Maestros venezolanos de distintos estados rechazan la implementación de un sistema de código QR para monitorear las escuelas, anunciado recientemente por la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y denuncian que cuerpos de seguridad estatales están presentes en centros educativos como medida de amedrentamiento a los docentes.
Profesionales de la educación ya se han manifestado en Táchira y Zulia, al occidente, contra las declaraciones de Santaella. El 3 de octubre se movilizaron en San Cristóbal y el 5 de octubre protestaron en la avenida 5 de Julio, frente a la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo.
En el estado Trujillo, en Los Andes venezolanos, el presidente de Sindicato de Maestros (Sinvema), Nelson Romero, señaló que las palabras de Santaella constituyen una «falta de respeto» al sector educativo.
«Hay instituciones que no tienen siquiera los servicios públicos, en las que los alumnos están sentados en bancas que traen de sus casas y viene la ministra a faltarle el respeto al magisterio y la comunidad diciendo que va a invertir en una tecnología de código QR para la vigilancia de los maestros, en vez de estarse ocupando de ser diligente y competente para firmar la convención colectiva», dijo a Efecto Cocuyo.
En Portuguesa, Trujillo, Táchira, Distrito Capital, Lara, Bolívar y Anzoátegui no se había registrado oficialmente el código QR en las instituciones para el 5 de octubre, no obstante, el Colegio de Profesores de Venezuela y los sindicatos reportan presencia de militares en los centros educativos de esos estados.
«Es un abuso de poder, es la intimidación del personal docente, es meterles miedo. Es decirles: «Si no te incorporas, te vamos a meter preso», no es más que la demostración de una dictadura», dijo Alí Acosta, presidente de Sinvema en Portuguesa, una entidad donde 50 % de las escuelas no funcionaron entre enero y julio de este año.
Efectivos armados en planteles
Raquel Figueroa, especialista en Políticas Educativas y dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, indicó que el QR solo es la continuación de un patrón de acoso y persecución que ya se registraba en las instituciones venezolanas. Es equivalente, añadió, a los informes de asistencia y rendimiento que los directores de los planteles envían a los distritos.
«Lo novedoso que trae consigo este nuevo período es la militarización del año escolar. Eso sí es público y notorio», expresó a Efecto Cocuyo. «Lo que se busca es crear una matriz de posición, de miedo, de represión. Eso es una conducta represiva: tener a los guardias con armas dentro de los planteles, recibiendo estudiantes y docentes», acotó.
En dos municipios de Anzoátegui —Peñalver y Aragua de Barcelona— los policías toman la asistencia de los estudiantes, denunció la presidenta de Sinvema de ese estado, profesora Maira Marin. En el preescolar Aura Méndez de Medina se presentan tres veces al día, reportaron maestras la primera semana de octubre.
«Está confirmada la presencia de guardias nacionales y policías. Rechazamos esa injerencia de los cuerpos de seguridad en las escuelas, esto es anticonstitucional. Los cuerpos de seguridad intervienen cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia. La emergencia aquí es el hambre, es la miseria que viven las instituciones escolares», dijo Marin, vía telefónica.
El profesor Romero denunció que en Trujillo los efectivos de seguridad ingresaron en los centros de educación desde el primer día de clases, el pasado 2 de octubre.
«El día lunes en todas las instituciones educativas se presentaron tanto la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la policía estadal y la Guardia Nacional (GNB). Tienen efectivos para ir a amedrentar a los docentes, pero no para combatir el hampa. Fue impresionante la cantidad de militares dentro de las instituciones», contó el docente.
La Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) denunció la situación el 5 de octubre. Sobre ello, el presidente de Sinvema Portuguesa expresó que no hay razones para que los militares estén en los pasillos o el patio de las instituciones públicas del país, ya que el inicio de año escolar no le compete al Ministerio de la Defensa.
«Preocúpese por el problema del Esequibo, por la militar que mataron en el cuartel y que dicen que fue un suicidio, de eso tiene que preocuparse. Porque la educación no le debe nada a Padrino López, nosotros somos los educadores», dijo Alí Acosta.
No cederán al hostigamiento
A pesar de la presencia policial y la presión de los directivos para que los docentes asistan a las escuelas, los sindicatos dejaron en claro que no cederán a ninguna medida de hostigamiento y solicitaron nuevamente reuniones con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
«A pesar de lo que dijo, de las infelices declaraciones de la ministra, los maestros en el Zulia no tenemos miedo y vamos a continuar nuestra lucha por nuestras reivindicaciones, pero también porque se arreglen las infraestructuras donde nuestros muchachos van a aprender», dijo la presidente de Sinvema Zulia, Marlene Hernández, a Efecto Cocuyo.
Añadió que no se agotarán hasta que el Estado responda a sus reclamos salariales. Actualmente un educador en el país gana menos de 30 dólares mensuales mientras la canasta básica supera los 500 dólares según cálculos de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).
Hernández recordó que, en el caso del gremio zuliano, se solicita también la reanudación del contrato colectivo regional que se introdujo en 2022.
«El que haya una convención nacional no quiere decir que lo regional desaparezca, mucho menos cuando la situación en la región está bastante caldeada porque al jubilado no se le ha homologado su salario con el activo, porque el activo del estado cobra por debajo del activo de la nación», señaló.
Hasta la fecha en Zulia no se ha implementado el código QR en los planteles ni el Sinvema de la entidad tiene conocimiento de denuncias sobre la presencia de efectivos policiales en las instalaciones escolares.
Escuelas que se están cayendo
La FVM advirtió el 3 de octubre que el primer día de clases se registró 80 % de inasistencia de estudiantes en las aula y que las escuelas no estaban en condiciones para recibir jóvenes. Referente a este último punto la profesora Hernández comentó que la mayoría de las escuelas públicas en Maracaibo tienen un solo baño para atender 300 niños.
«Es el mismo baño que también tienen que usar los profesores. Esos son algunos privilegiados, porque en otros los baños no existen. Y estoy hablando de la ciudad», dijo.
Un panorama similar hay en Anzoátegui, al oriente venezolano, donde solo 12 % de 1.364 planteles fue recuperado por el gobierno de acuerdo con la dirigente Maira Marin.
«Uno está peor que el otro. Solamente en la zona norte del estado conocemos tres a los que se les ha cambiado el techo, hacia la zona sur llueve más adentro que afuera. La mayoría de los planteles sufren filtraciones y ni siquiera tienen luz», explicó.
Para Marin, la medida planteada por Santaella es una decisión «destemplada» y demuestra lo poco dispuesta que está por resolver la emergencia educativa en medio de una crisis humanitaria compleja. Un contexto en el que los servicios públicos fallan continuamente y el Internet es un lujo para la mayoría de los centros públicos.
«Un docente que está muriendo de hambre, que muere de necesidades, que no tiene seguridad social, que las condiciones de su ambiente de trabajo son como te las he descrito, entonces: ¿va a salir con eso? Cuando tenemos cientos de documentos en su despacho», culminó la profesora.