Huida. Andrea Núñez, abogada del Programa de Acción Humanitaria de la ONG Acción Solidaria, destacó que desde hace un año se incrementó la cantidad de venezolanos “huyendo” del país. “Ese es el término que utilizan quienes nos buscan. No es una decisión voluntaria, quienes migran sienten que están forzados a irse”, expresó.
Durante el foro Migración Forzada, Crisis Sin Fronteras organizado por la ONG Projuris, Núñez indicó que nueve de cada 10 personas a las que les ofrecen asistencia legal en Acción Solidaria, migran porque afirman que en Venezuela no tienen garantía del derecho a la salud.
“Ponen en la balanza: me voy o me muero”, expresó la abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Puso como ejemplo a los venezolanos que viven con VIH Sida que no consiguen retrovirales desde hace varios meses.
La especialista recordó que migrar está contemplado como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además establece que todos los ciudadanos también tienen derecho de regresar a su país de origen.
No obstante, la abogada recordó que «la prerrogativa soberana de aceptar, o no, a los migrantes recae en los distintos estados». Consideró que la mayoría de los que se van del país, sean migrantes documentados o irregulares, son objeto de las mismas distinciones o pueden llegar a pasar por las mismas necesidades.
Por esta razón, aplaudió la decisión de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de solicitar protección a los venezolanos en los países susceptibles de recibir a sus migrantes, así como aquellos que ya los acogen.
La «nota de orientación» pide garantizarles legalidad, acceso a los derechos básicos y no obligar el retorno al país de origen.
La especialista calificó que el proceso migratorio venezolano como «masivo y global«. Señaló que, sin embargo, el proceso no es «organizado ni estructurado».
Núñez dijo que hace tres años, las razones para migrar respondían a buscar nuevas oportunidades laborales, educativas, para mejorar su calidad de vida y para huir de la inseguridad en el país.
Sin embargo, desde hace dos años, los motivos para dejar la patria incluyen que no hay capacidad monetaria, así como la escasez de alimentos y medicinas.
En el foro, también participaron Claudia Vargas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, quién habló sobre el impacto de proceso migratorio y sus implicaciones, y Lucía Ramírez, investigadora de la organización colombiana DeJusticia.
Ramírez precisó que para diciembre de 2017 había 550. 399 venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. También dijo que en su primer mes de funcionamiento el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia registró a 203.989 personas lo que corresponde a 106.000 familias venezolanas.
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Huida. Andrea Núñez, abogada del Programa de Acción Humanitaria de la ONG Acción Solidaria, destacó que desde hace un año se incrementó la cantidad de venezolanos “huyendo” del país. “Ese es el término que utilizan quienes nos buscan. No es una decisión voluntaria, quienes migran sienten que están forzados a irse”, expresó.
Durante el foro Migración Forzada, Crisis Sin Fronteras organizado por la ONG Projuris, Núñez indicó que nueve de cada 10 personas a las que les ofrecen asistencia legal en Acción Solidaria, migran porque afirman que en Venezuela no tienen garantía del derecho a la salud.
“Ponen en la balanza: me voy o me muero”, expresó la abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Puso como ejemplo a los venezolanos que viven con VIH Sida que no consiguen retrovirales desde hace varios meses.
La especialista recordó que migrar está contemplado como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además establece que todos los ciudadanos también tienen derecho de regresar a su país de origen.
No obstante, la abogada recordó que «la prerrogativa soberana de aceptar, o no, a los migrantes recae en los distintos estados». Consideró que la mayoría de los que se van del país, sean migrantes documentados o irregulares, son objeto de las mismas distinciones o pueden llegar a pasar por las mismas necesidades.
Por esta razón, aplaudió la decisión de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de solicitar protección a los venezolanos en los países susceptibles de recibir a sus migrantes, así como aquellos que ya los acogen.
La «nota de orientación» pide garantizarles legalidad, acceso a los derechos básicos y no obligar el retorno al país de origen.
La especialista calificó que el proceso migratorio venezolano como «masivo y global«. Señaló que, sin embargo, el proceso no es «organizado ni estructurado».
Núñez dijo que hace tres años, las razones para migrar respondían a buscar nuevas oportunidades laborales, educativas, para mejorar su calidad de vida y para huir de la inseguridad en el país.
Sin embargo, desde hace dos años, los motivos para dejar la patria incluyen que no hay capacidad monetaria, así como la escasez de alimentos y medicinas.
En el foro, también participaron Claudia Vargas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, quién habló sobre el impacto de proceso migratorio y sus implicaciones, y Lucía Ramírez, investigadora de la organización colombiana DeJusticia.
Ramírez precisó que para diciembre de 2017 había 550. 399 venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. También dijo que en su primer mes de funcionamiento el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia registró a 203.989 personas lo que corresponde a 106.000 familias venezolanas.
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