abogada la sala de apelaciones no tiene razones para decidir que se suspenda la investigación que cursa la CPI contra el gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
La llamada ley antisociedad no solo atenta contra las ONG
La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón indicó que la llamada Ley antisociedad, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, es una amenaza para toda la sociedad civil sino que, además podría impedir el ingreso efectivo de los fondos destinados para atender la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
Tineo explicó que la legislación no solo está dirigida a controlar las ONG, sino que puede, incluso, limitar la forma en la que se conforma una asociación de vecinos o un grupo de defensa de animales.
Te explicamos: ONG califican como «ley antisociedad» propuesta legal de la AN de 2020
La abogada destacó que además hay una segunda legislación, presentada en 2001 bajo el nombre de Ley sobre Cooperación Internacional, que también podría obstaculizar la entrada de fondos.
“Sancionadas una u otra afectaría a todo el espacio asociativo en Venezuela porque abarca a todas las organizaciones sin fines de lucro y pudiera obstaculizar la recepción de fondos para paliar la emergencia humanitaria, cerraría el espacio cívico y violarían el derecho a la asociación, a la libertad de expresión y revictimiza a los beneficiarios de estas ayudas”, explicó.
La criminalización de los defensores de derechos humanos
Tineo también denunció que desde el Estado venezolano se pretende criminalizar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a sus integrantes solo por acompañar las denuncias que realizan las víctimas de violaciones de derechos humanos y como han sido marcados como enemigos internos.
“Imagínate que la lucha de las madres y familiares de las personas asesinadas por razones políticas puedan ser criminalizadas por exigir justicia”, sentenció.
Para la también criminóloga esta normativa busca que se registren organizaciones que “nazcan” bajo el control hegemónico del Estado, que decidirá cómo funcionarán o si funcionarán.
Tineo concluyó con una reflexión: “Nosotros no somos enemigos del Estado y lo que quisiéramos es que nuestro trabajo y nuestros aportes fueran tomados por el Estado para hacer los ajustes que se deben hacer para que finalmente superemos esta crisis de derechos humanos que hemos tenido en la última década en Venezuela”.
Escucha la entrevista completa aquí 👇
